Una nueva restricción a las importaciones está por aplicarse en estos días. Y el principal afectado de esta medida será el consumidor.
Aunque es inútil lamentarse por la falta de previsión de las autoridades, que no ahorraron para un período de crisis como el actual, ya se puede anticipar sus consecuencias.
La primera, y que comenzará a sentirse apenas empiece a regir la salvaguardia por balanza de pagos , será un aumento en los precios de los productos importados, básicamente de los bienes de consumo, aunque no se escaparán algunas materias primas y bienes de capital.
Si la salvaguardia cambiaria que se viene aplicando a productos peruanos y colombianos desde inicios de año ya causó malestar en el aparato productivo, la nueva puede tener mayores efectos, ya que es de carácter general.
El Gobierno sostiene que ahora será diferente, ya que se evitará gravar con esta nueva salvaguardia al aparato productivo. Pero eso dependerá de lo que el Gobierno considere aparato productivo y de lo que considere que deben consumir los ciudadanos.
A inicios de año no tuvo mayor problema en subir los aranceles para los productos tecnológicos, que se supone son relevantes para la revolución del conocimiento.
Ahora, con el aumento de precios de los productos importados puede repetirse lo que sucedió en el 2009, cuando las restricciones a las importaciones también encarecieron algunos productos locales. Las empresas suelen aprovechar que el mercado nacional se amplía con las restricciones y aprovechan para ajustar los precios al alza.
Al final del día, el costo de las restricciones la pagarán los consumidores, quienes tendrán menos opciones para comprar y, si lo hacen, tendrán que pagar más. Será una especie de impuesto al consumo.
De hecho, el Régimen viene estudiando una revisión de las tasas de interés. Por un lado busca que los préstamos fluyan hacia las actividades que le interesa, pero que bajen si el destino es el consumo.