24 de septiembre del 2015 00:00

Rivadeneira deberá demandar a diputados que cesaron la Corte

Luis Fernando Torres

Luis Fernando Torres explica a la Comisión de Justicia su actuación en el Congreso del 2004. Julio Estrella / EL COMERCIO

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Paúl Zamora
Redactor (I)
pzamora@elcomercio.com

Será la primera vez en la historia jurídica del Ecuador que la Asamblea Nacional aplique el principio de repetición, con el propósito de recuperar dinero del Estado. En esta ocasión, la acción recaerá sobre los 52 exdiputados que en diciembre del 2004 destituyeron a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, también sobre los 55 ex diputados que hicieron lo mismo con los exmagistrados del Tribunal Constitucional.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el oficialista Mauro Andino, aprobó ayer dos informes en donde se identificó a los posibles responsables.

En noviembre del 2013, tras un litigio de nueve años, el Estado ecuatoriano fue condenado a pagar USD 15 millones de indemnización por la destitución de los 27 exjueces y nueve ex vocales constitucionales, por considerar que hubo violación de derechos. Hasta el momento, se han desembolsado USD
12 353 709 y le resta al Estado por pagar 3 496 116, que se deberá cancelar hasta el 30 de marzo de 2016.

Para Andino, las acciones que realiza la Asamblea “no se tratan de un escarmiento, de una persecución o revanchismo”, sino de cumplir con la sentencia de la Corte IDH y con la ley que le obliga a la Asamblea Nacional a recuperar ese dinero.

Así, una vez que la Comisión de Justicia aprobara los informes y los remitiera a la Presidencia de la Asamblea, la responsabilidad de seguir con el principio de repetición es de Gabriela Rivadeneira. Ella, como máxima autoridad, deberá establecer la fecha para que el Pleno apruebe la resolución.

Luego, con el Procurador General del Estado presentará una demanda ante la Corte Provincial de lo Contencioso Administrativo, en contra de los diputados que constan en los dos informes. “Si la Presidenta no presenta la demanda en contra de los presuntos responsables, podría recaer en contra de ella la demanda, por omisión”, advirtió Andino.

El opositor Luis Fernando Torres, quien votó a favor de los dos informes, recordó que en 2004 se les advirtió a los congresistas que no podían hacer lo que hicieron, pues estarían violando Derechos Humanos y que podrían ser condenados por la Corte IDH. Por eso abandonó la sesión. “Cuando ellos votaron a medianoche y en servilletas colocaban los nombres de los nuevos magistrados, no estuve presente”.

Al ser el primer caso de principio de repetición que se aplicará en el país, Torres aseguró que será un “precedente conveniente” para que a futuro nadie se atreva hacer lo que hicieron en el 2004: destituir a autoridades sin fórmula de juicio y violando derechos.

En este caso, será la Justicia la que determine finalmente la responsabilidad de quienes votaron así como los montos a pagar a manera de repetición.

Andino alertó que si un exdiputado no tiene dinero o ha puesto en cabeza de terceros sus bienes -para cubrirse y no cumplir la obligación- hay vías como juicio colusorio, juicio de concurso de acreedores o un juicio penal por insolvencia presuntamente dolosa para revelar la realidad de los recursos.

Gilmar Gutiérrez del PSP y que votó por la destitución de los exmagistrados insiste en que no hay argumentos jurídicos legales ni constitucionales para aplicarles el principio de repetición. Acusa al Estado de no haber ejercido una adecuada defensa en los casos y acude al artículo 137 de la Constitución de 1998 (vigente durante el ejercicio de sus funciones) que sostiene que los diputados no serán civil ni penalmente responsables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.

Andino recordó que los asambleístas están exentos de las responsabilidades civiles o penales por su accionar o votos, siempre y cuando “esté dentro de sus facultades”. Los excongresistas del 2004 se extralimitaron en sus funciones.

Los exlegisladores en cuestión están atentos al final de este proceso. Luis Villacís, exlíder del MPD y quien propuso la resolución para destituir a los exjueces de la Corte Suprema de Justicia, dijo que justificará ante la Justicia sus acciones y analiza con otros excongresistas un bloque de defensa común.

En contexto

El 14 de julio del 2015, el procurador general del Estado, Diego García, solicitó a la Legislatura que se determine la identidad de los presuntos responsables de las violaciones de derechos que obligó al Estado a pagar USD 15 millones a favor de los demandantes.

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