En la Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno se realizo la Asamblea Cuidadana con los trasportistas sobre el alza del pasaje en noviembre del 2014. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La consulta popular, uno de los mecanismos de la participación ciudadana que reconoce la Constitución, está teniendo un sentido de proliferación. Ya se lo vivió en tiempos de cuando se anunció el fin de la Iniciativa. Al colectivo Yasunidos, que buscó que se mantenga el petróleo bajo tierra, se les sumaron otras que impulsaron su propia consulta sobre el mismo tema: la de los alcaldes amazónicos (a favor de la explotación) y la del Frente de Defensa Total de la Amazonía, que sostenía que en toda la región debía retirarse.
En Guayaquil ocurre algo parecido. El Alcalde, Jaime Nebot, apoyado por unas 300 organizaciones, tiene previsto para hoy entregar dos preguntas sobre el alza de los pasajes, parte de su conflicto con el Gobierno Nacional y la transferencia de competencias. Pero ayer un grupo social, que dice haberse sentido excluido de la convocatoria de Nebot, presentó ante la sede provincial del Consejo Nacional Electoral 10 preguntas.
El escenario de las enmiendas también tiene una diversificación, pero con un condimento distinto. Al menos por ahora. Son tres agrupaciones que tienen como finalidad detener las modificaciones a la Constitución que pretende el oficialismo.
Compromiso Ecuador, Democracia Sí y Sociedad Patriótica. Cada uno por su lado está en compás de espera. Sociedad Patriótica debe especificar, según le pidió la Corte, más el carácter de sus preguntas. Compromiso Ecuador, luego de que el Consejo Nacional Electoral le dijera que tienen que enviar la pregunta a la Corte Constitucional, está a la espera de qué ocurre en ésta sobre lo que dictaminará de la pregunta de Democracia Sí, que ya fue aceptado el trámite y que también deberá esperar.
Mientras tanto, en un pueblo a 35 kilómetros al sur de Cuenca, luego de una larga espera por el pronunciamiento de la Corte, desde el 21 de febrero se comenzará la recolección de firmas, luego de una capacitación, para cumplir con todos los requisitos que se exigen en la entrega de formularios, para evitar la extracción minera.