La viceministra de Gestión Educativa Mónica Reinoso llegó a Ibarra para estar al frente de investigación de este caso. José Luis Rosales/EL COMERCIO
El escándalo provocado por un lote de textos escolares que se encontraron en una bodega de reciclaje en Ibarra, capital de Imbabura, provocó la cesación de funciones del director del Sistema de Administración Escolar de la Coordinación Zonal 1 del Ministerio de Educación.
También se abrieron sumarios administrativos en contra de tres funcionarios de la entidad, que podrían terminar con su destitución. Así se informó este lunes, 11 de junio de 2018, en el marco de las investigaciones.
Mónica Reinoso, viceministra de Gestión Educativa, arribó a la capital de la provincia, para verificar estas anomalías, que se hicieron públicas el fin de semana.
La funcionaria señaló que los textos que fueron recuperados de la recicladora corresponde a los años entre el 2010 y 2014. También señaló que no fueron entregados de manera oportuna por las administraciones anteriores. “Es un acto de corrupción que afecta a nuestro niños, por esta terrible decisión. Por esa razón se tomó las medidas de investigación y sanción correspondiente.
El material que generó polémica pasó entre jueves y viernes (7 de junio del 2018) en una bodega de reciclaje, en el sur de Ibarra. Foto: Cortesía
La funcionario aseguró que son aproximadamente 98 000 libros, que estaban embaladas en 1 600 cajas de cartón, el material escolar que fue recuperado. Ahora, los libros se encuentran en dependencias de esta Cartera de Estado.
Al momento, se realiza un inventario de este material y una vez que se analice su estado irán al sistema educativo, como material de lectura para los chicos o herramientas del proceso pedagógico para los docentes.
A inicios de mayo se pidió un inventario de todos los materiales de la Zonal 1. Patricio Silva, titular de esta dependencia, explicó que encontraron varios artículos didácticos embodegados. En este proceso se habría deshechado los libros.
En tanto, durante la mañana de este lunes, el ministro de Educación, Fander Falconí, oficializó el pedido a la Contraloría General del Estado para que se investigue este hecho. Ahí se espera que se determine las sanciones, en el ámbito administrativo y penal, contra todos los funcionarios que conocieron y no actuaron de manera oportuna.