La propuesta de Ley de Comunicación tiene que reformarse. De ello no debe haber ninguna duda, porque hay inconsistencias y hasta horrores que ponen los pelos de punta. Una inconsistencia, por ejemplo, es el tema de las frecuencias de radio y televisión. No establece cómo evitará el monopolio y oligopolio de las frecuencias, partiendo del concepto de que se trata de un bien limitado que debe administrar el Estado. No legislar con claridad sobre este asunto tira al tacho de basura todo el cuestionamiento que se ha realizado al negociado de frecuencias, utilizadas para enriquecimiento y acceso del poder político. Otra inconsistencia es colocar en el mismo nivel la rectificación y la réplica.
Los medios de comunicación no solo que tienen la obligación constitucional y legal de rectificar, sino también de tipo moral por una relación de transparencia y rendición de cuentas con sus audiencias y lectores. Pero de ahí, pretender que la réplica esté al mismo nivel, es una locura: la gran mayoría, por no decir todos los espacios destinados a la información, van a estar repletos de réplicas, de respuestas de personas que no están de acuerdo con los enfoques y con la información misma, pero ese no estar de acuerdo no significa, necesariamente, que la información haya violentado algún derecho, como sí lo contempla la rectificación.
Cuando se ejerce el periodismo uno sabe que debe contrastar las fuentes, que ese es el momento en que las partes exponen sus puntos de vista, replican al periodista o a otra fuente.
En materia de horrores, hay una perla de la que poco se ha dicho: el artículo 45, sobre los espacios para la información pública, establece, en el literal a, la obligación de todos los medios “de transmitir, al menos una vez al mes, un máximo de 20 minutos, en cadena nacional, mensajes informativos de las principales autoridades de las funciones del Estado”. ¡Ave María! Dios nos libre de este horror. Además de los informes de gobierno de los lunes y de las cadenas antiperiodistas, tendremos en la televisión y radio 20 minutos al mes de las autoridades de cada función del Estado. Se me ocurre pensar que esta es una campaña para apagar la televisión y dedicarse a otros menesteres, de pronto más educativos, como la lectura, por ejemplo, o más placenteros, como los que cada uno bien pueda darse.
Sobre el Consejo de Comunicación hay que poner atención en el artículo 102 para la suspensión de un medio: “realización e incentivo de actos atentatorios contra el orden constitucional y la seguridad interna y externa del Estado, previo informe del Consejo de Seguridad Pública”. ¿Quién conforma ese Consejo? Militares y policías o ¿no? De acuerdo a la organización del Estado, la seguridad pública es una responsabilidad de los grupos legalmente armados. Me parece un retroceso histórico. Huele a rancio. A trapos sucios. A sangre.
Tomado de Diario El Telégrafo