26 de December de 2009 00:00

El gasto de comisiones ad hoc no se audita a fondo

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Redacción Política
politica@elcomercio.com

Los organismos de control del Estado son reemplazados por comisiones  ad  hoc creadas por el Ejecutivo que también operan con fondos públicos. Sin embargo, las auditorías a su manejo presupuestario  son escuetas.

Entre mayo de 2007 y  septiembre de 2009, el presidente Rafael Correa firmó 15 decretos para conformar diferentes comisiones (ver puntuales).

Entre ellas, las más importantes y de mayor trascendencia son  tres: la de Investigación de la violación a los derechos humanos entre 1984 y 2008,  otra para esclarecer los hechos ocurridos en el ataque en Angostura del 1 de marzo de 2008 y los supuestos vínculos de funcionarios del Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Asimismo se conformó la Comisión de Auditoría de las Frecuencias de Radio y Televisión para evaluar el uso del espectro radioeléctrico.

En este grupo de comisiones, el Estado invirtió  USD 2 636 724. Este Diario solicitó al Ministerio de Finanzas un informe sobre los gastos en la conformación  de comisiones en su totalidad, pero todavía no se ha   proporcionado  la información.

Mientras tanto, solo  la Comisión de Auditoría de Frecuencias tiene abierto un estudio de auditoría realizado por la Contraloría General del Estado.

La comisión  presidida por la hermana Elsie Monje, que investigó los actos de violación de DD.HH.  durante el gobierno del ex presidente León Febres Cordero es la que ha manejado el presupuesto más alto. Su monto es de USD 1 749 924. Según el informe financiero al que este Diario tuvo acceso,  en sueldos de 69 colaboradores se destinaron USD 972 580, 85:  el monto más cuantioso  de egresos.

Según  Monge, en sus casi dos años de investigaciones, en los cuales se  recogieron testimonios de supuestas víctimas, se logró identificar más de 700 casos de violación a los derechos humanos. No obstante, aún se desconoce  el alcance que tendrá este  informe que aún no se presenta.

Por Ley, estas comisiones no tienen facultades sancionadoras, sino  el objetivo de encontrar indicios para que  los organismos competentes como Contraloría y Fiscalía sigan los casos.

Por ello,   Francisco Huerta, coordinador de la comisión de Angostura, dice que las conclusiones a las cuales se llegó “son hallazgos que la Fiscalía deberá tomar en cuenta”. No pueden hacer más que eso.  Aún no ha habido pronunciamientos  al respecto.

La comisión recibió 386 800 dólares. El director ejecutivo de la instancia, Wilmon Terán, reconoce que el monto más alto de egresos fue para pago de personal.  Allí,  los comisionados ganaban dietas: USD 170 por cada sesión. Según sus registros, participaban en dos  citas semanales. 

Esta instancia de coordinación se creó a través del decreto 1646  y trabajó por   seis meses. Durante el proceso de investigación fue la única comisión que tuvo a un funcionario de la Contraloría  de manera permanente para certificar el proceso.  Pese al alto costo de personal, Huerta reconoce que uno  de los procesos más costosos  fue la auditoría y análisis del video del Mono Jojoy, uno de los líderes de las FARC.  Solo en  esto  se invirtieron   15 000 dólares.

¿Cuál es el beneficio de  invertir tanto  en las comisiones?    ¿Quién evalúa el costo-beneficio de la creación de estas instancias especiales? Son preguntas que están  latentes hasta tener resultados. 

La Contraloría solo hizo un análisis especial a la Comisión que audita las frecuencias. Esta instancia también generó una indagación previa en la Fiscalía. Eso lo reconoce Guillermo Navarro, quien presidió la instancia durante los 180 días de trabajo. En esta comisión, los 14 miembros laboraron  a tiempo completo, por lo cual recibieron sueldos fijos. “Nosotros sí trabajamos. Las anteriores comisiones lo que han hecho es declararse  casi como una entidad privada y sin mayor control”.

Los sueldos  de  los comisionados fueron establecidos por la Secretaría Nacional de Remuneraciones con el nivel de un asesor ministerial. Es decir, recibieron  sueldos de USD 3 200 y la asignación presupuestaria de la comisión fue de  500 000 dólares.

Sobre esta comisión está abierto un examen, pero de las otras 12  aún no se ha hecho pública su rendición de cuentas. 

Otras  11 comisiones creadas  por decreto

También se formó  la Comisión  para el Apoyo a la Modernización de la Policía Nacional, el 1 de marzo de 2007.

El 3 de mayo  se emitió el decreto para crear a la Comisión Técnica de Investigación de la Crisis Económica.

Comisión Investigadora  del asesinato de la señora Soledad Rodríguez León. Se creó el 23 de mayo de 2007.

Comisión Técnica  Presidencial  para la arquitectura de la nueva estructura financiera internacional. Creada el 18 de mayo de 2007.

Se volvió a activar  la comisión especial creada para investigar el asesinato de Jaime Hurtado y otros legisladores. Fue el 9 de junio de 2007.

El 9 de julio de 2007,   se creó la Comisión de Auditoría del Crédito Público. No se conoce de algún examen especial hecho por la Contraloría.

Comisión   para elaborar proyecto de ley que viabilice  el proceso de Reestructuración Jurídica del Estado. Se creó el 18  de septiembre de 2007.

Comisión para la  investigación  de los servicios de Inteligencia militares y policiales.  Fue el 15 de mayo de 2008.
 
Comisión de  Coordinación Interinstitucional  para la Implementación del Sistema Procesal Penal. Esta instancia se creó el 30 de junio de 2008.

Comisión de  Implementación  de  Estrategias Anti Crisis de Defensa del Empleo. Se creó el 7 de abril de 2009. 

Comisión de Transición  para la Definición de la institucionalidad Pública que garantice la igualdad entre hombres y mujeres. Se la consolidó el 25 de mayo de 2009.  

Una veeduría con USD 120 000

La veeduría  conformada por   docentes universitarios  para el    finiquito de las instituciones en liquidación por la crisis financiera de 1999  aún trabaja activamente. Sin embargo,  aún no perciben ninguna dieta, pese a que estaban  establecidas.

El presupuesto para los gastos operativos y administrativos suman USD 120 000 y trabajan nueve personas. Esta instancia está adjunta a la Secretaría de los Pueblos y se prevé que presente su informe hasta  el 31 de diciembre, según  Gastón Bolaños, coordinador de la instancia.

Él agrega que  la conformación de este tipo de comisiones  fortalece el proceso de rendición de cuentas y de  participación ciudadana en el país.  “Son una ayuda para los organismos de control del Estado”, precisa.

Sin embargo,  con su funcionamiento  ¿restan trabajo a los legisladores en la Asamblea Nacional que son los encargados, por mandato constitucional, de fiscalizar a los poderes del Estado?

 Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, acota que el problema de fondo es que todo está captado por el poder Ejecutivo y eso debilita  la posibilidad de hacer auditorías reales al gasto público. Para el economista,  se deben establecer mecanismos de rendición de cuentas. “Nadie está monitoreando la eficiencia de cada  uno de estos organismos creados por el Presidente”.

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