4 de June de 2015 21:33

Galo Chiriboga: ‘La Contraloría solo da indicios de corrupción’

El fiscal general Galo Chiriboga. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

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Estefanía Celi R.

A partir de la detención de una asambleísta de Alianza País por supuesto cohecho, el tema de la corrupción se ha puesto en la palestra. El trabajo de los entes de control: Contraloría, el Consejo de Participación Ciudadana y la Fiscalía, ha recibido cuestionamientos. El fiscal general, Galo Chiriboga Zambrano, señala que entre el 2000 y 2015, se han iniciado 1 462 procesos derivados de informes de la Contraloría. De estos, 604 han sido judicializados y en 208 de estos se ha llegado a una sentencia.

Parecería que la Contraloría presenta una enorme cantidad de informes pero solo 208 tienen sentencia. ¿Cómo entender esto?

Nosotros tenemos una garantía constitucional de presunción de inocencia y por lo tanto los indicios de responsabilidad penal que envía la Contraloría son eso, solo indicios que nos toca investigar, comprobar y buscar otras fuentes de investigación.

Muchas veces es solo un indicio y podemos presentar otras pruebas, es decir, nos da el pie para las investigaciones. Y este proceso lleva tiempo.

Pero hay otros casos en los que, a pesar de que la Contraloría determina posible responsabilidad, no se acusa. Eso pasó en el caso Majadita..

En ese caso, un fiscal de primera instancia no acusó, pero en apelación, el Fiscal Provincial sí lo hizo. Incluso tenemos sentencia condenatoria.

A veces parece que las investigaciones toman bastante tiempo y la gente demanda acciones sobre la gestión contemporánea.

Esto es relativo. En el pasado, un juicio podía demorar 10 o 12 años, como el caso Isaías. Hoy tenemos casos que los resolvemos con sentencias en un período relativamente corto de uno año y medio o dos años. En eso, el sistema en su conjunto ha mejorado. Pero tampoco podemos descuidar esos casos que vienen retrasados.

La Contraloría habla de informes por supuesto enriquecimiento ilícito de exdiputados y exasambleístas. ¿Cómo están esos procesos?

Entre 2009 y 2015 se recibió informes contra declaraciones patrimoniales de siete exlegisladores y un asesor. Cuatro fueron desestimados, pero reabrimos tres porque consideramos que no se tomó en cuenta toda la información. Los otros están en indagación previa y el caso del asesor Marco M., que fue condenado por uso doloso de documento falso.

En estos días, el presidente Correa ha criticado al Consejo de Participación Ciudadana por su gestión en casos de corrupción. Ellos señalan que han enviado 17 informes a la Fiscalía, ¿en qué parte del proceso están?

Hemos revisado los casos remitidos por el Consejo. Tres están judicializados y 14 están en indagación previa pero en algunos se requirió un informe de la Contraloría, porque hay una exigencia legal en casos de peculado de que exista primero un examen especial de la Contraloría para iniciar una instrucción fiscal.

En el caso del exasambleísta Cléver Jiménez, el abogado del Presidente, Caupolicán Ochoa, ha solicitado al juez que se abra un nuevo proceso por desacato, por no cumplir una parte de la sentencia. ¿Recibió usted la notificación de la Corte Nacional?

Esta mañana (ayer), recibí ya la notificación sobre un posible delito de desacato. La Fiscalía deberá asegurar la competencia, es decir, si debo investigar yo o un fiscal común (por el fuero de Corte Nacional que gozan los legisladores) y para eso estoy oficiando a la Asamblea para que me indique si Jiménez es asambleísta o no, y si no es, desde cuándo dejó de serlo.

El caso de Jiménez es uno de los que derivó de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Más de cuatro años después, ¿qué procesos aún siguen?

Tenemos varias sentencias en todo el país pero faltan algunos por cerrar como el tema del intento de golpe de Estado y el tema de la retención de Presidente. Aspiro que, de la reunión que tuve esta mañana con el ministro coordinador de Seguridad, César Navas, obtendré la información relativa a las muertes de Froilán Jiménez, (Darwin) Panchi y otro oficial más (Juan Pablo Bolaños). Ayer estuve en una reunión con el Presidente, le informé que voy a hacer una reconstrucción de los hechos relacionados a su retención. Su posición es de absoluta cooperación y hay que definir fecha para ello.

El informe de la Comisión del Ejecutivo sobre el 30-S, ¿sirvió de algo?

Ese informe no es vinculante, hemos tomado algunos datos importantes. El informe es reservado pero sí puedo decir que gran parte de ese trabajo ha ayudado a observar varios hechos e identificar todos los casos. Es un aporte que reconocemos.

Ese informe hablaba de algunos actores políticos, asambleístas, etc. ¿Son señalados como autores intelectuales?


Tenemos que investigar todos los actores en la comisión de un delito, incluidos los intelectuales. En ese trabajo estamos, ya vamos dos años investigando específicamente eso. Hasta ahora tenemos un resultado importante. No hay duda que de todos los elementos que hemos obtenido en las sentencias se ve claramente que hubo un intento de golpe de Estado y un intento de magnicidio.

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