15 de octubre de 2016 19:20

Monte Sinaí tuvo su propio Hábitat III para pedir la legalización

Monte Sinaí es uno de los asentamientos populares más grandes de Guayaquil. Aquí viven cerca de 274 000 personas en 54 cooperativas de vivienda, según cálculos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO

Monte Sinaí es uno de los asentamientos populares más grandes de Guayaquil. Aquí viven cerca de 274 000 personas en 54 cooperativas de vivienda, según cálculos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO

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Elena Paucar

La plataforma de un viejo camión fue el escenario. Y un montón de sillas plásticas, alineadas sobre una cancha de tierra, acogieron a los sencillos espectadores.

En la cooperativa Ebenezer, seis asociaciones de moradores de la enorme extensión popular de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, armaron su propio Hábitat III, un encuentro paralelo a la cita mundial organizada por las Naciones Unidas, en Quito.

Los carteles, hechos a mano en lonas rasgadas, anunciaban el desarrollo del Tribunal Internacional de Desalojos, un foro social de resistencia en el que se analizaron varias denuncias de “desalojos que se mantienen”, como indicaron algunos habitantes del lugar.

Jorge vive desde el 2006 en la cooperativa María Paidal, en Monte Sinaí. Se queja porque no puede hacer mejoras en la vivienda que comparte con ocho familiares. “Mi casa es de caña y solo nos dan permiso para arreglar con caña y no para avanzar con el cemento. Hay gente que ha hecho sus casas de bloque y se las han tumbado. Prácticamente, todavía existe el desalojo”, afirma.

Monte Sinaí es uno de los asentamientos populares más grandes de Guayaquil. Aquí viven cerca de 274 000 personas en 54 cooperativas de vivienda, según cálculos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi).

Monte Sinaí es uno de los asentamientos populares más grandes de Guayaquil. Aquí viven cerca de 274 000 personas en 54 cooperativas de vivienda, según cálculos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO

Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO


Desde el 2010 el sector ha sido continuamente vigilado. En ese año se emitió el Decreto Ejecutivo 607, que declara como Zona de Seguridad una extensión de 9 300 hectáreas, cercana al sitio donde nace el Canal de Trasvase Santa Elena.

En parte de esa extensión ya había población. Algunas familias fueron reubicadas en planes habitaciones, otras continuaron en áreas cercanas y otras fueron desalojadas.

Uno de los operativos más grandes fue mayo del 2013. Cerca de 1500 policías y 500 militares, con maquinaria pesada, derribaron unas 420 viviendas en las cooperativas Talía I y Talía II.

El caso fue analizado por Tribunal Internacional de Desalojos, una especie de corte de opinión puesta en marcha por organizaciones de la sociedad civil con ocasión de las Jornadas Mundiales Cero Desalojos-Por el Derecho de Habitar. La mañana de este sábado 15 de octubre de 2016, sesionó en Monte Sinaí con delegados de Italia, México, India, Perú, Taiwán, Canadá, Zimbawe y Estados Unidos.

El mexicano Guillermo Rodríguez Curiel, miembro del Tribunal, dice que lo que ha ocurrido en Monte Sinaí es conocido mundialmente. Indica que Ecuador es parte de los 198 países que firmaron el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y Culturales.

“El pacto insta a los gobiernos a tener una ley de vivienda que promueva la autoconstrucción, el mejoramiento y ampliación de vivienda. El Gobierno y el Municipio deben destinar recursos con este fin, para que estas familias tengan una vivienda adecuada y decorosa, como también lo manda la ONU”, aseguró Rodríguez, quien resalta que en el 80% de las viviendas del mundo se ha levantado por autoconstrucción, de mano de las propias familias.

Luego de escuchar varios testimonios, como el de Jorge, los delegados internacionales llegaron a un acuerdo. Parte del manifiesto establece recomendar que Monte Sinaí sea un sitio libre de desalojos, que se establezca una mesa de diálogo entre las autoridades y los moradores del sector y presentar un informe en abril del 2017 sobre alternativas para llegar a nuevas políticas de vivienda.

El objetivo de este tribunal es extender estas recomendaciones a ONU Hábitat, para pedir que se respete el asentamiento de Monte Sinaí. Además buscarán entrevitarse con la Corte Nacional de Justicia, para solicitar que se frenen los desalojos en el sector.

Desde el inicio, a las 08:00, el encuentro fue seguido de cerca por policías. Incluso en la madrugada los moradores denunciaron que un grupo de agentes llegó al sitio para derrocar los techados de caña y plástico que habían construido para protegerse del sol.

En 2014, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) entregó algunos certificados de adjudicación a parte de los moradores de Monte Sinaí. En febrero de ese año entregaron 714 de esos certificados en el sector Las Marías.

En abril de este año, delegados del Miduvi visitaron Monte Sinaí con los planos de los condominios que se levantarán para 2 319 familias del lugar. El proyecto cuenta con un préstamo de USD 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y mencionaron que sería una especie de laboratorio para que el Gobierno muestre sus planes de vivienda de interés social dentro de Hábitat III, ahora en desarrollo.

Las primeras viviendas serían entregadas por USD 130 mensuales, durante 25 años. Pero Esperanza no quiere dejar la que tiene ahora. En el 2008 pagó USD 500 por un terreno en la cooperativa Voluntad de Dios y desde entonces no ha conseguido dinero para reparar su casa de caña “que se mece como una hamaca”. “Dicen que las casas más sencillas del Gobierno cuestan USD 13 000. ¿De dónde voy a sacar esa plata?”.

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