14 de marzo de 2018 00:00

Siete indagados, por contratos del Ministerio del Interior

Claudia Romero inició las investigaciones de este caso. Ella denunció intimidaciones. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Claudia Romero inició las investigaciones de este caso. Ella denunció intimidaciones. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Fernando Medina

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La Fiscalía agotó los 120 días que tenía para investigar los presuntos actos de corrupción que se registraron en el Ministerio del Interior, en el 2014.

Ahora, el fiscal Galeano Balcázar deberá presentar, en una audiencia preparatoria de juicio, las evidencias recopiladas en estos cuatro meses de diligencias. Actualmente hay siete personas procesadas por posible asociación ilícita bajo la modalidad de concusión.

En la lista de indagados están tres exfuncionarios del Ministerio del Interior, una extranjera, un contratista, un exfuncionario de la Asamblea y un civil.

Según la Fiscalía, ellos habrían participado en una red que pedía dinero a empresas a cambio de adjudicarles contratos con la Secretaría de Estado.

Los investigadores identificaron posibles irregularidades en la adquisición de vehículos y de 150 caballos para la Policía, en el cambio de kilometraje de otros autos y en la compra de chalecos y municiones.

Esos contratos ya fueron analizados por la Contraloría. El informe será presentado en la audiencia preparatoria de juicio, fijada para el 18 de abril del 2018.

Otra de las pruebas que se exhibirán ese día son los resultados de las pericias que se practicaron a los teléfonos de los procesados. Los investigadores analizaron llamadas y mensajes en los que se habla de presuntos pagos irregulares.

Este expediente se activó el 2 de noviembre del 2017. En ese entonces, las indagaciones apuntaban a cuatro procesados; la fiscal Claudia Romero estaba a cargo del proceso.

Ese día, la investigadora solicitó la prisión preventiva para los sospechosos, pero una jueza negó el pedido y solamente ordenó que los cuatro indagados se presenten cada semana.

Lo mismo ocurrió con los otros tres procesados que fueron vinculados en febrero del 2018.

Actualmente, cuatro personas siguen presentándose periódicamente ante las autoridades; un quinto indagado ya no lo hace por disposición judicial; y para otros dos hay órdenes de captura porque incumplieron las medidas alternativas.

Según el expediente judicial, los dos procesados que salieron del país son el exdirector administrativo del Ministerio del Interior y su esposa.

El 12 de marzo, Pedro Crespo, uno de los abogados de la pareja, aseguró a este Diario que desconoce las razones por las cuales dejaron de presentarse y tampoco sabe el paradero de ambos. Sin embargo, aclaró que él sí asistirá a la audiencia preparatoria de juicio, en abril.

Durante las investigaciones, la fiscal Romero reveló que en los registros de las llamadas del exfuncionario y de su esposa se identificaron conversaciones con la excoordinadora administrativa de ­esa Secretaría de Estado. Ella no está procesada por este caso, pero ha sido citada en el expediente.

De hecho, la Fiscalía solicitó la detención de la exfuncionaria y de su esposo, con fines de investigación. Ese pedido no se cumplió porque la pareja ya había abandonado el país.

Su abogado, Diego Chimbo, indicó que a ellos “nunca se los procesó o vinculó en la indagación” y, por tanto, no se los puede considerar prófugos.

Pero el 2 de marzo, la Fiscalía, a través de un documento judicial, alertó que la excoordinadora administrativa pudo incurrir en un delito de tráfico de influencias. Y solicitó que se investigue formalmente a la exfuncionaria.

Chimbo ha señalado que eso no significa que su cliente sea responsable de algún delito, sino que la Fiscalía está rastreando todos los hechos alrededor de los contratos aparentemente irregulares. Esta nueva indagación no es la única que se desprende del proceso por asociación ilícita. Existe otra causa por una presunta intimidación a la fiscal Romero.

La agente denunció que supuestamente sufrió amenazas tras activar el expediente judicial en noviembre pasado.

En la audiencia de formulación de cargos, Romero relató a la jueza que fue intimidada para desechar del caso a la excoordinadora del Ministerio del Interior. “Dejo constancia que esta autoridad ha sufrido dos atentados (para) dejar afuera a la exfuncionaria, a su esposo y a un exdirector financiero de esa Secretaría de Estado”.

Luego de denunciar las presuntas intimidaciones, Romero abandonó el caso el 16 de noviembre del 2017 y en diciembre fue enviada a la Unidad de Patrimonio Ciudadano de la Fiscalía. Con la salida de la fiscal, el proceso pasó a manos de Galeano Balcázar, quien terminó con la instrucción fiscal y ahora presentará su teoría sobre los hechos indagados.

El investigador también exhibirá informes del SRI y las pericias bancarias que se han realizado a los sospechosos. Este expediente se activó con base en una denuncia de un contratista.

En contexto

El 1 de noviembre del 2017, la Fiscalía recibió una denuncia de un contratista del Ministerio del Interior. El empresario indicó que funcionarios le exigían pagos por adjudicaciones. Tres días después, la Contraloría anunció que auditaría las negociaciones.

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