8 de septiembre de 2017 11:07

Gobierno apunta a reducir el déficit en USD 1 000 millones

En la Plataforma Gubernamental del norte de Quito, inaugurada en mayo de este año, trabajan cerca de 4 200 servidores públicos. Foto: Archivo/EL COMERCIO

En la Plataforma Gubernamental del norte de Quito, inaugurada en mayo de este año, trabajan cerca de 4 200 servidores públicos. Foto: Archivo/EL COMERCIO

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Redacción Negocios
y Política (I)

El Gobierno se ha propuesto reducir el déficit en el Presupuesto del 2018 en por lo menos USD 1 000 millones y en esa línea, la Presidencia de la República emitió el pasado 1 de septiembre de 2017 el Decreto 135, que con 29 medidas, estaría orientado a alcanzar esa meta.

“Ya se redujo en algo el déficit del 2017 y nuestro siguiente paso es reducir USD 1 000 millones más. Esperamos para el 2018 cerrar el año con un déficit de 3,5% del PIB”, dijo el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre a este Diario.

Desde el Ministerio de Finanzas no se detalló cuánto aspira ahorrar el Gobierno por cada una de las disposiciones que contempla el Decreto 135. Sin embargo, de todos los gastos que se pretenden ajustar con la medida, aquellos relacionados con remuneraciones y salarios son los más significativos, según la ejecución presupuestaria hasta junio de este año. Los gastos en personal alcanzan los USD 9 192, 5 millones en el presupuesto del 2017.


De la Torre reconoció que el ajuste en temas de nómina no es sencillo, pues un recorte drástico del gasto público provocaría que el PIB del país se desplome a cifras negativas.

“No es fácil cuando se tiene un gasto corriente donde el 87% es pago a maestros, médicos, policías y militares. Dicen que no hay un recorte importante del gasto público, pero si recorto el gasto público de forma dramática, ¿ a cuánta gente debo botar a la calle? ¿Cuántos hospitales y escuelas tengo que cerrar?”, señaló.

Jaime Carrera, del Observatorio de Política Fiscal, señala que con el Decreto 135 los gastos en nómina se reducirían en una porción modesta en relación con el tamaño total de gastos que tiene el país.

“El Decreto está en la dirección correcta, pero no va a ser suficiente, porque el Estado tiene gastos de más de USD
2 000 millones. Los resultados van a depender de la disciplina con la que lo ejecuten las instituciones del Estado”, señala.

Por su parte, Mauricio Pozo, exministro de economía, considera que las medidas de austeridad van por un buen camino. “Si estas representan más o menos un 10% menos de los gastos en salarios, se lograría un ahorro de unos USD 900 millones, más las otras decisiones, podrían ser unos 1 300 millones”.

El Decreto 135 está dividido en dos bloques de medidas. El primero contempla acciones relacionadas con gastos en personal y el segundo con bienes y servicios. En este último se disponen medidas como eliminar la compra de pasajes premier, regular la contratación de propaganda y publicidad, eliminar pagos de viáticos por gastos de residencia, cuando se contrate a un funcionario de otra ciudad, entre otras.


Una de las primeras acciones que detalla el documento es la reducción del 10% de los salarios a los funcionarios con sueldos superiores al grado 2 en el nivel jerárquico superior. Se exceptúa a los directores y gerentes de hospitales, centros y unidades de salud; a los miembros activos de Fuerzas Armadas, Policía y Comisión de Tránsito.

También se ordena racionalizar el pago de horas extraordinarias y suplementarias, poniendo un techo de 30 horas máximas por mes; y se elimina el pago de la remuneración variable por eficiencia para lo que queda del 2017 y el 2018.

En el primer semestre de este año, el pago por horas extra representó USD 16,2 millones, mientras que por remuneración variable por eficiencia llegó a USD 287 505.

Nicolás Acosta, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, recomienda acompañar la medida con otras acciones. “Lo que ahora se necesita es definir cómo van a financiar la deuda del presupuesto: con más bonos, es decir, más deuda”, indica.

Asamblea analiza decreto

En el Decreto 135 se establece que las reducciones en el gasto permanente se aplicarán a todas las instituciones descritas en el artículo 225 de la Constitución. Ahí figura la Función Legislativa.  En la Asamblea Nacional no está claro si esto sucederá o no.

Luis Fernando Torres (PSC), integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL), explica que el Legislativo es autónomo, por lo que la instrumentalización de las medidas de austeridad deberá hacerse a través de una resolución del CAL. Por el momento esta instancia no ha sido convocada para tratar este tema.

El asambleísta adelanta que su voto será a favor y asegura que no tiene problema en que se reduzca su sueldo o beneficios como la utilización de vehículos oficiales o planes de telefonía móvil, que también tiene límites en el Decreto.

En Alianza País (AP) existen posturas opuestas. Ximena Peña, coordinadora de la bancada, cree que lo decretado por el Presidente aplica solo para el Ejecutivo, pero no descarta que el CAL pueda acogerse.

Aunque recuerda que en el 2015 ya se redujo el sueldo de los asambleístas en 17%, a USD 5 009 mensuales. En esa ocasión el CAL, mediante una resolución, acogió la medida del Ministerio de Trabajo.

Jorge Yunda, asambleísta oficialista, respalda el decreto del Mandatario. El legislador considera que la Asamblea no solo que debería plegarse a las medidas como la reducción de sueldos y el cierre de vacantes. Este asambleísta cree que en una consulta popular se debería plantear la reducción del número de legisladores a un máximo de 40.

En contexto

El 7 de agosto, el presidente Moreno anunció las primeras medidas de austeridad: la venta de uno de los aviones presidenciales, la venta de 333 bienes de Inmobiliar y la reducción del 10% de los salarios de los funcionarios del nivel jerárquico superior.

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