17 de marzo de 2017 10:57

El grado de apertura comercial diferencia a las dos candidaturas

Archivo / el comercio El Puerto de Guayaquil es el de mayor importancia para el comercio exterior del país.

El Puerto de Guayaquil es el de mayor importancia para el comercio exterior del país. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Carolina Enríquez

Para sostener la dolarización es necesario que haya liquidez, que ingresen más dólares de los que salen del país a través de las operaciones de comercio exterior.

Bajo esa óptica, la política comercial ha sido restrictiva durante los últimos 10 años. Como parte de las estrategias para evitar la salida de divisas se han aplicado mecanismos como salvaguardias y cupos para las importaciones.

Las sobretasas arancelarias se aplicaron desde marzo del 2015. La restricción se pensó por un año, pero se amplió hasta junio del 2017, argumentando los efectos en la economía por el terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas.

El Gobierno asegura que ahora sí cumplirá con la fecha de desgravación total, como fue su compromiso con la Organización Mundial de Comercio (OMC). En el 2016  hubo tres desmontajes de la medida, pero aún quedan 2 236 productos y grupos de productos afectados con estas sobretasas, las cuales han generado USD 1 586 millones para el Fisco en dos años. El Régimen sostiene que la medida no tiene un fin recaudatorio.

Claudia Uribe, jefa de la Oficina para América Latina y el Caribe en el Centro de Comercio Internacional de la OMC, considera que la eliminación de las salvaguardias beneficia a los consumidores e importadores, ya que habrá una reducción de precios en los bienes.

Sin embargo, para Munir Jalil, economista en jefe para la región andina de Citibank, la situación económica obligará a tomar medidas de reemplazo “creativas” y recuerda que hay fórmulas que se han lanzado como el timbre cambiario o, en EE.UU., la aplicación de un “border tax”, un impuesto que se aplica al ingreso de productos (no son aranceles).

El Gobierno no ha anunciado medidas que sustituyan a las salvaguardias, más bien ha venido eliminando esas restricciones. Para lograr el acuerdo comercial con la Unión Europea, por ejemplo, tuvo que dar de baja los cupos a la importación de vehículos.

El sector privado cree que no se debe poner más restricciones sino incentivar la producción y las exportaciones. Y los acuerdos comerciales son básicos en estos objetivos.

Precisamente, el mayor hito en materia de comercio del Gobierno fue el convenio con la UE, que se concretó a fines del 2016. En el primer mes de aplicación, las ventas al bloque crecieron en USD 30 millones, aunque no se conoce si ese resultado es atribuible al acuerdo comercial.

La aspiración del sector empresarial es que el país también camine hacia algún tipo de acuerdo con EE.UU., que es el principal socio comercial del país, ya que aglutina el 33% de las ventas nacionales.
La pérdida de los beneficios de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea) a mediados del 2013 golpeó al sector exportador ecuatoriano que se enfoca en ese destino.

Para compensar esos beneficios, el Gobierno aplicó los Certificados de Abono Tributario (CAT), pero el Fisco adeuda una parte al sector exportador, USD 30 millones correspondientes al ejercicio 2016, explicó en febrero el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli.

A fines del 2017 Ecuador podría, además, perder la protección del Sistema General de Preferencias, que permite que 200 productos ingresen a ese mercado con cero aranceles.

El Gobierno dice que trabaja en nuevos acuerdos comerciales para llegar a destinos como la Asociación Europea de Libre Comercio (Efta) y ha concretado convenios con Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

Las propuestas de los candidatos


Lenín Moreno, de Alianza País (AP), reconoció que es necesario que ingresen más dólares a la economía y que aplicará medidas comerciales consensuadas con el sector productivo. Ofrece créditos y seguros para la exportación, infraestructura para mejorar la capacidad logística, entre otros. Ha indicado que desde el primer día de Gobierno eliminará las salvaguardias; es decir, seis días antes de que se concrete el levantamiento definitivo de la restricción. Se ha mostrado abierto a los acuerdos si ellos benefician al país.

Guillermo Lasso, de Creo, ofrece quitar las salvaguardias. En enero indicó que levantará los cupos de importación, pero en el caso de los autos estos terminaron a fines de 2016.

Apoya acuerdos con EE.UU, China, Japón, y la Alianza del Pacífico. “En 4 años los beneficios serán tangibles: de USD 20 000 a USD 26 000 millones en exportaciones, que representa un alza del 30%”, dijo el candidato por Creo.

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