10 de diciembre de 2017 00:00

Exveedor Gerardo Portillo afronta siete años de conflicto legal

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Fernando Medina
Redactor (I)

Tres meses y seis días en la cárcel. Gerardo Portillo está detenido en el CDP de Quito desde el 4 de septiembre.

Desde entonces, todos los fines de semana recibe la visita de su padre, un hombre de 86 años, y de su madre, de 81. En el patio del reclusorio hablan hasta una hora y media.

La última vez que se vieron contó que está en un curso de guitarra y que hace figuras de papel. Así trata de evadir la pregunta recurrente de sus padres: ¿cuándo saldrá libre?

La respuesta siempre es la misma y les dice que faltan pocos días. Padre y madre piensan que Portillo está detenido por una infracción de tránsito.

No les han contado que cumple una condena de un año por una denuncia que el expresidente Rafael Correa planteó en su contra, en el 2010.

Ese año, el exmandatario lo acusó por falso testimonio, luego de que Portillo y otros cuatro veedores revelaran que él sí sabía de los contratos de su hermano Fabricio Correa.

Cuando se enteró que estaba preso, el padre de Portillo sufrió una parálisis facial y su madre tuvo un preinfarto. Los médicos le dijeron a Rocío, hermana de Gerardo, que estos problemas se desataron por la preocupación que padecían.

Ahora, los cinco hermanos del exveedor preso evitan contarles detalles de lo que sucede o que vean noticias donde aparece su hijo. La única salida que ve la familia es que el presidente Lenín Moreno lo indulte.

Desde que fue apresado, su abogado Ramiro Román ha presentado tres pedidos. Los primeros resultados llegaron el martes de esta semana.

Ese día, un delegado de la Presidencia visitó a Portillo en la cárcel y tres días después, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, confirmaba a EL COMERCIO que el informe sobre la petición está listo y que la próxima semana será presentado al Presidente.

Cuando se enteró de esta noticia, Carlos Portillo, hermano mayor del exveedor, apuró a decir que “es un alivio”. Pero espera que el informe sea favorable y que su liberación se concrete antes de Navidad. “Cada año, Gerardo lleva el pavo a hornear, porque los hermanos y sobrinos nos reu­nimos en casa de mis papás. Queremos que eso se repita”.

La última vez que se encontró toda la familia fue tres días antes de que Portillo fuera detenido. Viajaron a Esmeraldas y visitaron las playas de Tonsupa y Atacames. Aprovecharon para festejar la llegada de una hermana que vive en España.

Ella no había visto a Gerardo desde hace seis años y quiso organizarle su cumpleaños 44, que lo festeja cada 9 de septiembre. Pero para esa fecha ya estaba encarcelado.

El viernes, Rocío recordó que su hermano vive en su casa desde hace seis años. Cuando llegó, el juicio planteado por Correa ya estaba en marcha y su esposa se había separado de él.

Tenía problemas económicos porque debía costear los abogados. En los siete años que duró el conflicto legal, el exveedor ha gastado más de USD 50 000. Ese monto lo cubrió con la venta de una casa y de un vehículo. También perdió un minimarket que había abierto en el norte de Quito.

La veeduría no le dejó ningún beneficio, pues era un servicio que no fue remunerado.

¿Cómo llegó Portillo a vigilar los contratos del Estado? Su cuñado Jorge Hidalgo recuerda que antes de presentarse a la selección fue sindicalista de Petroindustrial y conocía los procesos de contratación.

En un principio fue parte de los cinco veedores suplentes, pero la falta de uno de los principales hizo que pasara a ser del grupo titular y luego firmó el informe final que fue rechazado por Correa.

Desde ese momento, su vida laboral ha sido inestable. Su hermana cuenta que trabajó en tres entidades públicas, pero luego de un tiempo lo despedían sin razón. En cambio, en las empresas privadas dejaba el puesto, porque no le daban permiso para ausentarse y asistir a las diligencias.

Su último trabajo fue en el Municipio de Quito. A esa entidad renunció en mayo, cuando le notificaron la sentencia de última instancia. Portillo salió de Quito y se refugió en una casa hacienda de Imbabura.

A ese lugar también llegó Pablo Chambers, otro de los veedores que fue sentenciado por la denuncia de Correa. Él actualmente está libre, pero tiene una boleta de captura activada. Este Diario se comunicó con Chambers a través de un intermediario. En un e-mail, el exveedor dijo que trabaja fuera de las ciudades grandes para evitar ser detenido. Espera que Portillo sea liberado pronto.

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