14 de noviembre de 2017 07:23

Gremios productivos presentaron 20 reparos al proyecto de Ley; pequeños empresarios pidieron su archivo

Los gremios productivos coincidieron en que el proyecto de Ley beneficia solo a una parte del sector productivo y desincentiva la inversión privada.  Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Los gremios productivos coincidieron en que el proyecto de Ley beneficia solo a una parte del sector productivo y desincentiva la inversión privada. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Redacción Negocios y Mónica Orozco (I)

El lunes, 13 de noviembre del 2017, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha (Capeipi) pidió el archivo del proyecto de Ley para el Impulso de la Reactivación Económica del Ecuador.

Durante la comperacencia a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, encargada del análisis de la iniciativa legal, el presidente de este gremio, Marco Carrión, mencionó que su principal propuesta es el archivo de la inciativa legal enviada por el Ejecutivo.

El anunció generó aplausos entre los representantes de otros gremios que también asistieron.

Pero no fue la única observación o solicitud de los pequeños empresarios. El sector pidió cambios profundos al proyecto de Ley. Otros gremios también presentaron sus preocupaciones y propuestas al paquete de reformas que busca recaudar más de USD 300 millones al año en nuevos ingresos tributarios.

También comparecieron Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador; Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano; Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito; y Lucía Calderón, representante de las organizaciones de la economía popular y solidaria.

Los gremios productivos coincidieron en que el proyecto de Ley beneficia solo a una parte del sector productivo y desincentiva la inversión privada. A continuación un extracto de los 20 reparos que presentaron al proyecto de Ley:

Para la Capeipi, el proyecto del Ejecutivo solo beneficia a una proporción de empresas; esto es, aquellas que facturan hasta USD 300 000. El sector había pedido que se amplíen los beneficios tributarios para empresas con una facturación de hasta USD 1 millón, pero no se incluyó en el paquete.

El gremio pidió a los asambleístas revisar el fondo común de capacitación, que hoy está en la Ley, pero que no está operativo.

También solicitó eliminar el impuesto a la renta (IR) para el decimotercer sueldo o bono navideño para quienes ganan más de USD 3 000 al mes como establece el proyecto del Ejecutivo. "Ese impuesto va a generar recursos que no estaban contemplados para los pequeños empresarios, que muchas veces se utilizan para pagar deudas o incluso obligaciones con el mismo Estado".

Otra preocupación sobre el paquete de reformas es la eliminación de beneficios para las empresas que reinviertan sus utilidades.
Si bien es positivo que las microempresas nuevas no paguen el impuesto a la renta durante sus dos primeros años de operación, como establece el proyecto, el plazo es insuficiente. El gremio considera que en ese tiempo no se consolida un negocio en el mercado.

Eliminar el anticipo al impuesto a la renta para todas las empresas o, al menos, para compañías que facturen hasta USD 1 millón.

Lucía Calderón, representante del sector de empresas de la economía popular y solidaria, planteó ampliar a más empresas y ampliar el beneficio mismo del 10% de deducción en el pago del impuesto a la renta cuando se compre bienes o servicios a las empresas de la economía popular y solidaria.

Crear un régimen especial para la afiliación del personal que labora en la economía popular y solidaria.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, dijo que el sector está preocupado por la eliminación del beneficio para la reinversión de utilidades.

La reforma quita la tarifa reducida del 10% del IR para el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Con ello ya no se motiva tributariamente la reinversión en investigación, según la CCQ.

El proyecto es contrario a la generación de un mercado de capitales, ya que la propuesta del Gobierno establece que los accionistas serán responsables solidarios por deudas u otras obligaciones pendientes de la administración de la empresa.
Para Alarcón, el resultado del incremento del 22 al 25% del impuesto a la renta será menos competitividad y menos productividad de la industria. Por ello, propuso mantener el 22%.

La reforma de Ley elimina la posibilidad de deducir las provisiones de desahucio y pensiones jubilares. La medida constituye un desincentivo a las empresas para que la contabilidad se lleve de mejor manera.

El gremio solicitó volver a la fórmula anterior del anticipo del impuesto a la renta para todas las empresas, sin discriminar a las grandes y pequeñas empresas.

El proyecto castiga los contratos de inversión. Las empresas que quieren invertir en proyectos de cambio de matriz productiva pagarán un impuesto a la renta del 28%. Las compañías que desarrollen proyectos mineros pagarán el 25% de impuesto a la renta. El gremio pide mantener en 22%.

Para Richard Martínez, presidente de la CEE, la reforma institucionaliza que la política fiscal esté por encima de la productiva, ya que crea un nuevo Comité de Política Tributaria donde se elimina al eje productivo. En este Comité entrarán como invitados y no con votos los Ministerios de Industrias y Comercio Exterior, dándole más poder al equipo económico. Lo mismo ocurrirá con la integración de la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera, donde también participan Industrias y Comercio Exterior, pero como invitados. Además se establece la sujeción de los cuerpos colegiados como el Comité de Comercio Exterior a dictámenes del Ministerio de Finanzas, so pena de responsabilidad penal o civil. Con ello, incluso la firma de acuerdos comerciales estará sujeta a la observación del equipo económico, advirtió la Cámara de Comercio de Quito.

La banca cuestionó que con la reforma se transfiere a las instituciones del sistema financiero privado la responsabilidad de satisfacer la demanda de liquidez con sus propias reservas en el exterior. “El proyecto de ley pone en riesgo la liquidez de la banca privada y la de sus depositantes porque obliga a usar sus reservas para responder a necesidades de efectivo de la economía y esto no responde a criterios de técnica bancaria, lo cual genera mayor riesgo”, explicó Julio José Prado, Presidente Ejecutivo de Asobanca.

Prado añadió que también preocupa una disposición que permite al Banco Central adquirir acciones de entidades financieras y no financieras del Estado, pues consideran que esto incentiva al Banco Central a adquirir títulos de escasa liquidez poniendo en riesgo sus reservas.

Otro tema que le preocupan a la banca es la obligatoriedad de pagar un impuesto, de entre el 0,5% al 2% a los retiros que superen los USD 4 000 en efectivo. En esto coincidió la Cámara de Comercio de Quito. Para este gremio, la medida complica actividades (construcción, pesca, sector agrícola) que requieren el manejo de efectivo en zonas rurales.

La Asobanca cuestionó la propuesta de entregar la competencia del registro de datos crediticios a la Superintendencia de Bancos, entidad que podrá prestar servicios de referencias crediticias directamente o a través de terceros. Esto, según Prado, podría generar un debilitamiento de la fuente de información para el análisis de riesgo crediticio.

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