16 de March de 2010 00:00

GAFI y soberanía

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Federico Chiriboga

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) está integrado por 26 Estados y  por dos organismos internacionales y ha expedido varias resoluciones a fin de que los gobiernos adopten medidas para evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La Gafisud se compone de 12 Estados de nuestra región y efectúa evaluaciones con el propósito de determinar si cumplen con las recomendaciones del GAFI.

Frente a las sanciones del GAFI y Gafisud, hemos tenido como respuesta el peloteo entre funcionarios de diversas instituciones del Estado para eludir e imputarse responsabilidades, terminando con la renuncia de uno de ellos de rango inferior.

En las relaciones de carácter internacional los sujetos son los Estados. Las acciones u omisiones de sus funcionarios que llevan al incumplimiento de las obligaciones del Estado solo tienen efectos internos.

 La soberanía es consubstancial al Estado, en cuanto goza de imperio en su territorio y en razón de que en el orden internacional todos son iguales e independientes. Sin embargo, en uso de su propia soberanía limitan los alcances de su poder y se someten a organizaciones y ordenamientos supranacionales.

Si el Estado ecuatoriano es parte de las Naciones Unidas y aceptó integrarse al Gafisud, sabía -o debía conocer- los compromisos que asumía y, entre ellos, implementar sus resoluciones adecuando la legislación interna. En el estatuto del GAFI se reconoce que los países tienen sistemas legales y financieros diferentes y que no es posible imponer las mismas medidas a todos, por lo que se limitan a establecen parámetros mínimos, que deben cumplir dentro del marco "de sus circunstancias particulares y esquemas constitucionales". El informe que omitió presentar al Gafisud la Unidad de Investigación Financiera parece superable y de importancia menor. El tema grave y de fondo es la inclusión del Ecuador por parte del GAFI en la lista de países de alto riesgo financiero, en compañía de Irán, Angola y Corea del Norte. El Jefe de Gobierno reaccionó, declarando que esa decisión contenía una mentira y que no somos colonia de nadie. Me temo que sus colaboradores no le dieron asesoramiento adecuado y olvidaron informarle que hay resoluciones de las Naciones Unidas en contra del terrorismo y una que manda a los Estados miembros abstenerse de mantener relaciones con bancos e instituciones financieras iraníes.

La Cancillería y el Banco Central debieron haber medido las consecuencias y los riesgos de firmar acuerdos con un banco de Irán, acusado de financiar el terrorismo.

¿No es contradictorio usar la soberanía para adherirse a normas de la comunidad internacional y, de otra parte, incumplirlas, invocando  la misma soberanía y pretendiendo no recibir sanciones?

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