27 de marzo de 2018 00:00

‘Hackers’ obtuvieron 3 millones por emitir licencias y puntos

Un funcionario de la ANT verifica los datos de un conductor antes de emitir el permiso de manejo. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Un funcionario de la ANT verifica los datos de un conductor antes de emitir el permiso de manejo. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

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Desde casas particulares se emitieron  15 970 licencias de conducción, se aumentaron 26 802 puntos y se borraron 14 583 infracciones.

La Fiscalía de Delitos Informáticos está detrás de la red delictiva que ‘hackeó’ el software dela Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y realizó estas operaciones fraudulentas.

La denuncia que presentó la institución indica que entre diciembre del 2017 y enero pasado, la banda recibió USD 3 millones por la venta de documentos ilegales y por modificar el historial de conducción. Por una licencia cobraba entre USD 250 y 4 000. Por los demás servicios ilícitos exigía entre USD 100 y USD
5 000, según investigadores.

La oferta se hacía a través de Facebook, Twitter, en páginas de comercio electrónico y mediante ‘tramitadores’, quienes atraían a los conductores afuera de las agencias de tránsito y de las oficinas de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

Los tramitadores ofrecían un servicio personalizado e incluso prometían entregar los documentos de manejo aunque el interesado haya reprobado las pruebas de conducción y el examen teórico.

La Agencia Nacional de Tránsito adjuntó en su denuncia a la Fiscalía los resultados de una auditoría interna. Allí se detalla que los ‘hackers’ vulneraron cuatro herramientas informáticas: gestión de ­licencias, gestión de infrac­ciones, matriculación vehicular y emisión de certificados.

Para acceder a cada una, la organización empleaba usuarios y claves obtenidas de forma ilegal. También se registraron accesos con programas no autorizados y operaciones fuera de los horarios de trabajo, incluso desde el exterior.

Por ejemplo, un funcionario que labora en Quito entregó licencias de conducir en Santo Domingo de los Tsáchilas durante su jornada de trabajo.

También se identificó que se eliminaron infracciones de tránsito a las 03:00 de un domingo o las 23:00 de un lunes.

Pablo Calle, director de la ANT, califica de “frágil” e “insuficientes” las seguridades que tenía el sistema. Dice que ya se han corregido las fallas.

Pese a esto, solicitó a la Contraloría que audite cómo se adquirió y gestionó el ‘software’ durante las anteriores administraciones.

Entre las fallas que la auditoría reveló está la falta de una opción en el sistema que permita hacer el seguimiento a todos los documentos que se emiten y las operaciones que se realizan. Los auditores incluso hallaron que el antivirus estaba desactualizado.

Por eso se presume que los ‘hackers’ infectaron el sistema con programas especiales que sirven para copiar las claves de los servidores, aunque Calle no descarta que existan funcionarios involucrados.

En la auditoría de la ANT también se identificó con nombre y apellido a los beneficiarios de los documentos falsificados. Y desde la semana pasada se inició la desactivación de los puntos e infracciones borradas.

En el caso de las licencias falsas, la matriz envió los datos de los portadores a los municipios donde se entregaron, con el fin de inhabilitarlas.

Además, los agentes civiles de Tránsito harán controles en terminales para identificar a los choferes que portan los permisos adulterados. Esto se hará porque se detectó que la organización delictiva entregó 636 permisos a conductores de buses de pasajeros sin que ellos hayan pasado las pruebas o comprobado que son aptos para manejar.

El domingo 25 de marzo del 2018, la ANT anunció que evaluará a 28 000 conductores de transporte público y reforzará los controles en las terminales de pasajeros. Esta­ medida la tomó tras el volcamiento de un bus en Jipijapa, Manabí, donde murieron 13 personas. En la evaluación también se detectará a los que pagaron por una licencia.

Calle habla de la “corresponsabilidad” de quienes buscaron los servicios ilegales. “Para que exista un funcionario corrupto o banda que haga esto debe existir alguien que le compre su servicio”, dice.
El funcionario aclara que si bien los beneficiarios ya han sido identificados, “a la Fiscalía le corresponde presentar cargos y pedir que se apliquen las sanciones legales”.

El Código Penal (art. 232) sanciona con penas que van de cinco a siete años de cárcel a quienes ingresen sin autorización a las bases de datos públicas. La misma condena se aplica para las personas que usan documentos falsos (art. 328).

En diciembre pasado ya se detectó un primer caso de adulteración del sistema informático y se detuvo a 52 personas, entre ellas 25 servidores de la ANT, de la Comisión de Tránsito y de los municipios. Ahora se investiga si estas personas tenían relación con la banda de ‘hackers’.

La red detenida en diciembre fue acusada de ofertar licencias, matrículas adulteradas, eliminar multas, aumento de puntos y de frecuencias para buses interprovinciales. Por estos servicios cobraban entre USD 125 y USD 30 000. Actualmente, siguen detenidas 25 de esas personas.

No olvide 


La ANT emite 11 tipos de licencias entre profesionales, para transporte comercial y particular. Para todas se deben dar pruebas.
Un requisito   general para obtener cualquier permiso de conducción es ser mayor de edad y haber aprobado la educación básica.

Los conduc­tores que sacan la licencia por primera vez deben aprobar un curso de manejo y la prueba psicosen­sométrica.

Para tener una licencia profesional se necesita aprobar el primer año de Bachillerato y una escuela de conducción profesional.
Si un funcionario o un tramitador le ofrece una licencia y no le exige estos requisitos, denuncie en las oficinas de la ANT o en la Fiscalía.

En contexto

La ANT y los Gobiernos Autónomos Descentralizados están
autorizados a emitir las licencias. Antes de detectar el ‘hackeo’,
2 233 funcionarios municipales tenían claves de acceso para validar licencias y reducir o aumentar puntos.

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