La ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada en España y se aplicará desde el próximo 5 de julio. Dos años de consenso le tomó al Ministerio de Igualdad sacarlo adelante.
La oposición, encabezada por el Partido Popular, presentó una enmienda total al proyecto y sus dirigentes marcharon por las calles junto a los obispos.
La Iglesia advirtió que excomulgaría a los diputados que votaran a favor de la Ley. Pese a todo, la reforma tuvo luz verde en el Senado el 24 de febrero pasado con 132 votos a favor y 126 en contra.
El consenso fue posible debido a que se introdujo un cambio importante: las chicas de 16 años pueden detener la gestación siempre y cuando lo “informen” a uno de sus progenitores o tutor, sin necesidad de autorización. No deberán comunicarlo sólo si justifican fundamentalmente que ello les provocará “un conflicto grave manifestado o peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”.
El Ministerio de Igualdad aún no ha aclarado qué protocolo se debe seguir para demostrar que los padres tienen conocimiento del futuro aborto o que la joven corre un alto riesgo si se lo comunica a sus progenitores. Esto se aclarará en el Reglamento.
Libre hasta la semana 16
Cuando la Ley entre en vigor, una mujer podrá interrumpir su embarazo hasta la semana 16 por libre decisión. Tendrá tres días para meditarlo –antes no se puede realizar la intervención-, tiempo en el que los centros de salud públicos o privados le proporcionarán información sobre ayudas sociales y económicas para las madres y sobre los derechos de maternidad.
Entre la semana 14 y la 22, para efectuar el aborto los médicos deberán determinar que existe riesgo para la vida o salud de la madre o anomalías fetales. Después de la semana 22, un comité de especialistas evaluará la interrupción si se descubren anomalías, aunque estas no sean compatibles con la vida del feto y cuando éste sufra una enfermedad grave e incurable.
El presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo –ACAI-, Santiago Barambio, pide que no se centre el análisis exclusivamente en el aborto. “La Ley tiene aspectos tan importantes como que las mujeres tendrán acceso a la anticoncepción gratuita en la Sanidad Pública y el hecho de que se impartirá educación sexual como una materia más en los centros educativos”, explica. La nueva Ley –según Barambio- implica un cambio sustancial en el derecho que tiene una mujer a decidir cuántos hijos quiere tener y a interrumpir su embarazo. “Lo podrá decidir y hacer, no por la indicación de un médico, sino porque ella lo desea”, añade. “Una de las tasas más bajas de Europa”.
Extranjeras y el aborto
Unos 116 000 abortos se realizaron en 2008 en España según el Ministerio de Sanidad, que aún no posee cifras de 2009. 43% correspondieron a mujeres extranjeras. Para la Fundación Vida (antiabortista), las compatriotas representan la cuarta parte del total y cifra en 15 000 las ecuatorianas que interrumpieron su embarazo en 2008. La Ley anterior preveía cárcel de hasta seis años, multas económicas e inhabilitación del médico si el juez determinaba que el aborto no cumplió los supuestos permitidos.
Punto de vista
Ecuatorianas, más vulnerables
Informe de la Universidad Complutense de Madrid
“La causa de que las ecuatorianas estén a la cabeza de las extranjeras que más abortos se realizaron en 2008, es la situación de vulnerabilidad de las extranjeras. Ellas se han vinculado a un mercado laboral caracterizado por elevadas tasas de empleo temporal y sumergido e importantes cifras de desempleo estructural, que las ha llevado a condiciones de mayor vulnerabilidad que las autóctonas”.