11 de December de 2009 00:00

La gente exige más participación

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Redacción Política

El derecho a la libertad de expresión se ensalzó en los carteles que colocaron estudiantes de Relaciones Internacionales, en el acceso principal de la Universidad de las Américas (UDLA), en Quito.

El presidente de la Asociación de Estudiantes de ese centro académico, José Boada, precisó que el acto busca recordar la importancia de esos derechos frente al proyecto de Ley de Comunicación que pretende aprobar la Asamblea Nacional. También se realizó por el Día Mundial de los Derechos Humanos.



Hay que regular los medios y no sancionarlos
Daniela Iturralde
Foro de la Niñez y de la Adolescencia“Si el Gobierno está a la cabeza del control a los medios querrán que pensemos como ellos. Decidirán qué es bueno o malo”, dice Boada. “Es la libertad de expresión  la que está en riesgo”, sostiene José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte de Pichincha. Para él, “hay intereses de controlar todo a través de la nueva Ley de Comunicación. Se necesitan normas pero en las que la ciudadanía rija”, agregó  el dirigente.

Una interrogante que está latente frente al proyecto es si se trata de una norma hecha en beneficio del ciudadano o del poder.

Daniela Iturralde, de 17 años, es parte del Foro de la Niñez y de la Adolescencia. A su juicio, para que esta propuesta legal no se haga a la medida  del  Gobierno es necesario impulsar su socialización. “Un grupo de personas no pueden decidir por todos; se debe difundir el proyecto y mejorarlo”. 



La Ley es para el Gobierno, no para la gente
José Boada
Dirigente estudiantil universitarioEl artículo  17, por ejemplo, determina el derecho de las personas y colectivos a la libertad de información, expresión y opinión.  “A expresar sus ideas, pensamientos, opiniones (...) sin censura previa y con responsabilidad ulterior”. Se menciona la participación ciudadana en las veedurías y en el Consejo de Comunicación.

Sin embargo, Jorge Benítez, presidente de la Asociación de barrios del sur de Quito, no sabe hasta qué punto habrá autonomía en esas instancias. Aunque teme que  el Gobierno quiera abusar con la Ley de Comunicación, por su facultad controladora, sí aprueba que haya una norma que regule a los medios.

Una  forma de participación activa de las personas es a través de los pedidos de rectificación. Es decir,  si una persona se siente afectada por  una información que haya vulnerado sus derechos. Flor Sánchez, del Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas, cree que la rectificación  no es suficiente. “La gente debe tener el poder real”.     

En ese sentido, la Ley plantea un proceso de rectificación a través del Defensor del Público  y  otro  a través del Consejo de Comunicación, lo que vuelve más  engorroso el trámite para el ciudadano. 

El artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho  a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los jueces (...)”.

Pero la necesidad de la rectificación no es  nueva. Está respaldada por el artículo 14 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

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