23 de junio de 2017 09:47

Omisiones de 9 funcionarios al eliminar la deuda del Estado al IESS, detectó la Contraloría

Espinosa sostuvo que en noviembre del 2016 solicitó un examen al órgano de control para determinar si hay deuda. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

Espinosa sostuvo que en noviembre del 2016 solicitó un examen al órgano de control para determinar si hay deuda. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Carolina Enríquez
Sebastián Angulo

Nueve funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) fueron observados por la Contraloría por omisiones en el proceso de definición de la deuda que mantiene el Estado con la entidad.

En algunos casos porque los funcionarios no pusieron reparos a la eliminación de la deuda y, en otros, porque suprimieron esa obligación de los balances financieros.

El lunes 19 de junio del 2017 el órgano de control señaló que el Estado sí le debe al Seguro Social USD 2 527,8 millones. Además, pidió que se revele y actualice la deuda del Fisco en sus estados financieros.

El IESS había argumentado que dio de baja estos valores de sus balances en septiembre del 2016, luego de que una comisión conformada entre el IESS y Finanzas concluyera que “no existe deuda exigible por la falta de reglamento a la Ley de Seguridad Social”.

Para la Contraloría, la comisión no debía establecer si hay o no deuda, sino fijar los valores por cobrar al Estado.

En las conclusiones del examen, la Contraloría menciona que el presidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, a pesar de conocer la conclusión a la que llegaron los delegados del IESS y del Ministerio de Finanzas en el informe interinstitucional sobre la inexistencia de la deuda del Estado no se pronunció “en cautela de los intereses de la entidad”.

Espinosa señaló el martes que fue en su gestión que se decidió de manera responsable resolver el problema. Para ello, sostuvo que en noviembre pasado solicitó un examen al órgano de control para determinar si hay deuda.

Añadió que no saben cómo contabilizaron el valor desde el 2001 al 2006, “pero respetan la decisión de Contraloría”. Además, anunció que acatará las recomendaciones del organismo de control y dijo que enviará una carta a Finanzas para solicitar el pago.

Otros funcionarios que constan en las conclusiones de la Contraloría son la directora general, Geovanna León, por haber dispuesto la eliminación del rubro y el Procurador del IESS quién no emitió criterio jurídico sobre el informe de la comisión interinstitucional.

Ambos funcionarios señalan, de acuerdo a su versión que consta en el informe de Contraloría, que el pedido de que una comisión interinstitucional establezca los valores a cobrar era parcialmente inaplicable debido a la falta de reglamento a la Ley.

León, además, dijo el martes que la eliminación de la deuda de los balances fue solo un movimiento contable y que actuó responsablemente.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) pidió la renuncia de Espinosa por haber desconocido la deuda del Estado con el IESS.

En rueda de prensa ofrecida el 22 de junio del 2017, José Villavicencio, representante del FUT hizo un llamado al presidente de la República, Lenín Moreno, para que realice las gestiones pertinentes para que se destituya a Espinosa del IESS. Además, aseguró que el pedido lo hacen de acuerdo al artículo 101 de la Ley de Seguridad Social.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) pidió la renuncia de Espinosa por haber desconocido la deuda del Estado con el IESS. Foto: Diego Puente / EL COMERCIO

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) pidió la renuncia de Espinosa por haber desconocido la deuda del Estado con el IESS. Foto: Diego Puente / EL COMERCIO

Ese artículo establece que los directivos, funcionarios, servidores y trabajadores de todas las dependencias del IESS, que sean responsables directos de acciones u omisiones, realizadas en el cumplimiento de sus funciones, y que no estén amparadas en la Ley o en los reglamentos, serán removidos de su representación o cargo.

Sobre este tema, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, aseguró que la Contraloría es "una instancia" y que acudirá a "otras instancias" para determinar si existe la deuda, pese a las conclusiones del informe de Contraloría que señalan que la acreencia existe y debe registrarse.

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