Un agente de Policía en el ingreso a un cuartel el sábado 11 de febrero de 2017, en Vitoria, estado de Espirito Santo (Brasil). Los policías militarizados del suroriental estado brasileño de Espírito Santo ignoraron hoy un acuerdo firmado la noche del viernes con el Gobierno. Foto: EFE
Familiares de policías militares continuaban bloqueando este sábado 11 de febrero del 2017 los accesos a los cuarteles de Espírito Santo, pese al acuerdo firmado sus representantes con las autoridades para levantar la huelga que sembró el caos en este estado brasileño fronterizo con Río durante la última semana.
Según los términos del convenio firmado en la noche del viernes 10 de febrero, al que tuvo acceso la AFP , los policías y bomberos militares se comprometieron a reanudar sus tareas este sábado a las 09:00 GMT a cambio de no enfrentar sanciones administrativas disciplinares. Pero la situación seguía igual.
En la reunión no participaron representantes de los familiares, en su mayoría mujeres, que desde hace una semana bloquean la salida de los cuarteles en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales para los uniformados, que por la Constitución no tienen derecho a hacer huelga.
“No pueden firmar un acuerdo entre ellos. Es un movimiento emprendido por las mujeres de los agentes y ninguna de nosotras estuvo allí. El movimiento continúa” , explicó la esposa de un policía citada por el sitio de información G1.
La protesta iniciada el pasado sábado dejó las calles de Vitoria, la capital de Espírito Santo, así como de varias ciudades de este estado del sudeste de Brasil, sin patrullaje durante ocho días.
Aunque el gobierno federal desplegó tropas para contener la situación, el sindicato de policías ya registró 137 muertes violentas desde el inicio de la huelga -cifra no confirmada oficialmente-, así como saqueos, agresiones y actos de vandalismo.
“La situación no se ha normalizado aún, pero estamos en el buen camino. Desde la llegada del Ejército, los saqueos de comercios cesaron y el número de homicidios se redujo considerablemente”, declaró de su lado este sábado el ministro de Justicia, Raul Jungmann.
A lo largo de la semana, el gobierno federal desplazó a más de 3.000 efectivos de las fuerzas armadas, entre ellos paracaídistas y blindados, para contener la ola de violencia desatada en este estado situado 500 kilómetros al norte de Rio de Janeiro.
“Trampa”
Jungmann estuvo este sábado en Vitoria junto a otros miembros del gobierno y el fiscal general Rodrigo Janot para mantener una reunión de crisis con las autoridades locales.
Allí hizo un llamado para que “los buenos policías hagan honor a su uniforme” , destacando que “las reivindicaciones son justas, pero no deben poner en peligro a la población”.
Pidió asimismo a las esposas de los policías que “no precipiten a sus maridos a una trampa”, mientras que el secretario jefe del gobierno, Antonio Imbassahy, descartó cualquier posibilidad de amnistía para los huelguistas.
Después de otra noche de negociaciones infructuosas con los familiares, las autoridades locales elevaron el tono en la mañana de viernes al anunciar la apertura de una investigación contra más de 700 agentes por el delito de “revuelta” (cuando están acuartelados, desobedeciendo órdenes de sus superiores y armados) .
Durante la semana, representantes de las mujeres se habían reunido con el gobierno local en largas sesiones que acabaron sin pactos y fueron excluidas del último encuentro.
En el acuerdo que firmaron finalmente con algunas asociaciones de policías, las autoridades no acataron las reivindicaciones salariales, pero se comprometieron a realizar las promociones de los policías que lo merezcan por ley -y que aún no disfrutaban de su nueva categoría-, así como a formar una comisión para revisar la carga horaria de los trabajadores.
Ese mismo día, un movimiento similar comenzó en Río de Janeiro, donde familiares de agentes bloquearon varios cuarteles reclamando el pago de salarios atrasados y de las horas extras, incluidas las que trabajaron durante los Juegos Olímpicos en agosto.
Este sábado la situación seguía bajo control, aunque todavía se registraban protestas en 29 de los 100 regimientos del tercer estado más poblado del país. La mayoría, sin embargo, autorizaba la entrada y salida de vehículos, mientras que en los que permanecían bloqueados el relevo de efectivos se realizaba mediante helicópteros.