6 de julio de 2017 00:00

46 hectáreas ocasionan una disputa en Tongorachí, en el sur de Esmeraldas

En la foto aparecen las tierras y habitantes de Tongorachí, en la parroquia San Francisco del Cabo. Foto: Marcel Bonilla/EL COMERCIO

En la foto aparecen las tierras y habitantes de Tongorachí, en la parroquia San Francisco del Cabo. Foto: Marcel Bonilla/EL COMERCIO

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Marcel Bonilla
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La decisión sobre la propiedad de 46 hectáreas de tierras en la población de Tongorachí, en el sur de Esmeraldas, está en manos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Si bien el 18 de enero de este año la Subsecretaría de Tierras -adscrita al MAG- resolvió que ese territorio se revirtiera a la comunidad, los propietarios apelaron el dictamen.

El litigio comenzó en el 2008, tras una denuncia presentada por Inés García, quien fue concejala alterna del cantón Muisne. Tongorachí pertenece a la parroquia muisneña San Francisco del Cabo.

La acción también fue impulsada por su hermano Antonio, presidente de la comunidad.

Según la denuncia de Inés García, las tierras que correspondían a la comuna fueron adjudicadas el 18 de abril del 2001 a Sixto Calixto Arrunátegui, por parte del desaparecido INDA. La adjudicación se hizo bajo la figura de posesión, pues Arrunátegui había cuidado esa propiedad por siete años.

19 días después de la resolución del INDA, Arrunátegui vendió las tierras, las cuales están a orillas de la playa.

Según los documentos de la venta, 23 hectáreas son de Manuel Pallares y la otra mitad está repartida entre nueve dueños, incluido Hernán Yépez. Él y Pallares han mostrado las escrituras de las propiedades de compra en el 2001.

Durante nueve años, los dueños de la tierra con títulos registrados en Muisne realizaron tareas de reforestación y proyectos de agricultura sostenible, según César Mantilla, otro de los dueños de las tierras en conflicto.

De acuerdo con la resolución de la Subsecretaría de Tierras, el adjudicatario (Arrunátegui) no cumplió con la solemnidad para obtener la autorización de venta a otras personas, previa verificación del plan de manejo por parte del INDA, lo que dio paso a la reversión.

Según Mantilla, los denunciantes argumentan que las tierras son ancestrales, sin embargo, asegura que nunca lo fueron. Además, señala que las tierras no habían sido explotadas adecuadamente, por lo que ellos -dice- sembraron técnicamente más de 5 000 árboles nativos, plantaron 250 palmeras, se desarrollaron cultivos con riego basados en la permacultura, se construyeron caminos, alcantarillas, viviendas y cabañas para los turistas, que eran atendidos por las señoras de la comunidad.
De los 10 dueños de las tierras, solo Manuel Pallares apeló la reversión ante el MAG.

Él indica que interpusieron una acción de revisión de todo el proceso ante el MAG y seguirán el proceso legal ante otras instancias, como el Tribunal Contencioso Administrativo, porque la resolución de reversión no es definitiva. “Vamos a demostrar que hubo legitimidad en la venta de la tierra, que ha tenido dueños desde 1970, no como pretenden hacer ver que son tierras ancestrales en Tongorachí”.

Pallares ratifica que no son tierras ancestrales, porque siempre tuvo dueños particulares; tampoco existe la comuna ancestral como tal, con costumbres y tradiciones.

En un informe de la Policía, del 21 de diciembre del 2015, se indica que las personas registradas como parte de la comuna no aparecen en Tongorachí.

Según él, el proceso fue anulado dos veces por falta de citación a todos los involucrados. En un tercer proceso, la Subsecretaría decidió la reversión. Según Pallares, ese caso no es válido, porque con la nueva Ley de Tierras esos conflictos deben ser resueltos por un juez civil y no por el MAG.

Los habitantes de Tongorachí indicaron que esperaron durante abril y mayo hasta que se resolviera la apelación para registrar la reversión en el Registro de la Propiedad de Muisne. Pero el 27 de junio hubo incidentes con personas presuntamente armadas.

Además, se quemaron cuatro cabañas y hubo roces verbales entre los habitantes de Tongorachí y quienes cuidan las 46 hectáreas, donde se observan sembríos de palmeras y plantas ornamentales.
En la zona están los restos de las cabañas construidas con bambú y hojas de rampira. La Policía recorrió el área.

Los habitantes denunciaron a los guardias que trabajan para los dueños de las tierras de haber retirado las instalaciones eléctricas y de agua y de la quema de las cabañas. Pallares dice que es impensable que ellos mismos destruyan la inversión que han hecho.

En la Fiscalía del cantón Muisne reposa una denuncia presentada el 11 de junio por García, donde acusa a Antonio G., guardia, como responsable de los incidentes.

En contexto
Tongorachí es un recinto del cantón Muisne y tiene una población pequeña. La zona se caracteriza por poseer una exuberante vegetación y playa, propicias para el desarrollo de turismo. Las 46 hectáreas en litigio son parte de ese paisaje natural.

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