El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, señaló ayer que se analiza el sustento jurídico antes de enjuiciar políticamente al fiscal general del Estado, Washington Pesántez.
Según el funcionario, una innumerable cantidad de solicitudes de enjuiciamiento político le han llegado para ser aprobadas.
No obstante, en este caso, dijo, todavía no ha recibido los documentos que expliquen las causales que definirán si el fiscal Pesántez puede o no ser sometido a un juicio político en el Pleno.
“Es posible, tal como lo señala la Constitución, que la Asamblea inicie un proceso político en contra del Fiscal u otra autoridad si se encuentran méritos para hacerlo”.
En ese sentido, Cordero señaló que jamás había dicho que no existen causales para iniciar un juicio político a Pesántez.
Frente a las críticas que despertó este caso, Cordero precisó que Pesántez tenía que haberse alejado de lo sucedido tras la muerte de la ciudadana Natalia Emme, quien fue atropellada por un auto de la Fiscalía, en el cual se movilizaba su esposa, Aliz Borja. “No es bueno mezclar esa clase de situaciones con los afectos”, aseveró.
Cordero también cuestionó ayer la imparcialidad de la Fiscalía General del Estado. Criticó, especialmente, lo hecho por 65 funcionarios del organismo (los fiscales distritales, directores nacionales y los directivos de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía). Ellos publicaron un remitido de prensa de apoyo a Pesántez y a su esposa.
El martes, la Asamblea pidió al Fiscal que renuncie y que destituya a los 65 funcionarios. Anteayer, Pesántez rechazó los pedidos de renuncia y destitución, pero anunció sumarios administrativos contra los 65 funcionarios.
El miércoles, Cordero dijo: “Creo que la reacción del Fiscal es la que esperábamos desde la Asamblea (…). El comunicado de los fiscales (…) confunde a la ciudadanía (…). Por tanto, bienvenida la reacción del Fiscal”.