Redacción Política
La ONG internacional Human Rights Watch se sumó a las críticas al proyecto de ley de Comunicación que debate la Asamblea Nacional. Ayer, desde su sede en Washington, la organización emitió un comunicado para alertar sobre los posibles peligros que, a su juicio, traería esta propuesta legal.
El organismo señaló que hay disposiciones que “podrían restringir la libertad de expresión en lugar de protegerla”. Entre los principales reparos está el referido a la censura previa.
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internacionales han emitido, hasta ahora, criterios sobre la Ley de Comunicación.Según el comunicado de esta ONG, el proyecto incluye expresiones ambiguas que permitirían la censura previa y otros términos que limitan el contenido de la programación de los medios. Lo que le preocupa a Human Rights Watch es la redacción del artículo 11 del proyecto.
Allí se dice que el ejercicio de los derechos de la comunicación no estará sujeto a la censura previa, salvo los casos establecidos en la Constitución, tratados internacionales vigentes y la ley, al igual que la responsabilidad ulterior por la vulneración de estos derechos. En ese sentido, la organización recurre al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa.
El principal de Human Rights Watch para el continente, José Miguel Vivanco, aseguró que “el proyecto de ley permitiría al Gobierno estipular razones que autoricen la censura previa, y esto no solo generaría un clima de autocensura, sino que vulnera las obligaciones de Ecuador establecidas en la Convención Americana”.
“El proyecto exige que todos los medios de comunicación se inscriban en un registro para operar. El organismo de aplicación (léase el Consejo de Comunicación) podría cancelar la inscripción de un medio por las razones previstas en el proyecto de ley, que incluyen restricciones irrazonables a la libertad de expresión”, señala el comunicado.
El esquema de multas para los medios que publiquen cartas u opiniones sin la debida identificación no es del agrado de la ONG, así como la exigencia del título profesional para el periodista, por ser contradictoria con las normas internacionales.
Vivanco cree que en el país se está repitiendo un fenómeno regional, donde varios países han impulsado una normativa para la Comunicación. Los casos de Argentina, Venezuela y Nicaragua, a su juicio, son los más cuestionados, porque supuestamente violan derechos fundamentales.
Hasta el momento, el Relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, la OEA y la Unesco han efectuado observaciones. Estos reparos, no obstante, serán analizados por los legisladores durante el segundo debate de la ley previsto para febrero de 2010. Human Rights Watch sostuvo que la Asamblea está a tiempo de corregir los peligros del proyecto.
Para el organismo, sin embargo, el proyecto tiene medidas positivas y que merecen ser destacadas. Entre ellas, la prohibición expresa de monopolios y oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación. Otro punto a favor, en el proyecto, es la promoción de lenguaje de señas para ofrecer igualdad de acceso a personas con discapacidad auditiva. Además, rescata la idea de que los organismos públicos y las entidades privadas que presten servicios de esta naturaleza divulguen la información pública en su poder.