4 de noviembre de 2015 10:10

Gobierno espera un acuerdo amistoso para el pago a la Oxy

El caso Occidental (Oxy).   La petrolera que operaba  el Bloque 15 (foto) demandó al Ecuador en el 2006.

Occidental se encargó de la operación del bloque 15, que hoy se encuentra manejado por parte del Estado ecuatoriano. Foto: Archivo. 

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Carolina Enríquez
Redactora (I)

Al menos tres opciones plantean analistas, para que Ecuador pueda cancelar el monto por indemnización, fuera de intereses y costas judiciales a Oxy. El pago a plazos, la entrega en operación de un bloque o un mecanismo combinado son las opciones, según expertos.

El pasado lunes 2 de noviembre de 2015, la Procuraduría General del Estado (PGE) indicó que el Comité del Centro de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial (BM)determinó que a Ecuador le corresponde pagar USD 1 061,7 millones tras dictaminarse que el laudo contra el país, del 2012, era parcialmente nulo.

Leonardo Sempértegui, consultor jurídico en temas petroleros, indicó que la decisión del Ciadi está contenida en 141 páginas en las que Ecuador presenta varios argumentos para la nulidad del laudo. El tribunal arbitral solo aceptó uno: que a Occidental le correspondía el 60% del valor de la indemnización por haber cedido el 40% de sus derechos a AEC (luego Encana y Andes).

La decisión de nulidad, dice Sempértegui, no menciona una fecha exacta de cumplimiento, solo que “la ejecución del laudo se reinicia inmediatamente”.

En ese marco, el Gobierno busca un acuerdo con la petrolera. “Si Oxy nos declara insolventes, nos incauta todo, el rato que hay un default, el último que cobra es Oxy (...) estamos en contacto con Oxy para que cualquier arreglo sea para las dos partes”, dijo el sábado 31 de octubre de 2015, el presidente Rafael Correa.

Ayer 3 de noviembre de 2015, durante la sesión solemne por la Independencia de Cuenca, hizo un recuento del caso y recalcó que el país busca “una salida amistosa”.

Por ahora, no se conocen los detalles de este mecanismo de solución. El pasado 14 de octubre, el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, anticipó que hay un acuerdo de confidencialidad sobre el tema.

Para Sempértegui hay alternativas de solución como “la entrega de la operación de un activo petrolero, y que de allí la empresa vaya cobrando”. No recibirían el 100% de las ganancias del bloque, explicó, porque el tema es de tarifas. Por ejemplo, si la tarifa a recibir fuera USD 30, el Estado podría pagarle 35 por barril “hasta que con esos 5 adicionales, en N años, recupere los USD 1 061,7 millones de laudo y se retorne a la tarifa normal”.

La idea es que la estrategia de pago sea conveniente a ambas partes y que se establezca un tiempo corto, ya que la definición sobre el monto a pagar por Ecuador tomó nueve años.

La velocidad en la que se negocie lo determinan las partes. No hay fecha establecida para que se defina el mecanismo de solución sobre el pago.

Una las propuestas, según Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, podría ser que “la deuda se negocie a plazos. Es impagable y no tenemos de donde hacerlo”. Él considera que las propuestas que se hagan dependen de la política que maneje el Presidente y la capacidad negociadora de quienes estén al frente del proceso. “Habría también que negociar los intereses generados”.

Luis Calero, experto petrolero, indicó que pueden aplicarse cualquiera de estos dos mecanismos e, incluso, uno de carácter mixto.“El pago puede ser en especie, en dinero o ambos. Yo creo que Occidental podría tener su interés en algún campo. No hay que olvidarse que cuando estuvo aquí tenía interés en el bloque 31 o en el ITT”.

El analista considera que se debería aplicar una modalidad contractual que no esté relacionada con el modelo de prestación de servicios por tarifas.

Para a las 10:30 de hoy 4 de noviembre de 2015 está prevista una rueda de prensa de la PGE, en la que se dará una explicación sobre la decisión del Comité de Anulación.

El pasado lunes, a través de un boletín, el procurador del Estado, Diego García, destacó que el monto a pagar pasó de USD 1 769,6 millones a 1 061,7 millones, gracias a los argumentos jurídicos que presentó la Procuraduría.

Al cierre de la edición no había pronunciamiento de la Oxy en su sitio web, sobre este caso.

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