13 de febrero del 2015 00:00

El Grupo Ortega se afectó en el mercado bursátil

La Superintendente de Compañías Suad Manssur dictó medidas cautelares en contra del Grupo Ortega. Foto: Cortesía Superintendencia de Compañías

La Superintendente de Compañías Suad Manssur pidió medidas cautelares en contra del Grupo Ortega. Foto: Cortesía Superintendencia de Compañías

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Redacción Negocios (I)

Las cuentas del Grupo Ortega Trujillo quedaron congeladas. Esto ocurrió luego de que tres empresas de este conglomerado fueron intervenidas por mantener deudas pendientes relacionadas con la emisión de obligaciones en el mercado de valores.

Ahora el Grupo Ortega Trujillo, que reportó ventas superiores a los USD 225 millones en el 2013 y que se ubica en el puesto 59 de los grupos económicos del SRI, debe afrontar un proceso legal.

La Unidad Judicial Civil de Guayaquil admitió un pedido planteado por la Superintendencia de Compañías y emitió medidas cautelares constitucionales en contra de 30 personas naturales, miembros de la familia, y 82 personas jurídicas.

El Grupo fue fundado en Guayaquil en los setenta y tiene actividades en los sectores automotor, inmobiliario, de salud, comercio, entre otros.

Pero la situación financiera de Inmobiliaria Terrabienes, Anglo Automotriz y Ecuafontes ha colocado al conglomerado en una difícil situación. Xavier Oquendo, procurador judicial de Suad Manssur, superintendenta de Compañías, detalla en la resolución judicial, que las empresas “denotan evidentes visos de lesividad para el interés general de todos los operadores del mercado bursátil y por ende, para la ciudadanía en general”.

Un informe de la Intendencia Nacional de Mercados del 29 de enero pasado avala la intervención de Inmobiliaria Terrabienes por falta de liquidez y solvencia para cumplir obligaciones, lo cual genera incertidumbre en el mercado bursátil.

Jorge Ortega Trujillo, representante de esta firma reconoció, que no estarían en capacidad de pagar los vencimientos de las obligaciones emitidas en el mercado de valores en años anteriores. Esta declaración es parte de la resolución del juez de la Unidad Judicial Civil. Terrabienes, que construye urbanizaciones como Ceibos del Río , Altos de Veranda y Olivos del Río, ha incumplido en la entrega de viviendas, según el documento emitido por el juez.

“Pagamos USD 20 000 de entrada en Veranda del Río. Luego de que nos dieron un tiempo de retraso de seis meses, aceptamos refinanciar la deuda. Cuando fuimos a firmar el documento nos dijeron que ahora eran 18 meses de retraso. Fuimos a ver los avances de la obra y constatamos que era un lote de tierra sin ningún trabajo”, cuenta Gisbert Avellán, uno de los compradores.

Roberto Robayo, experto en temas societarios, considera que la Superintendencia puede controlar e intervenir una compañía bajo ciertas causales, pero esto puede comprometer el patrimonio de los accionistas y afectar a terceros. “A mi criterio no hay una norma jurídica que le permita a la Superintendencia ir donde un juez y pedirle que se transforme en juez constitucional para que dicte medidas precautelatorias que están reservadas para proteger derechos de los ciudadanos”.

Robayo añadió que si las empresas ya estaban intervenidas y si se estableció que no iban a poder cumplir con las obligaciones que tienen con terceros y si su patrimonio no es suficiente para afrontar obligaciones, lo que debió hacer es liquidarlas.

Ecuafontes, proveedora de servicios médicos que opera en el mercado bajo la marca Médikal, es otra de las empresas intervenidas el 30 de enero. Un informe de calificación de riesgos al 31 de octubre del 2014 ubicó con B+ una reciente emisión de obligaciones por USD 2 millones. Julio Alberto Ortega, gerente de la empresa, reconoció ante las autoridades que tiene pagos pendientes con el SRI por lo que no pudo contar con la respectiva autorización para la emisión de facturas. Ecuafontes argumentó en enero que se vio afectada en los últimos meses en sus ventas por el entorno del mercado de prestación de servicios de salud. Esta caída en las ventas obligó a diseñar un programa de reestructuración de pasivos.

Anglo Automotriz, en cambio, registra una baja de sus ventas desde el 2011; alcanzando una disminución del 57,02% a finales del 2014. En el 2013 ya registró pérdidas por USD 495 685 y de la información emitida a noviembre del año pasado tuvo pérdidas acumuladas por USD 1,6 millones. Esto provocó la caída del patrimonio.

Según los directivos de la compañía, se vieron afectados por la limitación de cupos para importación de vehículos y kits de ensamblaje. Su intervención, al igual que la de las otras dos empresas, está sustentada en la Ley de Mercado de Valores.
Estas empresas tienen una vinculación familiar con el resto del Grupo. Fabián Jorge y Luis Ortega figuran alternativamente en las tres empresas.

En la Bolsa de Valores de Guayaquil, Fabricio Arellano, jefe del área de Estadística comenta que “hace poco” había conocido que Anglo Automotriz, incurrió en el impago de un cupón de capitales de intereses de una emisión de obligaciones en el mercado de valores. “Eso informó el agente pagador de la emisión, que es el Depósito Centralizado de Valores, y se comunicó a la Bolsa que en la fecha indicada no se emitió el pago respectivo”, comentó.

Viviana Garzón, abogada del Estudio García y Asociados, explica que el artículo 354 de la Ley de Compañías detalla que la intervención es para corregir irregularidades y evitar perjuicios, y que no se requiere que las empresas dejen de operar. Esto salvo si el Superintendente decidiera declarar disueltas las compañías porque las supuestas irregularidades ocasionaran una disminución tal en las empresas por lo que no pudieran continuar operando.

Este Diario consultó a Gustavo Ortega, abogado del Grupo, quien señaló: “no tenemos documentos de ningún tipo de detalles del proceso. Nos hemos enterado por la prensa”.

 

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