23 de abril de 2018 18:16

Por segunda vez suspenden audiencia en caso de presunta violación contra niños de escuela pública de Guayaquil

Hernán Ulloa, defensor de los representantes de los niños, pidió esclarecer si el documento de justificación enviado por el abogado de uno de los maestros es verídico. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO

Hernán Ulloa, defensor de los representantes de los niños, pidió esclarecer si el documento de justificación enviado por el abogado de uno de los maestros es verídico. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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Por problemas de salud, el abogado de uno de los profesores acusados del presunto delito de violación pidió suspender la audiencia preparatoria de juicio, programada para este lunes 23 de abril del 2018. Esta es la segunda vez que se aplaza.

La diligencia era parte de un caso denunciado en octubre del año pasado, cuando un grupo niños de entre 7 y 8 años confesó que cuatro maestros de colegio los agredían sexualmente en el baño de la escuela pública donde estudiaban, en el norte de Guayaquil.

“Estamos indignados. Sentimos impotencia. Ya son siete meses y aún no tenemos justicia”, dijo la madre de uno de pequeños al salir de la fallida comparecencia en la Unidad Judicial Penal Norte 2.

El pasado 15 de marzo, otro de los defensores pidió diferir la diligencia. En esa ocasión justificó que al mismo tiempo tenía una audiencia en el cantón Samborondón.

El fiscal César Peña informó que la nueva comparecencia será el martes 2 de mayo del 2018, a las 08:00. Esta sería la audiencia definitiva, en la que dará a conocer su dictamen.

Los padres de los niños del colegio de Guayaquil pidieron justicia. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Los padres de los niños del colegio de Guayaquil pidieron justicia. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO


“De parte de la Fiscalía hemos pedido las sanciones pertinentes contra los abogados. En ocasiones anteriores, también bajo sus pedidos, se han aplazado las audiencias. Son artimañas para causar daño al proceso”, dijo el fiscal.

Peña estuvo a cargo de la indagación por el presunto delito de violación contra Bryan M. Z. y Egry Xavier M. B. El primero fue detenido en uno de los allanamientos a la escuela; el otro docente estuvo prófugo, fue incluido en la lista de los Más buscados y capturado a fines de enero.

Según el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la violación contra menores de 10 años de edad se sanciona con hasta 22 años de pena privativa de libertad.

Hernán Ulloa
, defensor de los representantes de los niños, pidió esclarecer si el documento enviado por el abogado de uno de los maestros es verídico. “No se puede burlar a la administración de justicia buscando la dilatación del proceso, hasta que se cumpla el año y caduque la prisión preventiva, para buscar bajo esta vía que estas personas recobren la libertad”.

Además indicó que la jueza Fabiola Vega solicitó la justificación del abogado, dispuso que peritos validen el documento médico presentado y ordenó asignar defensores públicos en caso de que no se presenten el próximo 2 de mayo.

Gustavo,
familiar de uno de los docentes, justificó la ausencia del abogado. También reclamó a la Fiscalía por no acoger algunos de sus pedidos, como que comparezca la sicóloga que entrevistó a los menores. “Mi hermano es inocente. Lamentablemente todo se generó desde que él dejó de año al hermano mayor de uno de los niños”, dijo.

En sus testimonios dentro de la cámara de Gesell, los menores relataron que los docentes los amarraban, golpeaban y obligaban a quitarse los uniformes para cometer el abuso. Dijeron que fueron fotografiados, filmados y que eran amenazados para regresar a diario a los baños. Este caso destapó una serie de denuncias en otros planteles públicos y privados del país.

Las quejas también involucran a Eduardo B. S. y Máximo M. M., maestros de la misma institución, que fueron llamados a juicio por el delito de tortura. La pena, en este caso, es de hasta 13 años de prisión según el COIP.

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