29 de September de 2014 23:14

La impunidad profundiza el drama de las familias de víctimas del 30-S

Amanda Ortiz es madre del soldado Darwin Panchi. Foto: EL COMERCIO

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Red. Seguridad y Corresponsales (i)

Aún no se logra determinar quién mató a dos policías y dos militares durante la insubordinación policial de hace 4 años. Los casos están en indagación previa. 

Eran dos policías y dos militares. Murieron el 30 de septiembre del 2010, cuando los agentes se insubordinaron desde el Regimiento Quito número 1. Cuatro años después, los investigadores no saben aún quiénes mataron a Froilán Jiménez, Darwin Panchi, Jacinto Cortez y Edwin Calderón.

Esos procesos no han logrado pasar la indagación previa, una de las primeras fases dentro de la investigación judicial. ¿Por qué? El fiscal general, Galo Chiriboga, indicó que “no ha sido fácil investigar este tipo de temas”. Y lanzó una frase: “La situación de hechos como los ocurridos el 30-S es preferible que vayan lentos pero seguros”.

Ese día también murió Juan Pablo Bolaños, un joven universitario que había salido a protestar y falleció a causa de una hemorragia aguda interna provocada por dos proyectiles que dañaron la tráquea. Lo encontraron en la avenida Mariana de Jesús, norte de Quito, lo llevaron a un centro asistencial pero perdió la vida.

El 12 de junio los tribunales condenaron a seis años de cárcel a un teniente de la Policía investigado por esta última muerte, pero la Fiscalía sostiene que en el momento el sospechoso está prófugo. Eso ocurre pese a que el oficial fue detenido en marzo del 2012.

Por esta insubordinación policial, hasta el 19 de este mes fueron procesadas 109 personas, quienes recibieron sentencias condenatorias. Y para las indagaciones incluso se pidió asistencias penales internacionales de Colombia y Perú. Otras 54 causas están activas.

La hermana de Froilán Jiménez espera sanciones 

Carlota Jiménez está indignada. Se pregunta ¿por qué hasta ahora no han arrestado a quien mató a mi hermano Froilán? Ella es primera de nueve hermanos. Una lágrima recorre su mejilla al recordar el 30-S, cuando su hermano falleció al proteger el auto en el que iba el presidente Rafael Correa desde el Hospital de la Policía.
Froilán era policía élite del GIR. “Saben de dónde salió la bala que mató a mi hermano, no entiendo por qué no se lo ha detenido y sentenciado”, dice.

Sus preguntas se acentúan al recordar los ofrecimientos que se hicieran de que “no quedará impune esto”. El resto de familiares prefiere no hablar, pues no quieren herir a sus padres.
La mujer cuenta que el hijo del policía fallecido “necesita ayuda psicológica para superar la pérdida de su papá”.

Actualmente el menor tiene 6 años y está a cargo de su madre, Mabel Ubidia. Antes de la muerte, Jiménez apoyaba económicamente a sus padres que se dedican al campo en San Antonio de las Aradas, una parroquia rural de Loja.

El sábado hubo una misa por él. En su tumba no se ha levantado la capilla ardiente. Tampoco se mejoró la vía de acceso al cementerio. Esas fueron las promesas de esos días. Su hermana dice que “solamente fueron ofrecimientos políticos”.

La madre de Darwin Panchi recibe una pensión

Camina despacio. Se apoya con un improvisado bastón de madera. Su voz se quiebra cuando escucha el nombre de su hijo que murió a los 21 años.

Es Amada Ortiz, madre del militar Darwin Panchi. El joven falleció dos días después de los incidentes registrados el 30-S.
Cuenta que Darwin recibió un balazo en la cabeza. Eso le mantuvo dos días en terapia intensiva. “Me duele porque han pasado cuatro años y aún no se sabe quién lo mató. Era mi único hijo. Los abogados de las FF.AA. llegaron hace un año a mi casa y dijeron que el caso está en investigación. Desde entonces no tengo noticias del proceso, porque me enfermé”.

Siente dolor, impotencia e ira al no conocer qué pasó la noche del 30-S. Por eso espera que el fiscal Galo Chiriboga agilite los trámites para determinar a los posibles culpables.

Recuerda que el 30-S estaba en el Tena, de donde es oriunda. No le tomó mayor atención de lo que ocurría en Quito. Cuando retornaba a Ambato, en la noche, recibió una llamada. Un militar le dijo que Darwin estaba herido. Pero otras llamadas alertaron otra cosa.

Ahora recibe USD 340 por el montepío de su hijo. En Quito (barrio Quitumbe) recibió una casa. Darwin entró en la lista de héroes y espera que una pensión vitalicia la ayude.

3 años de viajes por la muerte de Edwin Calderón

“Esta vez no le haré la misa de honras fúnebres a mi hijo. No tengo plata”. Con los ojos llorosos y las manos temblorosas, Lidia Landeta, madre del policía Edwin Calderón, una víctima del 30 de septiembre recuerda lo que ha vivido.

Durante tres años se movilizó desde Ibarra, en donde vive, hacia Quito para ver cómo avanzaba el proceso judicial en la Fiscalía. Mientras seca sus lágrimas comenta que un funcionario de esa dependencia siempre le decía que no me preocupe, que todo iba bien. Pero, luego se enteró que la causa “habría sido archivada”.

“El caso de mi hijo está totalmente olvidado, como si hubiera muerto un perro”. En los últimos cuatro años, la vida de Landeta gira entre su vivienda y el cementerio San Miguel de Ibarra. De vez en cuando viaja a Napo. Allí vive el único hijo de Calderón, junto a su nuera.

Lidia Landeta se aferra a una foto en la que su vástago, que tenía el grado de cabo segundo, luce el uniforme de camuflaje plomo. “Me ofrecieron ascenderle a cabo primero”.

Asegura que dos policías abaleados no pudieron ser testigos. Se recuperaron de las heridas y luego fueron trasladados a otros sitios. Ella recibió un bono del Miduvi. Con ello construyó un cuarto. La viuda también recibió esa ayuda.

Un monumento para el soldado Jacinto Cortez

Al pie del busto del militar Jacinto Cortez, su madre Mariana Jhayya evoca su imagen. Relata que no ha sido fácil vivir cuatro años sin la presencia de uno de sus tres hijos. Sandra de 31 años y Jennifer de 20 son su única compañía desde que él falleció el día de la insubordinación policial en Quito.

El busto con la imagen del uniformado, que se levantó en su memoria en la Cooperativa de Vivienda Santa Martha en Santo Domingo, no es un consuelo para la madre. Ella afirma que aún tiene las esperanzas de que las investigaciones sigan hasta dar con los responsables de la muerte del militar que entonces tenía 25 años.

Mientras llora señala que el caso está en la impunidad porque desconoce quienes dispararon contra su hijo. “La muerte de alguien a todo el mundo se le olvida pero a una madre jamás”. Dice que ha vivido en condiciones no adecuadas.
Eso se lo ha intentado transmitir a las autoridades, pero asegura que no ha podido.

Les construyeron una vivienda pero los demás ofrecimientos quedaron en el camino.

Jhayya trabaja en una institución pública pero su contrato termina a fines de año y desconoce si continuará en funciones. Los dos hijos de Cortez no viven con la abuela pero le gustaría que le den más atención.

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