11 de febrero de 2016 16:32

Gobierno actuó de oficio en caso Issfa y no agotó la vía judicial

El Parque Samanes está ubicado en el norte de Guayaquil; un complejo de 851 hectáreas con áreas verdes y canchas. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

El Parque Samanes está ubicado en el norte de Guayaquil; un complejo de 851 hectáreas con áreas verdes y canchas. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Javier Ortega
Redactor (I)
jortega@elcomercio.com

Diciembre 7 del 2010. Ante el notario cuadragésimo de Guayaquil y bajo juramento, los representantes del Ministerio del Ambiente y del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) aceptaron las 11 cláusulas del contrato de compraventa.

En uno de los puntos se habla del precio: USD 48,2 millones por los 66 lotes ubicados en lo que hoy, 11 de febrero del 2016, se conoce como Parque Samanes, en Guayaquil.

Hoy, el valor de esos terrenos genera disputas entre el Issfa y el Gobierno, al punto de que el Ministerio de Finanzas anunció que descontará USD 41 millones al seguro militar por un supuesto pago en exceso.

La decisión se dispuso pese a lo que se establecía en las condiciones del contrato de compraventa. En la undécima cláusula se dice que Ambiente y el Issfa solucionarán posibles controversias a través del procedimiento de mediación de la Procuraduría del Estado.

Ese organismo ya arbitró entre el Ministerio y el Issfa. El 18 de noviembre del 2015, el Procurador suscribió un informe en el que pide que se “rectifique o modifique” el proceso de compraventa “con la finalidad de que se calcule la diferencia pagada en exceso”.

La recomendación no tuvo efectos y por eso el Gobierno intervino y anunció el descuento. Esto sucedió sin tomar en cuenta la úndecima cláusula que señala que “en los casos de acuerdo parcial, o imposibilidad de llegar a un acuerdo, las partes podrán iniciar procesos judiciales ante el juez competente de Quito, a fin de discutir en el juicio las diferencias”. Esto no ha ocurrido.

Ayer, al actual ministro de Ambiente, Daniel Ortega, se le consultó por qué el Gobierno decidió descontar los USD 41 millones sin una orden judicial previa, como lo fija el contrato.

El funcionario aseguró en Ecuavisa que, una vez que la Procuraduría identificó el supuesto pago en exceso, se actuó “de oficio para corregir (el problema), sin una orden judicial”. Y añadió que de esa manera se “precauteló el orden constitucional”.

Pero hay contrapuntos. El Alto Mando militar, destituido el viernes anterior luego de rechazar públicamente el descuento de los USD 41 millones, también citó el art. 372 de la Constitución para cuestionar la decisión del Gobierno.

En ese artículo se precisa que “ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de los fondos o reservas, ni menoscabar el patrimonio” del seguro social universal.

Para hoy, las asociaciones de militares retirados convocaron a soldados del país a una movilización. La cita será en uno de los salones del Issfa, ubicado en el norte de Quito.

Los uniformados pasivos, a través de un comunicado, advirtieron que la reunión tiene como fin “consolidar nuestro apoyo y delinear las acciones legales, ante los organismos nacionales e internacionales, que se deban adoptar” en caso “de continuar con esta sistemática afectación a recursos del Issfa”.

El informe de la Procuraduría dice que fue el propio Ministerio del Ambiente quien propuso al Issfa la transacción de los lotes por USD 48,2 millones. De hecho, Marcela Aguiñaga, entonces titular de esa secretaría de Estado, firmó la promesa de compraventa.

Ayer, este Diario, por segunda vez, solicitó una entrevista con Aguiñaga, quien ahora se desempeña como vicepresidenta de la Asamblea. Sus asesores aseguraron que la legisladora permanece en Guayaquil y que se podría agendar una cita a partir del próximo lunes 15 de febrero.

Infografía Parque Samanes

Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, admitió que “hubo errores de buena fe” en la compra de los lotes “Lo estamos enmendado (...) Por eso hicimos el débito” al Issfa.

A pesar de que el contrato fija la intervención de un juez para dirimir las controversias, la Contraloría ya anunció un examen especial al proceso de compraventa. El organismo solicitó al Issfa y a Ambiente documentos para su análisis.

Las conclusiones y recomendaciones de ese examen son “de cumplimento obligatorio”. Ayer, Mera señaló que acatarán la decisión del ente de control. Esas declaraciones se dan pese a que Finanzas confirmó el descuento del dinero “pagado en exceso” de las cuentas del seguro militar.

Cuando se pagó por los lotes, el Issfa recibió los USD 48,2 millones a través de dos transferencias bancarias, según consta en la escritura pública. El primer desembolso se lo hizo el día que se firmó el contrato, por USD 24 millones.

En la escritura se lee que Ambiente e Issfa aceptaron que los valores, la forma de pago y el estado de los predios va en beneficio de los intereses de ambas partes y en lo posterior “nada tiene que reclamarse”.

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