14 de March de 2015 19:35

Lo perdieron todo por el sueño de ir a EE.UU.

María perdió su casa en un fallido viaje a EE.UU. La chulquera se encuentra prófuga. Foto: Xavier Caivinagua/ EL COMERCIO.

María perdió su casa en un fallido viaje a EE.UU. La chulquera se encuentra prófuga. Foto: Xavier Caivinagua/ EL COMERCIO.

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Lineida Castillo
Redactora (I)

Carmen lo perdió todo. Los chulqueros y coyotes la dejaron en la calle. Le quitaron su casa y ahora cada mes paga USD 350 mensuales en el arriendo de un departamento. Todo empezó en el 2005 cuando esta cuencana pactó con una mujer que ofrecía llevarla sin documentos a Estados Unidos. La travesía por Centroamérica costaba USD 20 000 y dejó una escritura como garantía.

El día de partir había llegado. La hipoteca aún no estaba inscrita en la Registraduría de la Propiedad, pero la prestamista ordenó su partida. Cambiaron su identidad y tomó un vuelo en el aeropuerto de Guayaquil.

Siempre estuvo acompañada por un hombre guatemalteco.
Ese viaje, hasta la frontera de México-EE.UU., duró 10 días. En ese tiempo, para no ser detenida, fue abandonada en el basurero, bebió agua con larvas, cruzó lagunas de aguas negras, viajó hacinada en containers.

Cuando estaba en el último tramo hacia Estados Unidos, el escolta con el que iba recibió la orden de la coyote: Carmen debía regresar, porque no pudieron inscribir la hipoteca. En Ecuador, la coyote se negó a devolverle las escrituras.

Argumentó que ese intento de viaje le costó USD 7 500. Y para diciembre de ese 2005, la deuda de Carmen había subido a USD 30 000. Tres meses después cancelaron todo, con el dinero que enviaban los familiares que viven en Estados Unidos.

Las cosas no quedaron allí. La mujer se negó a entregarle los documentos y dijo que quedaban saldos de interés generados sobre interés. En cuatro años pagó más de USD 70 000.

Al negarse a cancelar más, la coyote hizo efectiva la letra de cambio y la demandó por USD 50 000. La Justicia ordenó que se rematara el inmueble.

La casa quemada

El miércoles 11 de marzo , Carmen estaba en una reunión. Otras 12 personas se encontraban con ella. Todos viven la misma situación: los coyotes y chulqueros les quitaron sus bienes después de haberles ofrecido llevar sin papeles a los Estados Unidos.

En el 2014, la Judicatura del Azuay investigó más de 50 casos de chulqueros relacionados con la migración ilegal y en este año ingresaron más demandas.

En esa lista está lo que sucedió con Zoila. Hoy tienen 69 años y sigue en la lucha. En el 2002 pidió USD 13 000, para que su yerno viajara al país del norte. “Era la única forma de obtener el dinero de inmediato”.

A los dos años pagó la deuda con intereses, pero la prestamista se negó a entregarle los documentos y más bien la demandó por USD 90 000.

Esa acción legal en contra de Zoila no progresó, porque en la investigación los jueces determinó que los datos de la letra de cambio fueron alterados.

Sin embargo, para su sorpresa, en septiembre del 2009 Zoila fue desalojada de su casa, en donde vivía con su esposo. Allí conoció que en el trámite inicial de la hipoteca, la prestamista se había adjudicado el terreno mediante un supuesto proceso de compraventa.

Ese día le prendieron fuego a la casa. Perdió sus pertenencias y salió a vivir en la casa de su hija que está cerca. Desde entonces llega una vez por semana a esa propiedad rodeada de pastizal y pasta su ganado.

Recuerda que ha sido insultada frecuentemente por familiares de los prestamistas y hasta ha sido amenazada con armas.
La nueva escritura no está inscrita y su proceso judicial por recuperar el bien, que con su esposo planificaron dejar de herencia a sus hijos, también sigue. “Ellos se aprovecharon de nuestro desconocimiento para dejarnos en la calle. Yo temo por la vida de mis hijos”. Llora al recordar esas escenas.
La orden de prisión

En Azuay hay cantones como Girón, Santa Isabel y Gualaceo donde el chulco es un secreto a voces. “La prestamista de Girón era más conocida que el cura de la iglesia”, dice Juan, de 79 años. Él también perdió una propiedad de USD 250 000.

A María, en cambio, le quitó su casa con terreno. Todo, por un préstamo de USD 8 000 del cual terminó pagando más de 30 000. A Carlota, que tenía una casa valorada en USD
100 000, se le llevó por un préstamo de 13 000 que pidió su exesposo para migrar. De esa deuda terminó pagando más de USD 50 000, en cinco años.

Por las múltiples quejas, en el 2013 un equipo especializado de Quito inició una investigación en el lugar. Ella y su esposo fueron detenidos y sentenciados por una demanda de usura.

La Fiscalía determinó que ellos cobraban hasta el 227% anual por préstamos. En febrero pasado, la pareja cumplió los 18 meses de prisión y quedaron libres con medidas cautelares, porque hay más y nuevos procesos en contra de ellos. Pero desde hace dos semanas ya no se presentan ante las autoridades judiciales respectivas.

El 12 de marzo, la Sala Penal de la Corte de Justicia dictó el auto de llamamiento a juicio, con orden de prisión, por otras demandas que se investigaban. En las averiguaciones judiciales se determinó que ellos tenían un patrimonio valorado en USD
9 millones, por 186 propiedades que están a su nombre, a nombre de otros familiares y de testaferros.

En el Consejo de la Judicatura aparecen 88 procesos que ella y su esposo seguían por dinero, en contra de migrantes que supuestamente no les pagaron.

En ese archivo se encuentran los casos de Juan, María, Carlota, entre otros, que tienen la esperanza de recuperar sus bienes que les arrebataron.

Carmen también está allí. En el 2010, ella y su hija de 15 años fueron desalojadas de la vivienda con los policías. Eso la motivó a denunciar su caso públicamente. Desde entonces con otros 40 perjudicados se han desplazado hasta Quito a pedir al Gobierno que se investiguen sus casos.

Esta lucha empezó en el 2012 y no ha sido fácil. Carmen ha estado al menos cuatro veces dentro del programa de Protección de víctimas y testigos que maneja la Fiscalía. Fue incluida por las amenazas de muerte y atentados.

El ataque más grave fue cuando, supuestamente, el esposo de la coyote que le quitó la casa habría intentado atropellarla con su carro. Eso ocurrió mientras caminaba por una carretera desolada de Girón. Ella cayó al piso ensangrentada y gritó “auxilio me quieren matar”. Un campesino que venía algo cerca pudo ayudarla.

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