6 de octubre de 2017 00:00

Gobierno tiene tres vías para las propuestas postergadas

El presidente Moreno explicó el lunes a su Gabinete el seguimiento que se dará a las demás propuestas recibidas. Foto: Patricio Terán/EL COMERCIO

El presidente Moreno explicó el lunes 2 de octubre de 2017 a su Gabinete el seguimiento que se dará a las demás propuestas recibidas. Foto: Patricio Terán/EL COMERCIO

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Adriana Noboa

El Gobierno recibió 2 739 propuestas de preguntas, por parte de 700 ciudadanos, organizaciones políticas y sociales, gobiernos locales, el sector privado y autoridades públicas. Sin embargo, la consulta popular del Ejecutivo consta de siete preguntas. Para las demás habrá tres opciones.

Uno de los temas que más acuerdos concentraba entre las agrupaciones sociales y políticas era, por ejemplo, el cese de funciones de todas las autoridades de control designadas por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Esta no consta en la consulta, pero sí quedará a discreción del Consejo transitorio, en caso de que la pregunta sobre el Cpccs sea aprobada.

Hay otros puntos como devolver el 40% del aporte del Estado al IESS; la derogación del Decreto 813, sobre la renuncia obligatoria; la derogación de los decretos 16 y 739, sobre la regulación a las organizaciones sociales; la reforma del sistema electoral; derogar la Ley de Comunicación y eliminar su condición de servicio público; eliminar por completo las enmiendas aprobadas en 2015, entre otras.

Pero uno de los colaboradores cercanos del presidente Lenín Moreno, secretario de Educación Superior y consejero, Augusto Barrera, afirmó que “todos los que participaron van a tener su respuesta”.

El funcionario contó que las propuestas serán sistematizadas y se elaborará una matriz para su tratamiento. Esto quiere decir -explicó- que algunas podrán convertirse en proyectos de ley, de iniciativa del Ejecutivo, que se discutirá en los próximos días.

En este grupo están las “que hemos clasificado como convenientes para el pueblo ecuatoriano”, dijo Moreno. Miguel Carvajal, secretario de Gestión de la Política, agregó que esperan trabajar en una agenda conjunta con el bloque legislativo de Alianza País.

Algunos planteamientos ya están en lista. Por ejemplo, los de salud podrán incluirse en el debate del Código de Salud.

Lo mismo con los de educación, especialmente los relacionados a la admisión a las universidades, “tienen que incorporarse en la discusión de la reforma a la Ley de Educación Superior”, dijo Barrera.

Otro grupo de propuestas podrá ser tratado directamente a través de Decretos Ejecutivos, según Carvajal.

Barrera destacó que, en este caso, puede entrar el pedido de las organizaciones sociales que solicitan la derogación de los decretos 16 y 739. Sin embargo, no habló de una supresión, sino de una reforma, “para ampliar las perspectivas de participación y organización”.

Un tercer camino será la inclusión de ciertas propuestas en la agenda gubernamental como programas o políticas públicas, según adelantó el mismo Mandatario. Porque explicó que no todos los temas requieren de una consulta popular o de una reforma legal.

Los partidos y movimientos, así como las organizaciones sociales, estarán pendientes de estos ofrecimientos. Giovanni Atarihuana, titular de Unidad Popular, advirtió que le toman la palabra al Presidente.

Ellos seguirán demandando los mismos temas que impulsan las organizaciones sindicalistas y del Frente Popular.

Estos son el aporte estatal al IESS, para lo cual presentarán un proyecto de ley al Mandatario. La derogatoria de los decretos 16 y 739, atado a la devolución de la personería jurídica de la Unión de Educadores.

La devolución de los fondos de cesantía de los maestros, un nuevo Código Laboral y la derogación del decreto 813, reformas a la Ley de Comunicación.

Luis Verdesoto, de la Plataforma por la Democracia y los Derechos Humanos, que agrupa a varias organizaciones de la sociedad civil, dice que continuarán impulsando la reforma del sistema electoral y de la Justicia, especialmente las atribuciones del Consejo de la Judicatura. Asimismo disminuir las funciones del Cpccs.

Pero advirtió que se debe esperar a que la Corte Constitucional y después la ciudadanía den su veredicto. Ya que ahí se verán los resultados de la consulta y por dónde continuar.

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