10 de noviembre de 2015 20:40

Human Rights Watch cuestiona al Gobierno por no investigar supuestos abusos en las marchas de agosto

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Redacción Guayaquil

El último comunicado de la organización internacional, Human Rights Watch (HRW), sobre Ecuador, sostiene que en las manifestaciones de agosto pasado, agentes públicos, entre policías y militares, utilizaron la fuerza “de manera innecesaria e ilegal” en contra de personas no armadas que participaban en la jornada. El organismo afirma que el Gobierno no hizo esfuerzos para investigar a los agentes que cometieron los supuestos abusos durante los plantones que unieron a más de 20 organizaciones sociales.

“En cambio, el gobierno felicitó a las fuerzas de seguridad por su actuación, descalificó a las protestas como violentas, e inició procesos penales en contra de manifestantes no violentos y transeúntes”, dice parte del comunicado, difundido este martes 10 de noviembre.

La organización con sede principal en Nueva York, habría entrevistado en el país a víctimas, activistas, y abogados, para contrarrestar las denuncias por violencia que involucran a agentes del orden público.

Human Rights Watch concluyó que hubo abusos contra decenas de personas, e incluso policías “ingresaron ilegalmente a viviendas de personas que no participaron en las protestas”. La entidad agrega que las marchas fueron mayormente pacíficas, sin contar a aquellos enfrentamientos entre miembros de las fuerzas de seguridad y manifestantes que arrojaron piedras y cócteles molotov.

A estos últimos, el organismo los califica de “provocadores”. Sin embargo, eso no justifica “que las fuerzas de seguridad empleen un uso excesivo de la fuerza, en contra de manifestantes pacíficos y transeúntes”, agrega el documento.

Pero la ministra de Justicia, Lady Zúñiga, considera lo contrario. La funcionaria sostiene que en el convocado paro nacional de agosto, hubo violencia contra los policías, y existen pruebas que justifican el actuar de la institución.

Zúñiga afirmó que no existen presos políticos. “Lo que hay son personas que están siendo procesadas por delitos como suspender servicios públicos, o atacar con violencia a funcionarios de la fuerza”, dijo. Agregó que los informes del organismo internacional carecen de objetividad, porque su política es clara contra los gobiernos de tendencia de izquierda.

Pero a criterio de Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch, la postura de las autoridades del Estado en defender a los agentes policiales, responde a “que estos abusos no solo son tolerados, sino también respaldados por el Gobierno”.

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