5 de abril de 2016 11:54

Galo Chiriboga enfrentó un proceso judicial por la compra de una casa a través de una firma panameña y fue absuelto

Galo Chiriboga, fiscal de la nación, en rueda de prensa. Foto: EL COMERCIO

Galo Chiriboga, fiscal General de la Nación. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Andrés Jaramillo

El inmueble que el fiscal general Galo Chiriboga compró a través de una empresa panameña constituida por Mossack Fonseca motivó un proceso judicial. El matrimonio de los alemanes Edmund P. y Bárbara H. lo denunciaron por supuestamente apropiarse de una de sus propiedades, a través de engaños.

En el expediente del caso, consta que Edmund P. tuvo que viajar al exterior por una difícil situación económica que enfrentaba y una orden de prisión en su contra. Era 1999 y el feriado bancario provocó una grave crisis en el país.

El matrimonio tenía una deuda con la institución financiera Bancomex que estaba a punto de embargar el inmueble. Su esposa se quedó en Ecuador para tratar de solucionar los problemas legales. Para ello –dijo en su momento la mujer- pidió ayuda a Chiriboga, que entonces no era fiscal de la Nación, sino la persona contratada por Bancomex para cobrar la deuda.

Pero según Bárbara H., en lugar de ayudarlos los perjudicó. Le hizo firmar una serie de documentos con el argumento de que servirían para sus intereses. Y, en su lugar, permitieron que Chiriboga compre esa vivienda a menos de lo que realmente costaba, según el matrimonio.

Pagó 50 millones de sucres por el inmueble. Se trata de una quinta levantada en 2 500 metros cuadrados, en Tumbaco, provincia de Pichincha con piscina y canchas deportivas. Al cambio de 1999 representaban USD 2 762.

La compra no se hizo directamente con Chiriboga, sino a través de la Compañía Madrigal Finance Corp, que fue registrada por Mossack Fonseca en 1999. Esa firma de abogados es investigada en varios países por crear supuestamente empresas ‘offshore’ para facilitar el lavado y la evasión, según la investigación ‘Panama Papers’ publicada el 3 de abril pasado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Por eso en los documentos filtrados de MF aparece Chiriboga, al igual que otros dos funcionarios del Ecuador. En la última declaración patrimonial del Fiscal General (2013), él reconoce que entre sus inversiones está una de USD 10 000 a nombre de Madrigal Finance Corp. Su esposa incluso funge en el Registro Público de Panamá (2011) como presidenta de Madrigal Finance Corp.

Cuando se hizo la compra, el representante legal de Madrigal Finance Corp era otra persona: Neal Gorge B.. De ahí que el matrimonio también interpuso la denuncia en su contra. Esperaban que se anule el contrato de compra venta del 22 de diciembre de 1999.

En la audiencia del caso se menciona que Chiriboga dijo que “no fue defensor (del matrimonio) sino acreedor de una deuda que los cónyuges no pagaron al Bancomex”, de más de 145 millones de sucres y de un cheque de USD 38 284.

Tras el análisis de las evidencias y los documentos presentados por las partes, el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha desechó el proceso en contra de Chiriboga septiembre del 2006 por “falta de justificación y procedencia”. Antes de que se inscriba en el Registro de la Propiedad, Madrigal Finance otorgó el inmueble a un fidecomiso. Luego, en 2010, volvió a la empresa panameña.

Este hecho fue recordado antes de que Galo Chiriboga gane el concurso de Fiscal General, en 2011. El exasambleísta Cléver Jiménez y el exsindicalista Fernando Villaviencio lo incluyeron como parte de sus impugnaciones a la designación de Chiriboga, pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social rechazó esa impugnación.

Galo Chiriboga, de 66 años fue presidente de Petroecuador entre 2006 y 2007 y Ministro de Minas y Petróleos entre el 2007 y 2008.

Entre el 2010 y el 2011 ocupó el cargo de embajador en España y desde ese año hasta la actualidad es el Fiscal General. Este Diario buscó insistentemente la versión de Galo Chiriboga sobre su mención en los ‘Panama Papers’. Puntualmente se hizo pedidos de información desde el 23 de marzo pasado. Hasta este 5 de abril del 2016 no hubo respuesta.

Mossack Fonseca, en contestación a un cuestionario enviado por EL COMERCIO, aseguró que su función se limita a vender empresas y que no son responsables de lo que sus dueños hagan con estas.

Además, que en 40 años de operaciones, no han sido procesados por actos delictivos. La firma de abogados confirmó que Chiriboga presentó una solicitud en la década de 1990 y que entonces él no fue catalogado como PEP. Es una categoría que significa persona expuesta públicamente, con quienes los controles son más rigurosos.

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