La demanda llegó a la Corte Constitucional (CC) el martes 29 de noviembre, a las 09:14. El documento está firmado por Luis Eduardo Lara Jaramillo, un general en servicio activo del Ejército y que actualmente opera en Imbabura.
En el texto, de 18 páginas, el oficial pide que se declare la inconstitucionalidad de las denominadas leyes del Issfa (seguro militar) y del Isspol (seguro policial), que fueron aprobadas en octubre pasado.
El demandante cita los artículos 84, 436 (numeral 2) y 439 de la Carta Política para advertir que las leyes “claramente contravienen principios y derechos constitucionales” de forma y de fondo.
Lara incluso solicita “que, a fin de evitar la vulneración de mis derechos, se suspenda provisionalmente las disposiciones demandadas, a fin de no afectar el pleno ejercicio de mi derecho a la seguridad social y otros, derivados de la aplicación de la ley del Issfa”.
En la demanda, el oficial extiende una citación contra la titular de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira; el presidente Rafael Correa; y el Procurador del Estado, Diego García.
Lara cuestiona, principalmente, la eliminación del montepío y del seguro de salud para los hijos de militares que tienen entre 18 y 25 años; o la reducción del porcentaje que reciben los familiares de pensionistas cuando estos fallecen (seguro mortuorio).
En la demanda, Lara también asegura que el texto aprobado en el Legislativo vulnera el régimen especial de seguridad social de los militares.
Estos temas incluso ya generaron reacciones en el Issfa. En noviembre, el director del Instituto decidió suspender la cobertura del seguro de enfermedad y maternidad a los dependientes de militares que tienen entre 18 y 25 años.
También interrumpió el pago del seguro mortuorio al personal en servicio pasivo y pensionistas de montepío.
Según Bolívar Silva, vocal del Directorio del Issfa, la decisión se la tomó tras la vigencia de las leyes del Issfa y del Isspol, pues hay artículos que no se sabe cómo aplicarlos.
Por ejemplo, en la nueva ley se dice que el valor del seguro de muerte para militares y policías será igual al monto que reciben los afiliados del IESS.
Silva dijo que antes el Issfa pagaba más de USD 2 000 por gastos funerales. Ahora ese valor es de USD 1 330.
Por esto, el Issfa solicitó a la Procuraduría General del Estado que les recomendara cómo actuar en estos casos y si es legal bajar los rubros.
Lo mismo ocurre con el seguro de enfermedad y maternidad para dependientes de entre 18 y 25 años. En la nueva ley, la Asamblea eliminó el literal c del artículo 31 de la anterior ley del Issfa, que hace referencia a las prestaciones que se entregan a los hijos de los uniformados que tienen ese rango de edad.