28 de December de 2009 00:00

Hagan bien las cosas

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Miguel Rivadeneira V.

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Se cierra el 2009 en medio de logros y avances en lo social pero también graves problemas, que se reflejan en el crecimiento del desempleo, la falta de oportunidades, ahora profundizado por el peso que tiene el daño que irroga la crisis eléctrica, por negligencia de la actual administración y la inestabilidad del sector.

Ha sido un año de ahondamiento de la crisis institucional y quizás lo más preocupante: el atentado contra la libertad de información, expresión y opinión. Eso reflejan las resoluciones oficiales para la clausura temporal de Teleamazonas y la definitiva de la Radio Arutam, de la Federación Amazónica Shuar. Más allá de los errores humanos que se cometan en el ejercicio periodístico (que tienen que cuidarse con autocrítica y actuar con responsabilidad, profesionalismo y rigurosidad) jamás se puede aceptar por principio y tiene que rechazarse cualquier atentado contra las libertades.

Las resoluciones no se apegan al ordenamiento jurídico y han sido criticadas hasta por sectores legislativos identificados con el régimen. La primera, 482 de la Superintendencia de Telecomunicaciones, invoca para su aplicación el Reglamento de la Ley de Radiodifusión y Televisión cuando la Constitución art. 76, numeral 3, establece las garantías del debido proceso, entre ellas  que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución ni la ley.

Para sancionar a la Radio de los shuaras actúa el Conatel y el Ministro de Telecomunicaciones cuando no ha sido derogada aún la Ley de Radiodifusión, que establece como órgano sancionador al Conartel. Así se vino actuando hasta en esta administración. Esta es otra aberración jurídica porque mediante el decreto ejecutivo 8 (no a través de ley) se creó el Ministerio de Telecomunicaciones y allí se desapareció al Conartel, se lo fusionó al Conatel, pero la ley anterior sigue vigente. Un principiante de Derecho sabe que un reglamento y peor un decreto jamás pueden estar por sobre la ley y peor la Constitución.

Aprueban el cierre definitivo de Radio Arutam, pero nada hacen por las irregularidades señaladas en el informe de la Contraloría y luego por la Comisión Auditora de Frecuencias, establecida en la transitoria de la Constitución vigente y nombrada en la actual administración. Más fue el escándalo y los anuncios  oficiales, pero en total, nada, porque simplemente han sido vinculados al gobierno, que ejercieron altos cargos y siguen, que fueron jueces y partes señalados por el Procurador. Hubo adicionalmente otro informe, de la  Secretaría de Transparencia de este gobierno, que también señaló las irregularidades.

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