23 de diciembre de 2016 00:00

La Central San Francisco puso en la mira a Odebrecht

En el 2007, Odebrecht terminó la construcción de la Central Hidroeléctrica San Francisco, en Tungurahua. Foto: Archivo Diego Pallero/ EL COMERCIO

En el 2007, Odebrecht terminó la construcción de la Central Hidroeléctrica San Francisco, en Tungurahua. Foto: Archivo Diego Pallero/ EL COMERCIO

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Arturo Torres y Mónica Orozco

Tres personajes, cuyos nombres aún no se han divulgado, están involucrados en el pago de sobornos que por 33,5 millones realizó Odebrecht en Ecuador, entre el 2007 y 2016.

La información se desprende del expediente judicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgado el miércoles, 21 de diciembre del 2016. En ese documento, de 29 páginas, se establece que Odebrecht obtuvo unos USD 12 mil millones en beneficios en contratos en unos 100 proyectos en doce países. En el caso ecuatoriano, la firma se benefició de USD 116 millones.

Según la investigación, entre el 2007 y el 2008 Odebrecht tuvo algunos problemas relacionados con un contrato de construcción en Ecuador. Para solucionar los problemas, esa compañía contactó, a través de un intermediario, a un funcionario del Gobierno que tenía control sobre contratos públicos. Después (el informe judicial no detalla el tiempo transcurrido), la constructora realizó los pagos en efectivo a ese funcionario.

En el 2007, Odebrecht terminó la construcción de la Central Hidroeléctrica San Francisco, en Tungurahua. Y el año siguiente, siete meses después de inaugurada la obra, enfrentó graves problemas, pues la Contraloría estableció una serie de irregularidades en el proyecto en el informe DIAPA-0039-2008. El examen estableció fallas provocadas en el sistema de enfriamiento y en los filtros de agua, así como daños por la paralización de las obras en la Central durante 131 días. Por estas irregularidades, los auditores expidieron nueve glosas por USD 103 millones, que debían ser cubiertas por la constructora.

Adicionalmente estableció indicios de responsabilidad penal, puesto que los directivos de la empresa Hidropastaza (administradora estatal del proyecto) “utilizaron recursos públicos para realizar pagos en forma irregular y sin justificativo” a Odebrecht.

El 23 de septiembre del 2008, el Gobierno expulsó, vía decreto ejecutivo, a Odebrecht del país, declaró la emergencia en el sector eléctrico e inició acciones para terminar unilateralmente tres contratos adicionales con la empresa: Toachi-Pilatón, Carrizal-Chone; Baba y el aeropuerto de Tena.

Las relaciones entre ambos países se tensaron. Incluso el tema fue tratado al más alto nivel entre Rafael Correa y su entonces par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos discutieron el asunto luego de una minicumbre en Manaos.

En julio del 2010, Hidropastaza, en representación del Gobierno, y Odebrecht suscribieron un convenio de Transacción para zanjar las disputas por la construcción de la central, que incluía la solución de las glosas y otras controversias judiciales presentadas. Además hubo una compensación de USD 20 millones.

En la Contraloría informaron que efectivamente ese acuerdo fue posible gracias a que Odebrecht reconoció los daños causados y desvaneció las glosas, ya sea a través de la reparación de los daños en las obras o con pagos económicos, lo cual informó en un comunicado público en el 2010.

La Fiscalía de Tungurahua inició la instrucción 153-2009, pero posteriormente el fiscal Francisco López se abstuvo de acusar a los procesados, incluidos funcionarios de Hidropastaza y ejecutivos de Odebrecht, considerando “que no existía una infracción penal que perseguir”.

El entonces fiscal y hoy candidato Washington Pesántez confirmó que por las anomalías se iniciaron investigaciones “porque consideramos que habría posiblemente un perjuicio por el Estado. Inclusive se llegó a pedir medidas cautelares contra los funcionarios que firmaron los contratos; tiempo después los jueces dictaron el sobreseimiento porque ya no había caso penal porque el Gobierno anunció la expulsión de Odebrecht y luego acordaron un convenio de reparación y una compensación de USD 20 millones por lo que terminó ese caso penal”.

Pesántez aseguró que en su período (2007-2011) no llegaron a la Fiscalía informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por los contratos con Odebrecht.

No obstante, fuentes de esa entidad ratificaron que los reportes (IRP) fueron enviados a la Fiscalía en el 2009.

Por su parte, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, reconoció que el Gobierno tuvo un problema con el contrato de San Francisco, pero aclaró que esa obra empezó en el 2001. “Decir que en el año 2008 se corrompió a un funcionario público para beneficiar a Odebrecht (…) es absolutamente incomprensible porque de todos los gobiernos de la investigación del Departamento de Justicia el único que la ha expulsado es el Gobierno ecuatoriano”.

Según Mera, luego llegó el acuerdo en el cual Odebrecht se comprometió a poner en funcionamiento la central a su costo. En ese entonces –explicó- “la defensa del país” la asumió el vicepresidente de la República, Jorge Glas, cuando era gerente de las empresas hidroeléctricas y ministro de los Sectores Estratégicos.

Luego del arreglo con el Gobierno, Odebrecht fue adjudicada con siete obras. Seis de ellas por USD 3 109 millones, entre otras la central Manduriacu, el movimiento de tierras en la Refinería del Pacífico, el poliducto CuencaPascuales y el acueducto represa La Esperanza.

El Secretario Jurídico agregó que el más grande contratante de Odebrecht es el Municipio de Quito. “No estoy acusando nada, no quiero que se malinterprete, pero nos sentimos muy tranquilos. Que se investigue. Si hay algún pago, quien recibió la plata que se pudra en la cárcel”.

El Municipio, a través de un comunicado, aclaró que la construcción de la Ruta Viva, en sus fases I y II, fue adjudicada y suscrita por la anterior administración municipal de Augusto Barrera con Odebrecht y que la contratación de la fase dos del Metro (13 estaciones y un túnel de 22,6 kilómetros) ha estado a cargo de dos administraciones municipales.

El fiscal Galo Chiriboga abrió una investigación de los posibles sobornos.

Reacciones


Lenín Moreno / AP. 
“Pedí información completa a EE.UU. En el 2008 el Gobierno expulsó a Odebrecht”.  
Guillermo Lasso / Creo.
 “Correa está obligado moralmente a informar cuáles fueron los funcionarios de su gobierno que recibieron coimas”.
Cynthia Viteri / PSC. 
“Correa desde el inicio eliminó varios filtros para contratar con el Estado. Sirvió como colchón para la corrupción”. 
Paco Moncayo / ID. 
“5 000 millones de dólares pierde el país por corrupción. Exigimos sanción a implicados. En mi gobierno habrá independencia de la justicia”.
Abdalá Bucaram / FE.
“Este es el gobierno más corrupto de la historia. No podemos permitir que se jacte de honesto”. 
Iván Espinel / FCS. 
“El Presidente calificó hace poco la corrupción como algo aislado. Queda claro: no es así”. 
Patricio Zuquilanda /PSP.
“La confianza del pueblo con el Gobierno está terminada. Correa debe renunciar y encargar la celebración de las elecciones generales”.

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