30 de octubre de 2017 00:00

Dos glosas contra el vicepresidente Glas suman USD 80 millones

Jorge Glas cumple prisión preventiva por presunta asociación ilícita en Odebrecht. Foto: archivo EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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Un nuevo informe de la Contraloría General del Estado señala a Jorge Glas. Cuando todavía no se dilucida cómo se aplicará la sanción de destitución notificada el 27 de octubre, la entidad de control interpuso dos glosas en contra del funcionario por su gestión como Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos.

La primera es de USD 49 millones por la “terminación, liquidación y pago del contrato que Petroecuador y EDC Ecuador tenían firmado para la explotación y exploración de hidrocarburos (gas) en el Bloque 3 (golfo de Guayaquil)”.

La segunda es de USD 31 millones por ceder “el contrato de concesión suscrito entre Celec y MachalaPower a favor de la corporación Celec”.

Las dos fueron notificadas el 11 de octubre y se derivan del examen especial de auditoría Dase-0013-2016, el cual habla de irregularidades.

Glosa de USD 49 millones

En el caso del Bloque 3, la Contraloría dice que las entidades relacionadas con el proceso no tienen documentos que respalden el procedimiento efectuado para el pago de USD 49 millones por la liquidación del contrato con EDC Ecuador.

Según el ente, luego de detectar la falta de información se pidieron más datos a los involucrados. Producto de ello, se determinó que, efectivamente, “no se reguló el proceso para fijar el valor de la liquidación del contrato de participación del Bloque 3”.

Además, “no se establecieron los procedimientos, parámetros y criterios para fijar el valor de la liquidación de los contratos y su forma de pago”.

La Contraloría advierte, además, que “no se cuenta con información que permita verificar el procedimiento de cálcu­lo con el cual se estableció el valor de USD 49 millones”.

Glosa de USD 31 millones

En cuanto al pago de 31 millones a MachalaPower, la Contraloría indica que tampoco hay un archivo del “expediente que contenga los documentos generados y que respalden el procedimiento efectuado”.

Pero también asegura que en “los ministerios Coordinador de Sectores Estratégicos y de Energía Renovable, Celec y Arconel no cuentan con información que muestre el proceso de cesión del contrato de concesión de MachalaPower.”

Y se aclara que tras los pedidos de información, las entidades proporcionaron los datos “de forma parcial y con demora de hasta 69 días”. Esto “no permitió conocer y verificar los procedimientos efectuados por los representantes del Estado ecuatoriano, para fijar el justo valor de la cesión del contrato y la transferencia de los activos relacionados”.

La Contraloría asegura que “para fijar los USD 31 millones de pago no se conoce si se nombraron comisiones de negociación por parte del Estado”.

Sobre esto hay otra observación: “El valor cancelado a la empresa MachalaPower solamente se respaldó en el estudio efectuado por la consultora Gaffney Cline”. Y se asegura que los directores ejecutivos del Conelec (actual Arconel) no emitieron la normativa, reglamento e instructivo que regule el procedimiento de cesión de los contratos.

Ayer, 29 de octubre, EL COMERCIO busco una versión del abogado de Glas, Eduardo Franco Loor, pero aseguró que estaba manejando y pidió que le llamaran luego. Después no contestó.

Exministros señalados

A más de Glas, la glosa global de USD 80 millones también es para otras tres personas, entre ellas el exministro de Recursos Naturales no Renovables Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, a quien en el informe de la Contraloría se le identifica como Viceministro de Hidrocarburos.

Pástor dijo que esto es “pura politiquería” y que hasta ayer no recibía la notificación. “Conozco que estoy en ese tema. Pero en ambos casos (las dos glosas) hay fórmula, método de evaluación. Pero no sé por qué ignoran el estudio completo que se entregó a fines de diciembre del 2010. No sé qué es lo que buscan. Las glosas no tienen fundamento alguno”.

Además, aseguró que se “está persiguiendo a todo el que ha estado relacionado con alguna razón con el Vicepresidente. Es un absoluto absurdo, esto”.

Por eso, Pástor dijo que responderá con base en los documentos que tiene a la mano.

Dentro de este examen especial 0013-2016, la glosa de USD 31 millones también es para el asambleísta Esteban Albornoz, como exministro de Electricidad y Energía Renovable. Ayer, este Diario intentó dialogar con él, pero no fue posible.

En cambio, a un secretario de Hidrocarburos le glosaron con USD 49 millones.

Todas las personas señaladas en este informe, a más de tener la glosa (responsabilidad civil), tienen responsabilidades administrativas.

Para responder a la primera, los exfuncionarios tienen 60 días y para la segunda, 30 días.

Fuentes de la Contraloría dijeron que el plazo corre desde el 11 de octubre del 2017.

La destitución de Glas

Paralelamente a la glosa en contra de Glas, actualmente se discute cómo aplicar la destitución fijada, la semana pasada, por la Contraloría General.

Fuentes de esa entidad señalaron que la destitución de Glas es una sanción administrativa prevista en la ley, por hechos relacionados con sus funciones cuando fue Ministro de Estado, pero que la amonestación tiene efectos inhabilitantes para el cargo posterior.

Además, indicaron que una resolución de destitución de la Contraloría es de obligatoria ejecución e inhabilita por dos años para ejercer cargos públicos. La sanción -según esas fuentes- debe ejecutarla la autoridad nominadora.

¿Qué pasa con el caso del Vicepresidente de la República? En la Contraloría se indica que la Asamblea Nacional, que lo posesionó, debería proceder a la destitución con sus propios reglamentos.

En la entidad de control se indica además, que hay pérdida de idoneidad para el cargo de Vicepresidente por la inhabilidad derivada de la destitución señalada por la Contraloría. Esta también se encuentra vinculada con el indicio de responsabilidad penal por peculado, que desde agosto está en conocimiento de la Fiscalía y que motiva un juicio político.

En la Asamblea, el tema genera reacciones. Luis Fernando Torres, legislador por el Partido Social Cristiano (PSC), señala que si el Vicepresidente fuera destituido por el Contralor, el juicio político que se prepara en la Asamblea quedaría sin piso. Él, junto con otros legisladores de oposición y oficialistas, consideran que la Contraloría no tiene entre sus competencias sacar a Jorge Glas del actual cargo.

En estos días, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla, denunció un presunto manejo político de la Contraloría General del Estado.

La bancada oficialista analizará esta semana los alcances del informe de la Contraloría.

En contexto

El vicepresidente Jorge Glas fue arrestado la noche del 2 de octubre. Desde entonces, está en la Cárcel 4 de Quito. La Fiscalía tiene dos expedientes en su contra: una instrucción por presunta asociación ilícita y una indagación previa por supuesto cohecho.

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