6 de diciembre de 2016 00:00

Las grabaciones con celulares sí se usan en juicios

CAPTURAS DE PANTALLA DE VIDEOS En septiembre pasado, aparecieron videos colgados en YouTube, en donde se ve a dos militares instruyendo a un grupo de civiles.

Los fiscales están en la “obligación” de recopilar toda la información necesaria, incluidas las escenas que se denuncian en Facebook, Twitter, YouTube, y otras plataformas que operan en Internet. Foto: Captura de pantalla videos redes sociales

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Javier Ortega

Madrugada del 28 de junio del 2015. Un grupo de mujeres arrincona a una joven en una calle de la Zona Rosa de Guayaquil. Las sospechosas agreden e insultan a la víctima. Una de ellas se acerca por la espalda y corta los glúteos y el rostro de la modelo de 23 años. Todo el ataque es grabado con el celular de un testigo.

El video, de dos minutos y ocho segundos de duración, fue utilizado por la Fiscalía para abrir un proceso penal por tentativa de asesinato. Los agentes incluso analizaron las escenas para identificar a las mujeres y capturarlas.

Para los investigadores, esas imágenes se convirtieron en una pieza clave para el fallo judicial, que se dio siete meses después del suceso. El Tribunal condenó a tres mujeres a penas de entre 11 y 23 años.

El Código Integral Penal (COIP), vigente desde el 10 de agosto del 2014, ahora permite a los investigadores utilizar los videos que los usuarios graban con sus teléfonos de forma espontánea. Así rastrean a los autores de delitos.

El artículo 471 de la legislación penal dice que no requieren autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video o fotografías relacionadas a un delito, siempre y cuando se los obtenga en lugares públicos y de libre circulación.Y añade que se “pondrán inmediatamente a órdenes del fiscal en soporte original”.

¿Qué sucedía antes de la vigencia del COIP? La norma de ese entonces únicamente permitía realizar grabaciones con una autorización judicial previa o solo se usaban las escenas filmadas por cámaras públicas, como los Ojos de Águila.

Tania Moreno, fiscal provincial de Pichincha, asegura que las filmaciones que se difunden en redes sociales, por lo general, revelan delitos.

Por eso, la investigadora advierte que los fiscales están en la “obligación” de recopilar toda la información necesaria, incluidas las escenas que se denuncian en Facebook, Twitter, YouTube, y otras plataformas que operan en Internet.

En septiembre, por ejemplo, la Fiscalía de Pichincha abrió una indagación previa (investigación reservada) luego de que ­se filtrara en YouTube una grabación donde aparecen dos soldados instruyendo a un grupo de civiles. Uno de los militares explica en voz alta cómo comportarse en una manifestación. Simulan estar en la Plaza Grande y se habla de tres frentes para frenar una protesta.

A los dos primeros los llaman “grupos de choque”. “Si hay contraataque, ustedes son los primeros que van a enfrentarlos”, les advierte el soldado.

Al tercero lo denominan “de intervención y rescate” y sus integrantes están a cargo de ayudar a quienes resulten afectados en la movilización. “Estas son estrategias militares”, sostiene el uniformado.

Las imágenes permitieron identificar a los dos militares y a los civiles que participaron en ese entrenamiento, entre ellos a Carla Delgado, dirigente del colectivo Construye Ecuador, y Rodrigo Collaguazo, asambleísta alterno de Alianza País (AP). Ellos fueron citados por la Fiscalía, pero previamente dijeron que fue una mañana deportiva.

En los delitos penales, los investigadores deben remitir la grabación a la Unidad de Criminalística de la Policía. Allí se confirma que el contenido no haya sido manipulado.

Ese análisis se hizo en los últimos días a la filmación donde aparece la exjueza Lorena C. En las imágenes se la ve insultando y agrediendo a los policías que la detuvieron.

La misma pericia se realizará a la grabación donde se ve al juez Josafat M. negándose a ser detenido por los uniformados.
Ambos son procesados por el delito de ataque y resistencia.

En Quito, Eduardo Estrella, coordinador de la Unidad de Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía de Pichincha, comenta que las tomas son “un elemento fundamental para el proceso de investigación”.

En esa dependencia reposa una grabación difundida en redes sociales y que fue hecha por agentes que operan en Quito. Los uniformados auxiliaron a una mujer que fue atacada por su pareja, delante de su hija pequeña. En las escenas se ve a la víctima con heridas cortopunzantes y sangrando.

En la Fiscalía no hay un registro de cuántas grabaciones reportadas espontáneamente por usuarios se han empleado en investigaciones. Solo se conoce que desde agosto del 2014 hasta junio del 2016 esa entidad ha accedido a 33 222 videos del Ecu 911 (públicas). De esa cifra, 241 se usan actualmente en juicios contra sospechosos.

En la Fiscalía de Tránsito de Quito también se ha vuelto frecuente el uso de este tipo de imágenes. Los investigadores emplean filmaciones hechas espontáneamente en al menos el 50% de todos los casos que llegan a esa dependencia.

“(Las escenas) evidencian el accidente y se puede determinar al responsable”, explica Bolívar Burbano, coordinador de la Fiscalía de Tránsito.

Él, por ejemplo, ha utilizado videos en 60 de los 131 procesos que han llegado a su despacho.

En las tomas se ha podido detectar si los conductores están ebrios, si incumplieron las señales de tránsito o si manejaron a exceso de velocidad.

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