17 de June de 2015 20:48

La inclusión laboral del pueblo afro se verifica a través de una veeduría

Los miembros de la veeduría realizan entrevistas a quienes consideran en su sondeo. Foto: Juan Carlos Pérez / EL COMERCIO.

Los miembros de la veeduría realizan entrevistas a quienes consideran en su sondeo. Foto: Juan Carlos Pérez / EL COMERCIO.

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Bolívar Velasco
Contenido Intercultural

La inserción laboral de afrodescendientes en las instituciones públicas se verifica a través de una veeduría en Santo Domingo de los Tsáchilas.

El 8 de mayo pasado, siete veedores fueron acreditados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para levantar un diagnóstico en 60 instituciones públicas de la provincia tsáchila.

Este trabajo se tiene previsto realizar en cuatro meses y el objetivo es determinar cuántos afrodescendientes cuentan con un empleo en el Estado, qué tipo de contrato tienen y qué cargos ocupan.

Estas preguntas constan en un formulario que los veedores empezaron a entregar el 17 de junio del 2015 a las instituciones públicas y cuya respuesta deben emitirla en un plazo de ocho días.

Según el Cpccs, esta veeduría es la primera que se crea con estos fines en el país. Un trabajo que está amparado en
el Decreto Ejecutivo 60, vigente desde el 2009.

En el artículo 3 de este documento consta la necesidad de adoptar “una política laboral de acciones afirmativas para sectores sociales históricamente discriminados, con el fin de generar oportunidades de trabajo sin discriminación racial a todos los ciudadanos”.

Se agrega además que “en todas las instancias del Estado se procurará el acceso laboral de afroecuatorianos e indígenas y montuvios en un porcentaje no menor a la proporción
de su población”.

Pero este proceso avanza de a poco, pues no se ha cumplido en su totalidad con la inserción laboral del 7,2% de los afros en las entidades estatales, como lo dispone el decreto.

En el país, la población afrodescendiente es de 1 042 812 personas. Según datos de la Defensoría del Pueblo, el 9,03% de ellos, se dedican a actividades domésticas y artesanales; el 7,83% a servicios y ventas; el 6,69% está vinculado a las Fuerzas Armadas y el 2,70% cumple funciones en direcciones y gerencias. También se indica que el 3,59% (37 436 personas) trabajan para el Estado.

De acuerdo con Calletano Tenorio, líder de la veeduría, el pueblo afro lidera iniciativas de emprendimiento que ya están en marcha y que les permite generar recursos. Pero considera que es necesario que las entidades cumplan con lo que dispone la normativa.

Por ejemplo, según Tenorio, en el Municipio de Santo Domingo hay 2 800 empleados, de los cuales dos son secretarias afrodescendientes. Otras cinco personas están vinculadas a la guardianía y al cuidado de jardines. Agrega además que en la Dirección del Ministerio de Cultura, trabaja una persona (afrodescendiente), en la Prefectura siete y en el Banco Nacional del Fomento, dos. Datos preliminares que se obtuvieron en el primer sondeoque los veedores realizaron en mayo.

Para la Asociación de Afrodescendientes Mayoritarios del Ecuador (AMAE) en Santo Domingo de los Tsáchilas, hay una tarea pendiente de inserción del pueblo afro. Nodescartan que las limitantes se deban a una percepción de exclusión.

El último hecho de desaprobación a la inclusión laboral de un afrodescendiente sucedió en una institución pública, donde una joven afro se postuló para ocupar una vacante en una secretaría. La misma funcionaria que tuvo la intención de enrolarla no dio paso a su carpeta, porque luego del análisis, se concluyó que su perfil no se ‘ajustaba’ para ese cargo.

Ella cursa el octavo ciclo de jurisprudencia y en el requerimiento se pedía que mínimo debía tener un cuarto nivel de estudio universitario.

Este episodio fue registrado por AMAE y es uno de los antecedentes que los motivó a solicitar la veeduría. Pero desde la Gobernación se señala que en materia laboral del Estado hay un principio de meritocracia por el que todo ciudadano debe pasar para aspirar a una vacante.

En ese marco, se convoca a concurso de mérito y oposición y se analizan perfiles profesionales, explica la gobernadora, Doris Merino.

En la provincia hay 47 000 afrodescendientes quienes a través del trabajo conjunto han logrado avances para que se tome en cuenta su participación.Por ejemplo, el año pasado,por primera vez los afros participaron en la agenda defestejos por la cantonización.Ellos protagonizan un festival gastronómico.

En contexto

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social notificó a 60 instituciones públicas de Santo Domingo de los Tsáchilas para que presten las facilidades y la información que requieran los veedores sobre la inclusión laboral de afros. Ayer empezó la fase de solicitud.

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