23 de diciembre de 2016 10:47

Gobierno español promueve reforma para evitar cortes de electricidad a personas consideradas vulnerables

Autoridades españolas anunciaron una reforma completa llamada “bono social”, con al cual 2,3 millones de hogares de toda España gozan de un descuento del 25% sobre su factura energética por ser consideradas como “vulnerables”. Foto: EFE

Autoridades españolas anunciaron una reforma completa llamada “bono social”, con al cual 2,3 millones de hogares de toda España gozan de un descuento del 25% sobre su factura energética por ser consideradas como “vulnerables”. Foto: EFE

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Agencia AFP

El gobierno español anunció este viernes 23 de diciembre del 2016 una reforma con la que quiere evitar cortes de suministro eléctrico a personas pobres, tras el escándalo provocado por el fallecimiento de una anciana que no podía pagar su factura de luz.

La reforma completa el llamado “bono social”, gracias al cual 2,3 millones de hogares de toda España, es decir siete millones de habitantes, gozan de un descuento del 25% sobre su factura energética por ser consideradas como “vulnerables”, según datos del gobierno.

Se trata en buena medida de familias numerosas, jubilados que cobran la pensión mínima y hogares con todos sus miembros desempleados.

En caso de impago, la compañía no podrá cortar el suministro sin aviso. Deberá notificar la situación al cliente y comprobar con la administración regional correspondiente si se trata de “un consumidor extremadamente vulnerable”, en cuyo caso no se aplicará el corte, explicó el viernes a la prensa el ministro de Energía, Álvaro Nadal, tras el consejo de ministros. Dicho mecanismo rige ya en Cataluña (noreste).

Álvaro Nadal insistió en que la materialización será laboriosa, ya que el gobierno conservador, minoritario en el Congreso, deberá negociar los detalles con los demás partidos políticos y las administraciones regionales.

Igualmente, y por tratarse de un sector sensible, “tiene que llevar el visto bueno de la Comisión Europea”, añadió.

Las conversaciones políticas sobre la cuestión comenzaron a raíz del fallecimiento de una anciana el pasado noviembre.

La mujer de 81 años vivía con su nieta en la localidad catalana de Reus. Desde hacía dos meses tenía la luz cortada por impago.

De noche iluminaba su vivienda con velas, y un día una de ellas originó un incendio en el que falleció por la inhalación de gas.

El caso se convirtió rápidamente en el símbolo sangrante de la pobreza energética que desde hace años denuncian diversas entidades de activismo social en España, coincidiendo con la pérdida de capacidad adquisitiva por la crisis y un considerable aumento de las tarifas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, entre 2006 y 2015 el precio de la luz se encareció un 56%, el del gas un 28% y el agua un 43%.

Por su lado, el partido izquierdista Podemos convirtió esta causa en un caballo de batalla, y en un reciente informe elaborado por tres eurodiputados fustigó las conexiones políticas de las grandes empresas energéticas.

Numerosos altos cargos se marcharon a éstas como consejeros poco después de dejar el Gobierno, como fue el caso, entre otros, de los exministros socialistas Pedro Solbes (Enel) y Elena Salgado (Endesa), o los expresidentes José María Aznar y Felipe González quienes luego colaboraron respectivamente con Endesa y Gas Natural.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)