Este 6 de marzo del 2017, Paúl Villarreal, director general de la Unidad de Análisis Financiero; el ministro coordinador de Seguridad, César Navas; el canciller Guillaume Long y la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, emitieron un pronunciamiento del Gobierno sobre los informes de los Estados Unidos respecto a Derechos Humanos y lavado de dinero. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO
Cada funcionario repitió el mismo discurso. Primero fue el canciller de Ecuador, Guillaume Long; luego el ministro de Seguridad, César Navas; le siguió el director de la Unidad de Análisis Financiero, Paúl Villarreal, y finalmente la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga.
Este 6 de marzo del 2017, todos deslegitimaron los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre drogas y derechos humanos, publicados entre el jueves y viernes pasados (2 y 3 de marzo). Los cuatro funcionarios los tacharon de “unilaterales”.
Long sostuvo que Estados Unidos “no tiene atribuciones para emitir críticas, observaciones, recomendaciones o listas” sobre terceros países. Y aclaró que esos documentos tienen “clara intencionalidad política”.
En el informe sobre drogas, EE.UU. señaló que Ecuador está entre las 88 naciones con mayor lavado de activos en el 2016.
El Canciller recordó que el país norteamericano “existe un gran problema de lavado de activos” y añadió que allí se “viola constantemente los DD.HH.” Y por eso dijo que “no tiene capacidad moral para emitir un informe así”.
El ministro Navas, en cambio, habló de la lucha antidrogas que ha ejecutado el Gobierno en los últimos 10 años. Dijo, por ejemplo, que en el 2016 se confiscó 110 toneladas de narcóticos a escala nacional, la cifra más alta en la historia del país.
El funcionario además señaló que el informe “es ilegítimo y nada técnico”, pues “no representa el esfuerzo del país ni la política integral”.
También señaló que en esta década han invertido USD 829 millones en el combate al fenómeno de las drogas.
Paúl Villareal, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, recordó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ente encargado de vigilar las políticas en contra del lavado de activos, excluyó en el 2015 al Ecuador de la ‘lista negra’ de países con deficiencias en el control de este fenómeno.
El funcionario dijo que desde abril próximo dirigirá el control fronterizo para evitar que se den casos de blanqueo de capitales a través de las fronteras.
El informe de EE.UU. señaló que el lavado de dinero se da en Ecuador a través de “actividades comerciales, empresariales y de servicios/oficinas de envío de dinero”. También reveló que “criminales de bajo nivel cruzan la frontera hacia Ecuador para hacer depósitos” en estas oficinas.
Finalmente, la ministra Zúñiga también cuestionó el informe de DD.HH. publicado por Estados Unidos. Dijo, por ejemplo, que Ecuador ha reducido el hacinamiento en los complejos carcelarios del país.
“Invitamos a EE.UU. que haga público cómo están los privados de libertad en la cárcel militar de Guantánamo”, señaló Zúñiga.