25 de agosto de 2016 12:43

Gobierno Colombiano defiende subsidio a exguerrilleros para evitar violencia

Las FARC deben "convencer a los colombianos en las urnas", consideró el Alto Comisionado de la Paz. Foto: EFE

Las FARC deben "convencer a los colombianos en las urnas", consideró el Alto Comisionado de la Paz. Foto: EFE

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Agencia EFE

El equipo negociador del Gobierno colombiano en las negociaciones de paz de La Habana defendió el 25 de agosto la necesidad de que los guerrilleros de las FARC desmovilizados que se integren a la vida civil reciban un subsidio temporal para prevenir la "metástasis de la violencia en las ciudades".

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, explicó en una rueda de prensa, un día después de la presentación del acuerdo final de paz, que se busca enfrentar "el riesgo de metástasis de la violencia en las ciudades", por lo que la medida constituye "un seguro para los colombianos".

Por el momento no existe un cálculo exacto del dinero que requerirá el pago de este subsidio, ya que el coste total de la medida dependerá del número total de desmovilizados, aunque sí se ha dado a conocer que los exguerrilleros recibirán en los primeros 24 meses hasta el 90 % del salario mínimo legal "para mantenerse".

La pensión finaliza, explicaron, en el momento en el que cada beneficiado se reincorpore al mundo laboral o bien pasados esos 24 meses, en que la pensión quedará condicionada a la conclusión de su formación educativa, tal y como ocurre en la actualidad.

El senador Roy Barreras, integrado también en el equipo negociador, aclaró que no hay "ningún sueldo ni jubilación" para las FARC, sino que se trata de una medida que busca que en Colombia no se reproduzca lo ocurrido en países de Centroamérica tras el fin de conflictos en los que los excombatientes recurrieron a la delincuencia como forma de vida.

"La guerra es mucho más costosa", añadió Barreras.
Además, el equipo gubernamental precisó que el Estado colombiano "no ha renunciado a perseguir" los bienes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Respecto a los posibles "disidentes" de la guerrilla que no acepten el acuerdo presentado en La Habana, los generales integrados en la comisión negociadora del Gobierno advirtieron que sobre ellos caerá "todo el peso" de las instituciones y de la Ley.

El general Jorge Mora Rangel sostuvo que los soldados y policías colombianos, garantes de la pervivencia del estado democrático durante el conflicto, "son los victoriosos de este proceso" de negociación de paz.

"Con relación a las disidencias que puedan pasar, como ha sucedido en todos los conflictos de la historia (...) todo el peso de nuestras instituciones se orientará hacia ellas", agregó, en tanto el general óscar Naranjo apostilló que "quien quede fuera del acuerdo recibirá todo el peso de la ley".

En relación a la futura representación política de las FARC, los negociadores del Gobierno colombiano reiteraron que "no hay ni habrá" curules otorgados "a dedo", y que la formación deberá acudir a las elecciones de 2018.

Las FARC deben "convencer a los colombianos en las urnas", consideró el Alto Comisionado de la Paz, Sergio Jaramillo, aunque el senador Barreras precisó que la formación guerrillera acudirá a los comicios "en condiciones que garanticen una mínima vocería".

Además, los negociadores reiteraron que no escatimarán esfuerzos en explicar a los colombianos con "pedagogía neutra" los detalles del acuerdo presentado el 24 de agosto del 2016 en La Habana, con el que se cierran 44 meses de complejas negociaciones para poner fin a cinco décadas de conflicto en el país andino.

Los seis puntos generales del acuerdo abarcan la reforma rural, participación política, cese el fuego bilateral y definitivo, dejación de armas, solución al problema de las drogas ilícitas, justicia y reparación a las víctimas, y mecanismos de implementación y verificación.

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