Parecía que este año no se veían nuevos impuestos en el horizonte y eso generó un ambiente de cierta tranquilidad frente a seis años consecutivos de reformas tributarias. La realidad es otra y el anuncio de un nuevo tributo pone, otra vez, nerviosas a las empresas y más aún al consumidor, quien es el que al final asume todo el costo de estas medidas.
Esta vez la nueva carga tributaria se la quiere orientar a lo que el Gobierno considera “impuestos a los consumos nocivos”. El objetivo es ajustar más el cinturón a los licores, cigarrillos y también a la comida chatarra.
Desde una visión técnica y si las condiciones económicas lo permiten, en los dos primeros sectores se podría establecer con precisión un porcentaje. Pero en el caso de la comida chatarra, ¿cómo se definirá su ámbito impositivo?, ¿el porcentaje dependerá del contenido de las calorías?, ¿y los platos típicos? Por ahora, el Gobierno no ha divulgado ningún proyecto oficial, pero el solo anuncio genera intranquilidad.Este nuevo tema entra en el debate de los agentes económicos, quienes aún analizan el propósito de otro proyecto oficial: acceder a las utilidades de los trabajadores de las telefónicas.
Definitivamente, algo pasa en el manejo de los recursos públicos: por un lado el Gobierno paga más en las obras de gran infraestructura (el propio Ejecutivo reconoció que destinó USD 270 millones más allá de lo presupuestado en el proyecto de almacenamiento de GLP en Santa Elena) y, por otro, busca 100 millones de las utilidades que reciben los empleados de las telefónicas, para financiar ‘tablets’. ¿Cuántas escuelas del milenio se podrían construir, por ejemplo, si se recorta la propaganda oficial que se financia todos los días con el dinero de los ecuatorianos?
Lo deseable en una sociedad y más aún para un Gobierno es que el aumento de lo que recaude para financiar sus proyectos sea producto del crecimiento de la actividad económica y no un simple efecto de crear más impuestos o de mirar el bolsillo ajeno.