15 de February de 2010 00:00

‘El Gobierno no puede interferir’

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Redacción Política

¿En Ecuador se debate una Ley de Comunicación y en ella se pretende regular a los medios públicos. Pero desde un punto de vista político, ¿cómo le suena  eso?

En Cataluña y en España, los partidos políticos siempre han querido inmiscuirse en los procesos informativos. A nosotros nos ha costado mucho sacar al Gobierno de los medios públicos. Hasta un año, el Gobierno podía decidir quién será el director general de la televisión pública. Entonces, el director se debía al Gobierno y no a los ciudadanos. También se conformaba un ‘staff’ progubernamental.

¿Eso ocurría?

El régimen del presidente (José María) Aznar apoyó la invasión de Iraq. Entonces, a los periodistas se les ordenó de que no hablen contra la guerra. Los que daban voz a gente, a personas que se oponían a la invasión, sufrían represalias. Ahora no es así.

¿POR QUÉ ESTÁ AQUÍ?
Su experiencia. Es Presidenta del Consejo de Información en Cataluña, España. Además, ha sido por 30 años reportera de la televisión pública española.   
Su punto de vista. Ella cree que los gobiernos no deben inmiscuirse dentro del trabajo de los medios públicos.

¿Por qué no lo es?

Hace un año se hizo una nueva Ley de la Televisión Pública y se decidió que el Parlamento decidiera quién sería el director general.  Aunque los partidos políticos tienen influencia, no es directa del Gobierno. Tenemos una experiencia de dos años con medios públicos y los periodistas se quejan del trato. Por ejemplo, si van a un Ministerio, les advierten que deben sacar una nota positiva.

¿Cómo evitar eso?

Eso también ocurría en España.  Los gobiernos de cada jurisdicción creían que los medios eran sus brazos ejecutores o de propaganda. Sacar esa presión ha costado mucho a los periodistas. Pero al final se lo está consiguiendo. No es la situación ideal, pero hay buenas  reformas. Los medios públicos son vitales para un país, cuando los medios privados están trabajando mucho para sus intereses de multinegocios y de multimedia. Y no en el derecho del ciudadano. El deber del medio público es servir al ciudadano y es una aberración que los gobiernos quieren inmiscuirse en esto.

Aquí la relación entre el Gobierno y los medios públicos nace del dinero. ¿Cómo romper esa relación?

En España  sucede lo mismo. Pero si existe una ley que dice que los gobiernos no pueden nombrar a los directores de los medios públicos, sino que serán escogidos por un consejo de la información, por el Parlamento o por otra manera, no habrá ese brazo directo del Gobierno para influir. Siempre los medios van a funcionar en el Estado, pero hay que defender el derecho de los ciudadanos a recibir la información. Los ciudadanos deben ser los primeros en exigirlo.

¿Cómo sería el cambio?

Uno de ellos es que exista un consejo de redacción para que desaparezca esa influencia. Luego que la ciudadanía debe exigir unos medios públicos transparentes y profesionales, no supeditados a los gobiernos, por mucho que pague el dinero. 

¿El Estado puede considerar que los medios públicos no son un buen negocio?

El medio público no es una empresa, es un servicio como el correo o la luz. Su obligación no es ganar dinero, su deber es formar, informar y entretener.

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