2 de febrero de 2018 00:00

1 600 impugnaciones de taxistas informales en Quito

En la av. Diego Vásquez de Cepeda, en Carcelén, taxis informales hacen carreras hacia el Comité del Pueblo. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

En la av. Diego Vásquez de Cepeda, en Carcelén, taxis informales hacen carreras hacia el Comité del Pueblo. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome

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7 338 taxis informales no reunieron los requisitos para continuar en el proceso de regularización que se realiza en la capital, lo que significa que no podrán obtener un permiso para trabajar bajo esa modalidad.

De los 17 608 taxistas irregulares que participaron en el proceso, 10 270 pasaron a la segunda fase. Los restantes recibieron un informe negativo.

Las quejas y reclamos por parte de quienes quedaron fuera se produjeron de inmediato. Unas 1 600 personas impugnaron el informe negativo para conseguir una segunda revisión. La autoridad tiene hasta finales de febrero para dar una respuesta.

Se han revisado 300 apelaciones. Y en todas, el segundo informe es negativo. Así explicó Mariela Veloz, directora del Registro y administración vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Cada una de las carpetas debía reunir ocho requisitos, uno de ellos fue presentar un documento histórico que pruebe que lleva ejerciendo el taxismo desde antes del 2014. Pero la mayoría de participantes que fueron rechazados no cumplieron con esa exigencia.

El martes, 30 de enero, un grupo de informales se tomó la Panamericana Norte, a la altura de Calderón, para mostrar su descontento frente al proceso. Andrés Recuenco, dirigente de la asociación Parroquia de Calderón, a la que pertenecen
2 500 informales, dijo que hubo irregularidades, y que en su parroquia aplicaron 2 380 y 28 pasaron a la segunda fase.

En su caso le informaron que fue rechazado por no tener el certificado de histórico, pero asegura que presentó una certificación de la Superintendencia de Compañías y que tiene dos detenciones por practicar taxismo informal, aunque estos no tienen validez dentro del proceso.

Veloz indica que los taxistas tenían seis opciones para presentar esa certificación, pero que hubo personas que presentaron documentos que no estaban contemplados en la normativa, como oficios del presidente de un barrio que aseguraba que el taxi servía en la zona por más de 10 años.

Otra de las quejas de los informales fue que algunos recibieron un mensaje por celular advirtiendo que quedaban fuera, pero no recibieron el informe al e-mail. Según Veloz, el informe explicativo fue enviado al correo con el que se registró la persona. Sin embargo, en algunos casos, esos correos estuvieron mal ingresados.

Veloz explica que en las impugnaciones hay casos, por ejemplo, de gente que no presentó la licencia, pero que ahora ya la tiene y quiere adjuntarla, pero no es posible.

Uno de los puntos calientes en el proceso tiene que ver con las denominadas taxirrutas.

En la av. Mariscal Sucre, en el ingreso a la urbanización El Condado, hay una parada de informales que hacen recorridos hacia La Planada y Velasco. Un bus que cubre esa ruta cobra USD 0,25 y tarda en llegar hasta la última parada 25 minutos. Los informales cobran USD 0,50 y demoran 10.

A las 18:30 del martes 40 personas esperaban una unidad.
Maricruz Lomas es usuaria de ese servicio y asegura que gracias a la taxirruta gana 40 minutos al día. Cuenta que los buses no abastecen, que se demoran en pasar y que van demasiado llenos. En el taxi va sentada, cómoda y llega antes.

Allí trabajan 78 autos particulares, de los cuales 50 son fijos. Se llaman Planada Express y trabajan todos los días, desde las 04:00 hasta las 24:00.

María, una de las conductoras, contó que gana poco y el carro se estropea al subir hasta la Planada, pero que puede ganar algo para llevar el pan a su casa. Por miedo a los operativos prefirió no dar su apellido.

De junio a diciembre del 2017 la AMT sancionó a 951 choferes por realizar taxismo informal con dos salarios básicos unificados, 10 puntos menos en la licencia y la retención del auto por siete días. Los operativos continuarán. Veloz explica que si una de las unidades que trabaja en taxirrutas logra su permiso no podrá mantenerse en ellas, porque es ilegal.

Para el concejal Sergio Garnica (ind.), de la Comisión de Movilidad, aquellas personas que aseguran que el proceso tuvo irregularidades, pueden poner una denuncia en la Fiscalía para que se investigue.

Respecto a las taxirrutas sostiene que esa modalidad no existe en los reglamentos del transporte y no pueden operar.

Está consciente de que hay sectores que tienen dificultad para movilizarse, por lo que para atenderlos se debe trabajar en la incorporación de microbuses para no dejar sin el servicio a esas zonas. Eso ayudará a reducir la congestión. Un microbús reemplazaría a cinco o 10 autos, aseguró.

Según Garnica, se han identificado al menos 12 puntos donde operan las taxirrutas.Para solucionar el problema de movilidad, se lleva a cabo una reingeniería de rutas y frecuencias para ampliar la cobertura.

En contexto

El proceso de regularización se inició desde el pasado 23 de agosto. El martes pasado un grupo de taxistas informales bloqueó la Panamericana Norte, a la altura de Carapungo, como protesta frente a este proceso que lleva adelante el Municipio.

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