18 de mayo de 2016 10:46

Gobierno flexibiliza la revisión técnica del transporte público

Ayer, técnicos del centro de revisión de Guamaní, en el sur de Quito, inspeccionaban las unidades de servicio público. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

Ayer, técnicos del centro de revisión de Guamaní, en el sur de Quito, inspeccionaban las unidades de servicio público. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

El cambio apareció en el Decreto Ejecutivo 975 del 8 de abril. Allí se dice, entre otras cosas, que la revisión mecánica para el transporte público ya no será dos veces al año como estaba vigente, sino solo una.

En el documento no se incluyen argumentos ni estudios técnicos, solo una explicación jurídica que advierte lo siguiente: como hubo“cambios sustanciales” en la Ley de Tránsito, el Código Penal y en las reformas a la Ley de Tránsito era “necesario armonizar las normas reglamentarias con las disposiciones legales”.

Este cambio, vigente desde el 26 de abril, se contrapone con lo que el Mandatario estableció en el 2012, cuando expidió el Reglamento a la Ley de Tránsito.

Allí el Presidente señalaba que la revisión técnica vehicular tiene entre sus objetivos “garantizar las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos, reducir la falla mecánica, mejorar la seguridad vial, la capacidad de operación del vehículo, reducir las emisiones contaminantes, y comprobar la idoneidad de uso.

¿Qué pasará ahora con la reforma? En Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) prefiere esperar y hasta ayer no hubo un pronunciamiento oficial al respecto.

José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, en cambio, cree que “era lógico” que se hiciera esta modificación. “Los transportistas públicos eran los únicos que cumplíamos con este procedimiento dos veces al año”.

Y dice que las condiciones mecánicas de las unidades se garantizarán con controles preventivos y correctivos que se hacen en las operadoras.

En Cuenca, la primera ciudad que asumió la revisión técnica en el país, temen un posible aumento de la polución y de los accidentes.

En la capital azuaya hay alrededor de 6 000 vehículos de transporte público, entre buses, taxis, busetas escolares, de carga pesada, camionetas, entre otros.

Alfredo Aguilar, gerente de la Empresa de Movilidad de esa ciudad, advierte que estos vehículos recorren –en promedio- tres veces más que un auto particular y por eso se hacía dos revisiones anuales.

¿Es suficiente una sola inspección al año? Ayer (17 de mayo), EL COMERCIO cruzó datos con la ANT. A través de un correo, el organismo aclaró que la revisión técnica no es el único control. Y agregó que se ejecutan operativos de rutina en las 63 terminales terrestres del país.

Ahí se evalúan “las condiciones de los vehículos antes de viajar”. Y si no las cumplen, se les niega la salida. Además, los datos de esa entidad refieren que en el país los buses ocupan el quinto lugar entre los ocho tipos de vehículos que están involucrados en accidentes.

Pese a esta cifra, la organización Justicia Vial advierte que el transporte público provoca los siniestros más graves.

Ayer, por ejemplo, un autobús de la cooperativa Transportes Ecuador Ejecutivo se accidentó en Machachi, Pichincha. Hubo un muerto y una decena de heridos.

A inicios del mes pasado, otra unidad que cubría la ruta Shushufindi-Quito, cayó a un abismo y dejó dos muertos. En octubre pasado, un bus cayó al abismo y provocó 10 fallecidos en la vía Durán - Tambo.

Un año antes, otro bus que cubría la ruta Manta - Quito se accidentó en la vía Alóag - Santo Domingo y causó 15 víctimas mortales y 16 heridos.

Para Wilmer Bravo, gerente de la Cámara de Transporte de Cuenca, no es tan real que la reforma pueda incrementar los percances. “Habrá contados conductores que no vayan a los chequeos”.

Ayer, Guayaquil también reaccionó al Decreto 975. Andrés Roche, gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, dijo que no aceptarán la disposición y mantendrán las dos revisiones anuales, sobre todo por la “seguridad de los usuarios y por el uso intensivo de las unidades”. Y aclaró que “dentro del concepto de autonomía y teniendo la competencia, podemos establecer nuestra propia política de revisión”, a través de ordenanzas.

Pero juristas aseguran que el decreto tiene mayor jerarquía y que disposición del Presidente debe cumplirse.

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