En el examen de la Contraloría, aprobado en marzo del 2017 y que contiene 13 observaciones a siete carteras de Estado, consta que estos ingresos recaudados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) fueron excluidos. Foto. Archivo / EL COMERCIO
Los recursos que han sido recaudados por la Ley Solidaria no se incluyeron en la auditoría de la Contraloría, sobre las acciones realizadas durante los tres meses que duró la etapa de emergencia del terremoto que sacudió al país, el 16 de abril del 2016.
La Ley Orgánica de Solidardad se creó para la reconstrucción de las zonas afectadas por este desastre natural.
En el examen de la Contraloría, aprobado en marzo del 2017 y que contiene 13 observaciones a siete carteras de Estado, consta que estos ingresos recaudados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) fueron excluidos.
Esto, argumenta la Contraloría, porque que en agosto del 2016 ya se dispuso un examen especial sobre el manejo de estos recursos “provenientes de la aplicación de la Ley”, por el período comprendido entre el 20 de mayo y el 31 de agosto del 2016.
Los recursos que fueron analizados por la Contraloría provienen del Préstamo Contingente que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (link adjunto) al país, para gastos ante desastres naturales. Para la emergencia se entregaron USD 160 millones.
Según el desglose de lo recaudado por la Ley Orgánica de Solidaridad y que publica el Ministerio de Finanzas en su portal web, con corte al 5 de junio del 2017, hubo ingresos por USD 1 371 millones y egresos por 1 125 millones.
Del informe realizado por la Contraloría también se excluyó la auditoria de los depósitos realizados la cuenta 3636-0112 del Citibank, denominada Terremoto Ecuador.
Esta cuenta bancaria fue creada por el Gobierno para recolectar las donaciones provenientes del extranjero en dinero para la emergencia. Allí se recaudaron USD 2,6 millones que serán sujeto de un nuevo examen, según la entidad de control.
Entre otras exclusiones de esta auditoría también están otras “transferencias realizadas a diferentes carteras de Estado” por USD 112 397 730. Esta información también será considerada en un próximo informe de la entidad.
El excontralor Marcelo Merlo explicó que después de la emisión de este examen, la Contraloría deberá determinar las responsabilidades de las personas que hayan sido mencionadas, sean funcionarios o contratistas de bienes y servicios. “En esas responsabilidades administrativas pueden haber multas, destitución y glosas”.
En este caso, varias observaciones y recomendaciones están dirigidas a funcionarios que ya no ocupan un cargo. Pese a ello, dice Merlo, el proceso deberá seguir en contra de esa persona natural.