29 de marzo del 2016 00:00

Los gobiernos seccionales hacen ajustes ante la falta de recursos

El mantenimiento vial en el sector de Cusubamba, provincia de Cotopaxi, es una de las obras suspendidas por falta de presupuesto en la Prefectura. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

El mantenimiento vial en el sector de Cusubamba, provincia de Cotopaxi, es una de las obras suspendidas por falta de presupuesto en la Prefectura. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

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ecuador@elcomercio.com

El anuncio de otro recorte a las asignaciones preocupa a los municipios, prefecturas y gobiernos parroquiales que ya programaron sus operaciones para el 2016. El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, dijo a inicios de este mes que se viene una reducción adicional de USD 200 millones para los gobiernos seccionales.

Si se concreta, ese rubro se sumaría a la disminución que se contempló en el presupuesto del 2016. La asignación quedó en USD 2 861 millones para los gobiernos seccionales, que representaron 392 millones menos respecto al 2015.

Hasta el momento, el Gobierno adeuda las transferencias de enero y febrero. A inicios de este mes, Herrera calculó que serían unos USD 460 millones y dijo que esperan igualarse en abril. Por ello, los organismos seccionales insisten en estrategias como buscar créditos, reducir los gastos de personal o priorizar las obras.

El 17 de este mes se reunieron 12 prefecturas, de las cuales nueve pertenecen a dos mancomunidades, para exigir las asignaciones, pues no saben cómo financiar sus actividades. René Terán, coordinador general de la Mancomunidad del Norte del Ecuador, dice que ninguna prefectura grande o pequeña se salva de la falta de dinero porque dependen exclusivamente del Estado. Si hay otro recorte, Terán asegura que no podrán pagar los sueldos, menos hacer obras, que están paralizadas en algunas provincias.

A esta mancomunidad (Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos) le deben USD 46 millones, según Terán. Al reclamo se sumaron el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales Amazónicos, que reúne a Napo (su Prefecto no asistió), Pastaza, Orellana, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Sucumbíos; y los prefectos de Cotopaxi, Bolívar, Loja y Azuay.

En las municipalidades también hay preocupación. Según la directora financiera del Municipio de Cuenca, María Fernanda Vintimilla, si el Gobierno oficializa otro recorte habrá graves aprietos. Cree que la primera opción será recortar personal, suspender horas extras, entre otras medidas.

El alcalde cuencano, Marcelo Cabrera, también realiza gestiones para obtener recursos de organismos crediticios como la CAF. Los montos aún no se han difundido.

El Municipio de Riobamba aplicará la misma alternativa porque sus asignaciones bajaron en cerca de USD 3 millones. Por eso buscan un préstamo con el Banco del Estado para obras prioritarias.

“Buscamos nuevas fuentes de financiamiento para compensar el desfase... Actualizamos las tarifas del impuesto predial y estamos efectivizando la cartera vencida del 2014 para incrementar los ingresos”, dice Julio Navarro, director financiero del Cabildo.

En Riobamba se prioriza el Plan Maestro de Agua Potable y obras complementarias. El 2015 se invirtieron USD 12 millones y este año se prevé USD 8 millones que saldrán del presupuesto municipal. Pero se necesitan otros 33 millones para acabar el proyecto. Por ello, se gestiona un crédito por ese monto en el Banco del Estado, a 15 años con dos de gracia.

Al recorte presupuestario se suma el retraso en las asignaciones. De acuerdo con la Dirección Financiera del Municipio cuencano, la deuda de enero y febrero supera los USD 8 millones. 15 millones más son por las obras del tranvía, que es financiada por el Gobierno Nacional y un préstamo concedido por Francia.

Una estrategia para seguir con los trabajos del tranvía es vender los Títulos de Valores del Banco Central (TBC). El alcalde Cabrera firmó un convenio con el Ministerio de Finanzas, tras el anuncio del Gobierno Central de efectuar la devolución del IVA para los gobiernos seccionales a través de los TBC. El Municipio ya comercializó USD 6,5 millones a empresas cuencanas, que los usan para pagar impuestos.

El recorte de USD 5 millones al presupuesto del Consejo Provincial de Cotopaxi, por su parte, impedirá la ejecución de obras de vialidad, riego, saneamiento ambiental... Para cubrir el déficit y evitar despidos, la Prefectura optó por ejecutar obras en mancomunidad o gestión compartida, comenta el prefecto Jorge Guamán.

Este año, el Gobierno Provincial de Cotopaxi preveía invertir USD 500 000 en estudios y consultorías en temas ambientales, manejo de páramos y microcuencas, pero no hay partidas. Guamán asegura que los viáticos bajaron de USD 100 a 30
o 45 al día y la devolución se cumple con la entrega de facturas.

En Guayaquil, el Concejo Cantonal no ha tomado una decisión sobre un ajuste presupuestario. Pero el alcalde Jaime Nebot dijo que no se pueden cambiar las rentas que por Constitución y por ley le corresponden a los gobiernos seccionales. La postura municipal es que si se hizo un Presupuesto General del Estado con ‘cero dólares’ por ingresos petroleros, ya no hay de dónde recortar más en las asignaciones.

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