Definitivamente las relaciones entre el Gobierno y la banca no caminan. En días pasados acaba de hacerse público el proyecto de reforma a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. Si esta reforma es aprobada en la Asamblea -situación muy probable- la banca privada tendrá que repatriar mayores recursos económicos para, según el Gobierno, canalizarlos a actividades de crédito, producir mayor liquidez en el sistema y reactivar la economía.
Si en marzo del 2008 el Banco Central ordenó que el 45% de las reservas del sistema financiero regresen al país, ahora, para aumentar estos montos, se busca cambiar la modalidad de cálculo del Coeficiente de Liquidez Doméstica. Es decir, el criterio no será sobre las reservas de liquidez que el sector financiero tiene en el exterior sino sobre el monto total de liquidez. Es decir, sobre un estimado de USD 7 922 millones.
Esto ha generado preocupación en la banca debido a que el manejo del dinero de sus depositantes no se hace por decreto o porque así se lo ocurre a una autoridad del Gobierno. Se lo hace siguiendo criterios estrictamente técnicos. Las reservas que cada institución financiera tiene en el exterior está en función de la realidad de cada banco, del monto de depósitos, de su vencimiento, de su concentración y volatilidad. En otras palabras, lo que está en juego es la garantía y la seguridad del dinero depositado por sus clientes.
Si los recursos que se pretende repatriar se dirigen no solamente a canalizar créditos para el sector productivo sino -como ya se sabe- para que la banca privada compre bonos del Estado que permitan financiar el abultado y desbordado déficit fiscal, esto podría traer consecuencias graves. Si ahora la banca privada goza de buena salud, esta medida podría afectar su liquidez y solvencia. Podría ocasionar un colapso, como lo que ocurrió a fines de los años noventa. Con ello no solo se iría abajo el sistema financiero sino también la dolarización.
Si el Gobierno quiere en realidad dinamizar la economía, sus esfuerzos deberían encaminarse por otro lado. Tengo la impresión que la idea de tener un Estado controlador, regulador en exceso e interventor es un gran error.
El tema no es hacer la guerra a la banca, denostarla y perseguirla, como ha sido la norma desde el inicio de este Gobierno. El problema no es de oferta de crédito sino de demanda. De nada sirve repatriar más recursos si los empresarios no tienen garantías suficientes para invertir. Incluso debe pensarse en incentivos y en la manera cómo el Gobierno genere condiciones en donde se conjuguen competencia, eficiencia y eficacia entre los actores económicos. Solo así podrá lograrse un clima favorable para la reactivación económica del Ecuador.