21 de enero de 2016 22:30

Gobierno de Maduro se niega a comparecer al Parlamento por emergencia económica

Nicolás Maduro aseguró que la oposición parlamentaria planea un golpe en su contra, como contra Hugo Chávez en 2002. Foto: Agencia EFE

Nicolás Maduro declaró la emergencia económica en Venezuela en los primeros días del 2016. Foto: Agencias

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Agencia AFP

El gobierno venezolano se negó a comparecer ante el parlamento el jueves 21 de enero del 2016 para informar sobre la situación de la economía, en el marco de un decreto de emergencia dictado por el presidente Nicolás Maduro y que debe aprobar o rechazar el Legislativo este viernes.

La sesión parlamentaria de este jueves fue suspendida porque los ministros del área económica cancelaron su asistencia al rechazar la presencia de medios de comunicación durante su interpelación.

Reunido en el palacio de gobierno con esos funcionarios, el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, manifestó que la mayoría opositora en la cámara pretende “montar un show mediático” , y defendió la postura del chavismo alegando que “hay información que es de Estado” y “no puede ser dilucidada públicamente”.

Para el funcionario, “la imprudencia de alguien no puede poner al Estado en dificultades” ni se puede “arriesgar al país”.

Más temprano el presidente del parlamento, Henry Ramos Allup, había informado que el propio Istúriz le comunicó que “los ministros citados (...) no concurrirían a la sesión de esta tarde, donde deberían contestar las preguntas formuladas por escrito, si esa sesión iba a ser pública con presencia de los medios” .

Maduro se había comprometido la pasada semana, durante su rendición de cuentas ante la Asamblea, a que los ministros responderían a los legisladores.

Ante la inasistencia, Ramos Allup expresó que el Legislativo iniciará un procedimiento por desacato contra los funcionarios.

Istúriz invitó a los diputados a una reunión en la Vicepresidencia este viernes para “conversar de manera franca” y “entregarles la información”.

El decreto de emergencia económica dictado por Maduro es cuestionado por la oposición, industriales y sindicatos, que alegan que amenaza la propiedad y la empresa privada, destruye el poder adquisitivo, compromete el empleo y mantiene políticas que han conducido al país a la actual crisis.

Venezuela tuvo una inflación anualizada de 141,5% a septiembre de 2015, cifra oficial apenas conocida la semana pasada puesto que el gobierno decidió no divulgar la mayoría de los indicadores económicos durante el año pasado.

Aunado al aumento del costo de vida, la economía siguió hundida en una recesión que significó un retroceso de 4,5% en el PIB entre enero y septiembre del año pasado (oficial) , con un déficit público de 20% del PIB para el año, según estimaciones privadas.

Según el gobierno, el decreto de emergencia económica permitirá atender áreas como salud, educación, vivienda y alimentación, y promover acuerdos con el sector privado, mientras se inicia la transición de un “modelo rentístico agotado” dependiente del petróleo a un modelo productivo.

“Mas de lo mismo” 

Admitiendo que la situación es “catastrófica” , Maduro decretó una emergencia económica por 60 días que ya fue validada por el Tribunal Supremo de Justicia.

El Mandatario espera superar la “tormenta” sin apelar a medidas de corte neoliberal, aunque ya se plantea el aumento del precio de la gasolina venezolana, la más barata del mundo (0,015 dólares por litro) .

“Espero que sea aprobado por unanimidad (...) y que la Asamblea me ayude a timonear esta tormenta”, señaló el gobernante el martes ante empresarios.

Con un modelo estatista y dependiente históricamente de la renta petrolera, Venezuela enfrenta una crisis desde 2013 que se agravó por el desplome de los precios del crudo, generador del 96% de sus divisas.

La caída de los ingresos ha generado la acumulación de deudas comerciales por unos USD 12.000 millones  y escasez de productos básicos, además de un malestar social que se tradujo, según analistas, en un “voto castigo” contra el chavismo en las legislativas del pasado 6 de diciembre por una ciudadanía hastiada de las colas en los comercios.

Aunque ha expresado su compromiso de ayudar al gobierno a solventar la crisis, la oposición cuestionó de antemano el decreto por considerar que abre la puerta a nuevas expropiaciones, lo que “aleja la inversión” , y establece un “corralito” sobre el devaluado bolívar.

“Es más de lo mismo, no hay nada nuevo”, afirmó Ramos Allup, quien dijo que el gobierno colocó a la oposición en una disyuntiva: “si aprobamos el decreto, estamos compartiendo culpas que no son nuestras sino del Ejecutivo; y si no aprobamos, es la excusa perfecta del gobierno para decir que no resolvió la crisis porque la Asamblea no aprobó el decreto”.

La oposición considera que el gobierno debe revertir el férreo control de precios de productos altamente subsidiados y unificar los tres tipos de cambio, que conviven con un paralelo 145 veces más alto que la menor tasa oficial, reservada a la importación de alimentos y medicinas.

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