12 de septiembre de 2014 21:34

La fuga de choferes aumenta el dolor tras los accidentes

Guamaní

En julio pasado, tres vehículos pesados se accidentaron en Guamaní (sur de Quito). El chofer del bus huyó tras el percance. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Diego Bravo. Redactor
dbravo@elcomercio.com (I)

El pequeño David fue arrojado más de 30 metros por la motocicleta que lo atropelló, la noche del 10 de julio del 2013. En el examen médico legal se indicó que el cadáver del niño, de 9 años, tenía 30 fracturas en las extremidades, cadera y costillas.

El hecho ocurrió en Santo Domingo de los Tsáchilas y el conductor de la moto huyó. La madre del menor, Lilián Ojeda, llora al recordar que hasta ahora no conoce a la persona que mató a su hijo, pues testigos le contaron a ella que se alejó a alta velocidad. “Hace un mes fue su cumpleaños. En vez de recordar esa fecha con alegría, me invade el dolor al saber que mi niño ya no se encuentra conmigo”, relata desde su vivienda.

La misma pesadilla padece María del Carmen de la Torre, directora de la organización ‘Corazones en el cielo’, que brinda asistencia a las personas que perdieron a sus allegados en percances viales.

Su hijo fue atropellado la noche del 19 de diciembre del 2003, en el norte de Quito, y ella hasta hoy desconoce la identidad de la persona que manejaba el carro que lo arrolló.

El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía (SIAT) refiere que en el 90% de accidentes de tránsito registrados en Ecuador los conductores se fugan. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) reportó
26 184 percances a escala nacional, entre enero y agosto de este año. “Los causantes tienen miedo de afrontar las demandas. Por eso, prefieren dejar el lugar del accidente”, dijo a este Diario un oficial del SIAT.

Justicia Vial, una organización que investiga estos sucesos, también considera que el porcentaje de fugas “es alto”.

María del Carmen de la Torre padeció trastornos psicológicos por este hecho. Luego fundó la entidad para ayudar a personas que sufrieron el mismo problema y se conoció con Lilián Ojeda tras enterarse de su caso por la televisión.

Las dos hablan por teléfono casi todos los días para darse ánimo. La mujer de Santo Domingo de los Tsáchilas vive de lo que vende alimentos en la calle y dice que no tiene dinero para pagar un abogado que la ayude para seguir su caso. Tampoco tuvo para el sepelio. Sus allegados hicieron una colecta y así pudo enterrarlo.

Lo que más le preocupa es que la persona que manejaba la motocicleta siga conduciendo. “¿Qué se puede hacer para que esa gente no haga más daño?”, se pregunta la mujer.

Volvió a manejar su carro

El chofer Carlos P. estuvo escondido 5 años en Colombia tras provocar un accidente de tránsito en la parroquia Píntag (periferia oriental de Quito).

Sus familiares recuerdan que el hecho ocurrió en 1994. Él conducía en estado etílico y, al tratar de rebasar un bus que iba con pasajeros, provocó que este se impactara contra un muro de ladrillo para luego terminar en una acequia de agua. Alrededor de 10 personas fallecieron en el accidente.

La camioneta del hombre era una Ford 350 con cajón de madera y salió despedida por un lado de la vía y él resultó ileso.

En ese instante, no dudó en escapar, recuerda un sobrino, quien relata que Carlos P. primero se fue a vivir en la Amazonía. Luego se fue a trabajar en Colombia, donde vivió durante cinco años.

Carlos es oriundo de Píntag y visita ocasionalmente a sus parientes que viven allí. Teme que los parientes de las víctimas del bus lo reconozcan y lo detengan por lo que ocurrió en el accidente. Actualmente tiene 63 años y decidió irse a vivir en otra provincia para laborar con su camión dando servicios de mudanza. Su licencia no ha sido revocada pese a que manejó en estado de embriaguez y provocó la muerte de personas.

Tres artículos del nuevo Código Penal establecen que a los conductores solo se les elimine puntos de la licencia y no se les retire definitivamente. Se trata de la muerte culposa, los daños materiales y las lesiones a personas en los siniestros.

Para esto, el Código diferencia los accidentes de tránsito y, dependiendo de la gravedad de estos, establece si se puede revocar la licencia del chofer o si solo se le retira los puntos.
El artículo 376 señala que la revocatoria definitiva de la licencia se aplicará para quienes en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas causen muertes en accidentes. En estos casos, el chofer deberá ir a la cárcel por 10 o 12 años.

Si el siniestro es producido por un bus de transporte público, el dueño del vehículo o la cooperativa a la que pertenece “será solidariamente responsable por los daños civiles”. Esto quiere decir - explica un juez de tránsito- que el propietario de la unidad debe entregar dinero para ayudar a los parientes de las víctimas.

Eso no ocurrió en los casos de Ojeda y De la Torre, pues nadie les ha reparado económicamente por los daños que sufrieron sus familias. La segunda guarda en una carpeta los casos que maneja la organización que preside y revela que, de 30 accidentes que ha registrado, los choferes huyeron en 10. La otra muestra la foto de su hijo colocada sobre una mesa de madera y espera que otros casos como el de ella no terminen en la impunidad.

Un juez de tránsito analizó el caso de la mujer santodomingueña y, según lo establece el artículo 377 del COIP, se aplica la figura de muerte culposa por accidente de tránsito. Esta señala que quien cause la muerte de personas por exceso de velocidad, llantas lisas o conocimiento de las malas condiciones del vehículo, será sancionada con hasta tres años de cárcel y la suspensión de la licencia por seis meses luego de cumplir el castigo.

Como el conductor de la moto no ha sido apresado, se abre una investigación en su contra y se puede determinar su culpabilidad en las audiencias posteriores pese a que él está escondido. La causa prescribe en 5 años, pero el chofer sí puede volver a manejar al tratarse de una muerte culposa.

A la mujer le desconsuela que, si el conductor de la moto fuera apresado, se le castigaría con apenas tres años. A su juicio, esto genera impunidad.

En los casos de las lesiones en accidentes, el Código Penal sanciona con la reducción de 10 puntos en la licencia. Si en el hecho se producen lesiones que obstaculicen el habla, la pérdida de los sentidos, la inutilidad para el trabajo o incapacidad permanente, el chofer será sancionado con pena de 5 a 7 años de cárcel.

Ojeda y De la Torre siguen reuniéndose para dar soporte a otras víctimas del tránsito.

En contexto


Un informe de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) refiere que los accidentes de tránsito se incrementaron en un 18,1 % en Ecuador el año pasado. 13 479 personas fallecieron y otras 141 175 resultaron heridas en 347 018 siniestros reportados en las vías.

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