21 de mayo de 2017 00:00

Gobierno de AP cambió la arquitectura del Estado

La Constituyente de Montecristi y la nueva Carta Magna abrieron la ruta para esa reestructuración.

La Constituyente de Montecristi y la nueva Carta Magna abrieron la ruta para esa reestructuración.

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Adriana Noboa

En el plan de Gobierno 2007-2011 de Alianza País (AP) se estableció el camino para la reestructuración del Estado. Fue una oferta de campaña del presidente Rafael Correa.

Entre los objetivos del Plan estaban controlar y fiscalizar la administración pública, para que las entidades no sean “cuevas de las mafias políticas vinculadas al poder económico de la oligarquía y de la banca”. La primera línea de acción de AP se denominó “revolución constitucional y democrática”. Para eso se convocó a una consulta nacional para instalar una Asamblea Constituyente. La idea fue aprobada por el 81,7% de electores, en abril de 2007, y la Carta Magna de Montecristi, apoyada por el 63,9%; entró en vigencia en octubre de 2008.

Para el constitucionalista Juan Francisco Guerrero lo pendiente es la independencia de funciones. Para él solo hubo un cambio: se sustituyó a los partidos tradicionales por personas afines a la tendencia del oficialismo. Antes, los gobiernos que lograban el poder buscaban la gobernabilidad repartiendo los espacios de poder al resto de partidos políticos.

Alianza País, en cambio, lo hizo concentrando y controlando las instituciones. Se crearon instituciones y se nombraron funcionarios de Transición: Comisión Legislativa y de Fiscalización, Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura.

AP, en un principio, propuso un Estado descentralizado, que transfiera competencias, recursos y poder de decisión. Incluso, como consta en su plan, propuso reducir el “hiperpresidencialismo”. Luis Fernando Torres, legislador reelecto por el PSC, asegura que la dirección que tomaron en AP fue otra.

El Ejecutivo tuvo más competencias y fuerza. Incluso se convirtió en el principal legislador. De las 74 leyes aprobadas en el último período, 43 fueron iniciativa del Ejecutivo. Además, el Presidente usó el recurso de los decretos para su gestión: 2 946 en ocho años. Los gobiernos provinciales tienen ocho competencias constitucionales y los municipales 14.

Se crearon nueve zonas de gestión para implementar las políticas públicas a través de los ministerios. Guerrero acepta que se distribuyeron recursos a los gobiernos locales, pero en los años de auge económico. Fue un modelo que se basó en la bonanza petrolera. Por eso, cuando los precios bajaron y se conjugaron otros problemas financieros, el país enfrentó una crisis.

Las primeras elecciones bajo el nuevo marco constitucional, con la segunda victoria del presidente Rafael Correa, ampliaron el camino para ahondar la reestructuración. Se crearon nuevas instituciones y se reorganizó el organigrama estatal. Por ejemplo, se aumentaron dos funciones: Transparencia y Electoral.

La Electoral se dividió en dos entidades, el CNE y el TCE. Y en la segunda se creó el Consejo de Participación Ciudadana, que nombra a las autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y las superintendencias. El Ejecutivo también se extendió. Se incrementaron secretarías y ministerios.

Surgió la figura de los ministerios coordinadores. En el primer gabinete de Correa se nombró a 17 ministros, ahora son 28. Torres acepta que sí hubo una reestructuración, pero de la administración pública. Esto, dice, ha brindado niveles de mayor eficiencia de los que había en el pasado. Se ha mejorado la infraestructura física, aumentó la burocracia y hubo una modernización.

Pero agrega que esto no es igual a reestructurar el Estado. “Los controladores ganaron competencias y los ciudadanos perdieron libertades”. Mauro Andino, exlegislador oficialista, rescata el incremento de la participación ciudadana, en la construcción de leyes y en la misma fiscalización. Guerrero lo contradice.

Asegura que la fiscalización y control son inexistentes, aunque los entes reguladores hayan incrementado. El Gobierno estableció las rendiciones de cuentas; el Jefe de Estado concluirá su período con 523 enlaces ciudadanos. Pero, la fiscalización legislativa ha ido decreciendo, en el primer período se procesaron 21 solicitudes de juicio político, mientras que en el anterior solo se dio paso a una.


Qué se ofreció

Independencia de funciones
Una Función Judicial autónoma e independiente, no manejada por los partidos políticos ni los grupos de poder. Una Función Legislativa que recupere la capacidad de legislar y fiscalizar.

Fortalecer el control público
Reestructuración de las superintendencias, la Contraloría y la Procuraduría. El establecimiento de nuevas instancias de control, por ejemplo, en el campo ambiental.

Reformar las instituciones
Reestructuración de las entidades financieras, ministerios y empresas públicas, y sobre todo cumplir con su papel de defender el bien público en el corto y largo plazos.

Participación ciudadana
Estimular y crear mecanismos de participación de la ciudadanía, como presupuestos participativos, fiscalización social de la obra pública y las veedurías ciudadanas.

Reformar el sistema electoral
Dar paso a la despartidización de las instancias electorales, garantizar el acceso equitativo, establecer un techo al gasto electoral y asegurar un piso mínimo a los candidatos.

Descentralización de gestión
Fortalecer los procesos de desarrollo local. Ir a un proceso agresivo de descentralización, de desconcentración y de correctas autonomías, pero sin cacicazgos locales.



Qué se hizo

Se reformó el sistema judicial
Los jueces y el Consejo de la Judicatura se escogen por concurso. El Legislativo procesó 21 juicios políticos en su primer período y 1 en el segundo, con la mayoría absoluta de AP.

La Función de Transparencia
Se aumentó la Función con 10 entidades. Se crearon las superintendencias de Control del Mercado, Comunicación y de Economía Popular y el Consejo de Participación Ciudadana.

El Ejecutivo se extendió
Ahora existen 22 ministerios regulares, 6 coordinadores y 8 secretarías. Al inicio se crearon y dividieron empresas públicas. Desde 2015, otras entidades fueron fusionadas y eliminadas.

Consejo de Participación
Con esta nueva institución se abrió el proceso de designación de autoridades por concurso, con comisiones ciudadanas de selección, y la creación de veedurías ciudadanas.

Cambio del sistema político
Se creó la Función Electoral, con una parte operativa y otra jurisdiccional. Se establecieron requisitos para los partidos, límites en campaña y fondo público de promoción electoral.

Transferir las competencias
Por mandato constitucional se otorgaron competencias exclusivas a los gobiernos provinciales y cantonales, así como la entrega de recursos para ejecutar su cumplimiento.

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